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A las 8:30 p.m., del 9 de septiembre de 2020, los hermanos Lina Hernández y Edwin Hernández vieron la imagen más desgarradora de sus vidas. En una transmisión en vivo seguían el desarrollo de las protestas contra la Policía en el barrio Verbenal, al norte de Bogotá, donde vivían junto a su otro hermano, Cristhian Hernández. El video mostraba explosiones, disparos, gritos, jóvenes corriendo, gases lacrimógenos. Y, de repente, quien grababa, apuntó con su cámara a un joven herido en su cabeza por un disparo. El camarógrafo enfocó su rostro y los hermanos vieron a Christian agonizando. La persona que los había acompañado por 26 años y que esa noche falleció en plena vía pública.
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Lina Hernández corrió cuanto pudo para alcanzar a su hermano, quien yacía a pocos metros del CAI Verbenal. Una vez lo tuvo enfrente, recuerda que un policía le dijo: “Lo que hay es un ñero. Alguien sin importancia”. Ese es uno de los testimonios en poder de la Procuraduría que, por primera vez en tres años, abrió una investigación disciplinaria contra dos altos oficiales de la Policía por no haber hecho nada por evitar que sus subalternos dispararan indiscriminadamente en una acción que terminó en la muerte de 13 personas en Bogotá y Soacha. En términos más jurídicos, lo que el Ministerio Público quiere establecer es si los uniformados fallaron en su posición de garantes. La familia Hernández es representada por dh Colombia, que exije incluir a todas las víctimas de Verbenal en este expediente.
Los investigados son el coronel Roberto Sánchez, entonces comandante de Policía de Usaquén; el teniente Reinero Cuartas, excomandante del CAI Verbenal, y el patrullero Emanuel Córdoba. La Procuraduría investiga la responsabilidad de los altos mandos en términos de cuánto y qué hicieron por proteger la vida de ciudadanos que, por más enardecidos que estuvieran, seguían bajo su cuidado. Entre las pruebas está la orden de servicios 0414, un documento que advertía a comandantes que posiblemente iban a ocurrir protestas y que, bajo ningún motivo, estaba habilitado “el porte y uso de armamento de fuego y de letalidad reducida”.
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Las manifestaciones explotaron con el asesinato del estudiante Javier Ordóñez a manos de dos policías en el barrio Villaluz. Para ese momento, esa orden de servicios estaba más que vigente. Por eso, lo que observó la Procuraduría es que “existen indicios que permiten inferir que” la muerte de Cristian Hernández “fue producto de los disparos efectuados por miembros de la Policía”, quienes, yendo en contra de la orden, usaron sus armas de fuego. Según el expediente, en el lugar de los hechos se encontraban el coronel Sánchez y el teniente Cuartas “como comandantes, y quienes por su conocimiento, experiencia y grado conocían las normas para el manejo de las manifestaciones sociales”.
La apertura de la investigación se soporta en 11 pactos, códigos, leyes, guías, convenciones y resoluciones relacionadas con el uso de la fuerza por parte de la Policía, y que los investigados estaban en la obligación de conocer y aplicar. Asimismo, en los testimonios ante el órgano de control de subalternos que acudieron al sector por orden del entonces comandante Sánchez. Por ejemplo, el de un patrullero, cuya identidad se reserva por su seguridad, que reconoció que “salieron de a tres o cuatro compañeros a disparar”. O el de una teniente, que confirmó que “las instrucciones para el apoyo a los uniformados las emitió el coronel Sánchez”.
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El tercero en este caso es el patrullero Emmanuel Córdoba, uno de los 50 uniformados que atendieron las protestas en Verbenal, en las que, además, murieron baleados los jóvenes Andrés Rodríguez, de 23 años, y Jáider Fonseca, de 17. La Procuraduría le reprocha su respuesta como “primer respondiente” ante la muerte de un ciudadano, en este caso, Cristhian Hernández. Según explicó el patrullero a la Procuraduría, nadie le ordenó que lo ayudara y que, aunque intentó verificar su estado de salud, la ciudadanía se lo hizo imposible al lanzarle objetos. Sin embargo, el órgano de control lo procesa por omisión al socorro, pues los testimonios y videos recopilados dan cuenta de que ningún policía, incluyéndolo, ayudó a la víctima bajo agonía, aunque estuvieran a centímetros.
Otra de las pruebas la entregó la Fiscalía, que indaga responsabilidades penales. Se trata del reporte de novedades de aquella noche entregado por policías asignados a la Estación de Policía de Usaquén. Aunque nadie podía disparar, el intendente José Fernando Linares y los patrulleros Duvan Felipe Sánchez y William Fabián Beltrán reportaron ausencia de cartuchos. Otros tres aseguraron haber perdido sus proveedores de municiones, entre ellos, el patrullero Jhon Antonio Gutiérrez. Un hombre en aprietos, pues está en juicio por los homicidios de Jáider Fonseca y Andrés Hernández, en cuyos cuerpos se encontraron balas asignadas al uniformado. Además, está denunciado por falso testimonio, al haber, justamente, reportado la pérdida de sus proveedores.
Según el penalista Francisco Bernate, “la figura de la posición de garante es muy importante, en la medida en que se permite sancionar no solo a quien a través de sus actos causa un daño, sino también a aquella persona que estando en el deber y con la capacidad de evitar un resultado, no lo hace, de manera deliberada”. Para el exdirector Nacional del CTI, Julián Quintana, en principio cada persona debe responder por el incumplimiento de sus deberes. Sin embargo, “si se prueba que estos comandantes dieron las órdenes para cometer delitos u omitieron vigilar y controlar a sus subalternos o no evitaron su perpetración, estando en la capacidad, es evidente que deben asumir su responsabilidad”.
La investigación de la responsabilidad en la cadena de mando es toda una novedad en casos de protesta social. El único antecedente es el juicio penal contra el excomandante operativo de la Policía de Cali, el coronel Édgar Vega, y el entonces comandante de operaciones especiales, Néstor Mancilla, durante las protestas de 2021. Ambos están bajo acusación de la Fiscalía por el homicidio de seis víctimas en el paro nacional en la capital del Valle. No por accionar el gatillo, sino por las acciones de los uniformados bajo sus órdenes. En consecuencia, en diciembre de 2022, dh Colombia, que defiende a la familia Hernández, solicitó al fiscal Francisco Barbosa la imputación de los comandantes de Verbenal y Usaquén, pero no obtuvieron respuesta. Solo la Procuraduría, por ahora, apunta a altos mandos.
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