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La justicia acaba de darles la razón, una vez más a los Yukpa, pueblo indígena asentada en la Serranía del Perijá (Cesar). En una pelea que cumple ya años entre esta comunidad y las empresas mineras más grandes que hay en el país, el Consejo de Estado acaba de zanjar otro round a favor de los indígenas, al considerar que está probado que para efectuar la explotación de hidrocarburos en el lugar no se hizo consulta previa. Por esto, al revisar en segunda instancia una acción de tutela que interpusieron los líderes de la comunidad, decidió mantener la suspensión que hay para desarrollar minería en la zona hasta que el territorio ancestral yukpa sea delimitado.
(En contexto: Ordenan suspender proyecto minero en Serranía del Perijá por tutela de comunidad indígena)
El Espectador conoció esta decisión, que confirma en gran medida una protección que ya había ordenado el Tribunal Administrativo del Cesar en septiembre del año pasado. Se trata de un proyecto minero llamado La Jagua, desarrollado por las empresas Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro. El predio en el que se haría la extracción sería territorio Yukpa, pero nunca se dio una consulta previa. Las mineras se defendieron diciendo que había una resolución del Ministerio del Interior que les certificaba que en el lugar no habitaban comunidades indígenas, pero ya la Corte Constitucional había desestimado ese argumento en el pasado al revisar otra tutela de los yukpas.
En ese momento, los indígenas peleaban porque en la zona habían ubicado a excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc en los llamados Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR), de nuevo, sin hacer consulta previa. Ese dilema fue dirimido por la Corte Constitucional, que dijo en 2018 que, en varios casos que han revisado, la cartera del Interior “ha certificado equivocadamente que no existían grupos étnicos en territorios en donde efectivamente había presencia de esos grupos”, y que, “la existencia de una comunidad indígena no depende de su aparición o no en bases de datos estatales”.
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Inconformes con la decisión del Tribunal del Cesar, las mineras apelaron y el caso escaló al Consejo de Estado, que decidió mantener incólume el fallo. Aunque las empresas intentaron acudir al argumento de los eventuales efectos sobre la economía, el alto tribunal lo descartó de tajo. Entre las razones que anotaban Drummond y sus socios estaban, por ejemplo, que al departamento llegarían menos regalías, pero los magistrados no estuvieron de acuerdo. “Si bien tales razones son relevantes, no permiten eximir al Estado y a las empresas del deber que les asiste para garantizar el derecho a la consulta previa de la comunidad Yukpa”, dice la sentencia.
Al poner en una balanza el crecimiento económico y la protección de la comunidad indígena, el Consejo de Estado decidió que pesa más las garantías de los pueblos étnicos: “Esta Sala no desconoce la gran importancia que tiene el sector minero para el desarrollo de la Nación, pese a ello, el presente asunto amerita otorgar prevalencia a los derechos a la consulta previa y diversidad étnica de la comunidad Yukpa, ante el grado de indefinición de los beneficios que podría traer la actividad minera de disposición de material estéril y manejo de aguas de escorrentía al conjunto de la población, incluyendo a los pueblos indígenas”.
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Edwar Álvarez, el defensor de derechos humanos y del medioambiente que ha acompañado en el litigio a los yukpa, le dijo a El Espectador que, “en esta sentencia hay una reafirmación sobre el principio de precaución que debe primar en los proyectos de hidrocarburos que se desarrollen en los territorios indígenas, sobre todo en los que se está en procesos de ampliación y delimitación de los resguardos”. Pero, dice, lo más importante es que “se coloca en el centro de la discusión la vida de estos pueblos indígenas en riesgo de exterminio, por encima de la política y la ambición de la economía extractiva”.
Álvarez sostiene que seguirán dando la pelea para que la Corte Constitucional, como máximo órgano de revisión de las tutelas, revise el expediente. No teme que el resultado sea distinto, “también nos van a dar la razón, con seguridad”, sino que considera que es un debate de primer orden que haya reglas claras en el país para as relaciones entre la industria minera y los pueblos indígenas. Mientras estas reglas no existan, como ahora, “todos los proyectos de hidrocarburos en un polígono tan grande como la serranía del Perijá seguirán suspendidos”.
A su vez, el abogado dice que la labor que han desarrollado los ha puesto en riesgo. “Tememos represalias por parte de los sectores productivos mineros y de derechas del Cesar por todo este proceso”, denunció Álvarez en diálogo con este diario. Y señaló: “hay algunas empresas mineras que han sido cuestionadas por vínculos con grupos armados ilegales, pero además alrededor de esto giran muchas empresas medianas y pequeñas que trabajan en el sector y que, si ven afectada su actividad, pueden tomar represalias”.
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