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Ni con medidas cautelares ha sido posible avanzar en la investigación, identificación y esclarecimiento de los hechos que ocurrieron en el municipio de El Copey (Cesar). Hace tres años, cuando la administración local dispuso varias fosas en el cementerio de la zona para enterrar personas que habían muerto en medio de la pandemia por el covid-19, la excavación no se pudo concretar, pues ya había restos enterrados allí. De inmediato, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó unas medidas cautelares para proteger esas zonas de interés forense, pero desde allí empezaron los problemas.
Esta semana, en Valledupar, la JEP llevó a cabo una audiencia de seguimiento a esas medidas, en la que participaron, tanto víctimas, como representantes de la Unidad de Búsqueda Dadas por Desaparecidas (UBDP), la Fiscalía, Medicina Legal, la Procuraduría y representantes de la alcaldía del municipio. Allí, aunque hubo avances, el delegado del Ministerio Público volvió a evidenciar lo difícil que ha sido avanzar en las tareas investigativas de los hallazgos que se han hecho en El Copey y no fue cauto en las palabras que utilizó.
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“Las víctimas se están muriendo. Las víctimas se están desgastando en estos procesos de búsqueda sin que oportunamente les estemos entregando unos resultados (…) El hecho de que la medida cautelar exista, concentra un propósito de reconocimiento de legitimidad para poder hacer énfasis la búsqueda de la verdad y exige que los procesos sean mucho más expeditos, sean mucho más consagrados, sean mucho más concentrados”, expresó el delegado de la Procuraduría, Jairo Acosta Aristizábal, quien ha seguido de cerca el caso desde su inicio.
¿Cuál es el problema en el cementerio de El Copey?
Desde que hace tres años la JEP ordenó las medidas cautelares, las autoridades han hecho 61 exhumaciones, 52 a cargo de la UBPD y nueve por la Fiscalía. Sin embargo, las diligencias en terreno se han visto constantemente aplazadas porque la Alcaldía de El Copey no ha cumplido con la orden de la jurisdicción especial. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y organizaciones de víctimas denunciaron, en noviembre de 2021, que el alcalde del municipio, Francisco Mesa Altamar, había ordenado construir nuevas bóvedas en ese lugar, pese a que la JEP lo habría prohibido.
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El mal manejo del terreno del cementerio también lo advirtió la Unidad de Búsqueda, quien explicó que esas nuevas intervenciones amenazaba la posibilidad de recuperar los cuerpos de personas no identificadas y desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Según cifras que han dado las organizaciones de derechos humanos, en este lugar estarían los restos de al menos 100 personas que fueron víctimas de desaparición o de ejecuciones extrajudiciales. Por el número de afectados, este cementerio es de alta prioridad para las autoridades.
Pese a su importancia y a que las víctimas le pidieron a la JEP sancionar a la Alcaldía, apenas en enero de este año le dio un ultimátum para que explicara qué ha sucedido en el cementerio. La administración local tenía la obligación de disponer del personal necesario para acompañar la labor de inspección, además de la maquinaria y las herramientas necesarias para intervenir el terreno. Obligaciones que no habría cumplido, según la Comisión Colombiana de Juristas y representantes de otras víctimas.
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La JEP sigue estudiando las medidas que pueda tomar en contra de la Alcaldía de El Copey, pues desde el 8 de febrero de 2021, abrió un incidente de medidas correccionales en contra del alcalde del municipio. Sin embargo, el pasado 9 de junio, el CTI de la Fiscalía capturó al alcalde Francisco Meza Altamar, en medio de una investigación en su contra por corrupción. El funcionario fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contrato en concurso heterogéneo y concierto para delinquir agravado.
¿En qué va la identificación de las víctimas?
Al finalizar la audiencia en Valledupar, el magistrado que ha encabezado el expediente, Óscar Parra, hizo una petición puntual: que el alcalde que haya reemplazado de Meza Altamar pueda hacer un empalme con la persona que quede como elegida en las próximas elecciones de octubre, para que el nuevo alcalde sepa todas las obligaciones que tiene en este asunto. Para el jurista, quien sea la nueva persona encargada de la administración del municipio debe conocer la importancia del caso, principalmente para que no tengan que empezar desde ceros y, sobre todo, para que puedan avanzar.
En su intervención final, Óscar Parra también aprovechó para reconocer el trabajo de las entidades que han trabajado en la exhumación y protección de los restos. Especialmente, la labor de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas. Su directora, Luz Janeth Forero Martínez, explicó las dificultades que ha tenido en la intervención del cementerio, pero también habló de los principales hallazgos y resultados.
“Esta caso significó un reto enorme para la UBPD porque se ha centrado en explorar 4.2 hectáreas donde se tuvo un hallazgo fortuito complementado con la recolección de información en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Ariguaní al Río Magdalena, que agrupa a 13 municipios del departamento del Magdalena y dos más del Cesar”, explicó Forero. La directora puntualizó que, desde abril de 2022, se han recuperado los restos de 52 cuerpos que en este momento se encuentran en “análisis forense”.
Según el cronograma de intervenciones, la próxima semana iniciará la quinta fase de exploración en el cementerio alterno de El Copey y, como las demás, contará con la presencia de organizaciones de víctimas y también de familiares de personas que habrían sido enterradas en esta zona del norte del país. “Mientras no encontremos hasta la última persona, la búsqueda no termina (…) No es solo buscar, es ver cómo hacemos que esta sociedad colombiana se sensibilice de tal manera que sepan que la desaparición existió y existe, que la dejemos de negar”, concluyó Forero.
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