¿Qué pidió la Procuraduría a entidades del Estado para cumplir el fallo de baldíos?

A punto de cumplirse dos meses de emitida la decisión de la Corte Constitucional que alertó sobre un vacío en la aplicación e interpretación del régimen especial para otorgar los bienes baldíos, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo para este martes a la que asistirá el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), los ministerios de Justicia y de Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad de Planificación Rural Agraria (UPRA), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Consejo Superior de la Judicatura.

En este caso, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó al DAPRE reactivar el Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural, al Ministerio de Justicia coordinar las relaciones entre las ramas del poder público y el sector judicial, y a la cartera de Agricultura conocer lo gestionado sobre la formulación y ejecución de las políticas públicas inherentes al sector para dar cumplimiento al fallo de la Corte que se conocerá durante los próximos días.

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Del mismo modo, le requirió al DNP la asignación de recursos tanto para implementar el Acuerdo sobre Reforma Rural Integral, como para fortalecer técnica y financieramente las entidades relacionadas con dichas actividades. A la UPRA le solicitó información sobre cómo avanza la planificación del uso eficiente del suelo y los procesos de ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales y su formalización.

A la ANT, el ente de control le pidió conocer previamente el inventario de procesos judiciales de pertenencia sobre predios sin antecedente registral de pleno dominio y de clarificación de la propiedad en curso y de recuperación de baldíos por indebida ocupación, por vía del procedimiento de la Ley 160 de 1994.

El Ministerio Público le recordó al Consejo Superior de la Judicatura la orden proferida por la Corte Constitucional sobre garantizar canales de comunicación y notificación entre los jueces y la Agencia Nacional de Tierras, así como también la formación y capacitación en derecho agrario y legislación especial de baldíos.

En este caso, el ente de control en cabeza de Margarita Cabello le recordó que también debe adoptar medidas administrativas sobre la disponibilidad de plantas de personal y la creación de juzgados, si resultan necesarios, para el cumplimiento de la competencia, y asegurar la actualización y accesibilidad al registro de procesos de pertenencia de los predios.

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Las mesas de trabajo que iniciaron este martes y que estarán encabezadas por la Procuraduría se realizarán mientras el Gobierno y el Congreso de la República implementan la Jurisdicción Agraria, otra de las directrices de la Corte Constitucional para subsanar el vacío normativo y jurídico en la entrega de bienes baldíos. La labor del Ministerio Público obedece a la orden del alto tribunal luego de que este analizó 13 tutelas que daban cuenta de una afectación al campesinado en cuanto a la adquisición de tierras.