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El caso del senador Jorge Enrique Robledo y el exfiscal Néstor Humberto Martínez todavía tiene tela por cortar. El primero citó al segundo en 2017 a lo que fue un calientísimo debate en el Congreso cuando el escándalo de Odebrecht estaba en pleno furor. En ese momento, una serie de audios y publicaciones periodísticas pusieron en aprietos al entonces fiscal, pues revelaron que Martínez era mucho más cercano al escándalo de corrupción de la multinacional brasileña de lo que se sabía. Robledo entonces organizó un debate en el Senado en el que hizo una serie de duras críticas en contra de Martínez Neira.
(En contexto: Odebrecht: El cara-cara del exfiscal Néstor Humberto Martínez y el senador Robledo)
Sus acusaciones todavía lo tienen en líos con la justicia, aunque la Corte Constitucional podría revisar una tutela que podría acabar con el proceso judicial. Todo se remite a que, en medio del debate de 2017, Robledo publicó una serie de trinos en los que hizo eco a lo dicho en la plenaria. Eso le costó una denuncia del exfiscal por injuria y calumnia. Hoy, el caso está en firme, pese a una tutela del senador en la que dijo que no podían investigarlo, pues a él lo protege una garantía conocida como: la inviolabilidad parlamentaria. En términos sencillos, se trata de una protección especial a las opiniones emitidas en el ejercicio de un cargo, como el de congresista, para evitar que sean perseguidos judicialmente por ellas.
Este fue el debate de la discordia:
Robledo ya intentó defenderse ante la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que a él lo protege esta garantía de la inviolabilidad parlamentaria. Según su defensa, usó una plataforma pública para exponer sus opiniones, las mismas que expuso durante el debate, y lo hizo como un senador, pues en su propia cuenta de Twitter que está verificada, es claro que es un congresista. Explicó, además, que su perfil en esta red social era un medio que usaba con muchísima frecuencia para realizar un ejercicio político y trasladas a ese universo digital los debates parlamentarios “a los que citaba a personas importantes de la vida política y económica del país”.
Sin embargo, el alto tribunal no estuvo de acuerdo y dejó en firme la investigación por injuria y calumnia. Para los magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema, no toda actuación de los congresistas está protegida por la garantía que expuso Robledo. En concreto, el alto tribunal aclaró que están por fuera del rango de protección “aquellas opiniones o votos que un senador o representante formule por fuera de los debates parlamentarios, cuando actúe como un simple ciudadano”. Con ese argumento, la Corte negó la tutela de Robledo que buscaba frenar la investigación por injuria y calumnia.
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Aunque el senador ya no puede apelar la decisión pues no hay otra instancia para ello, su tutela tendría todavía un salvavidas: la Corte Constitucional. El alto tribunal podría seleccionar el recurso para su estudio. Si bien no está obligada a hacerlo, y cada magistrado tiene sus propias reglas para elegir procesos, ya hay interesados en que exista una eventual revisión. Entre ellos, Robledo, pero también la Defensoría del Pueblo. En un documento de 12 páginas, la entidad le pidió al alto tribunal que le ponga su lupa al caso Robledo pues considera que en Colombia todavía no hay reglas claras que establezcan qué tan blindados están congresistas para usar Twitter como plataforma de debate.
“Al no existir jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la garantía de la inviolabilidad parlamentaria de los congresistas cuando opinen en redes sociales en ejercicio de sus funciones, consideramos que el presente caso es un asunto novedoso (criterio objetivo) para que se seleccione la tutela interpuesta, con el propósito de que se defina el alcance de dicha garantía, cuando esta es ejercida en tales escenarios”, explicó la Defensoría en el documento que radicó en el alto tribunal en diciembre del año pasado. Además de anotar jurisprudencia sobre la inviolabilidad parlamentaria, la entidad también recordó que este es un debate crucial para los límites que podría tener la libertad de expresión.
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Por su parte, el senador Robledo, además de insistir que cuenta con una garantía especial de protección, ha dicho que nada de lo que dijo en el debate fue una calumnia, pues basó toda su intervención en documentos y en una investigación seria que no ha probado tener ninguna mentira. Además, el congresista ha mantenido todo lo dicho en 2017, incluyendo la tesis que provocó esta novela judicial: que el exfiscal Martínez no cumplió su deber de investigar el caso Odebrecht porque, antes de ser elegido como fiscal, fue asesor jurídico del Grupo Aval, socio de la multinacional en el contrato de la Ruta del Sol 2, un negocio que, ya es claro, estuvo plagado de corrupción.
Martínez ha negado tajantemente que eso sea cierto. Desde que estalló el escándalo en su contra, el exfiscal fue certero al afirmar que su administración logró importantes hallazgos en la investigación del caso, que logró identificar que se había desviado mucho más dinero del que se había hablado al comienzo, y que nada de su pasado como abogado del Grupo Aval interfirió con su trabajo como fiscal. Pese a su defensa, la Corte Suprema de Justicia lo retiró de tres expedientes claves del escándalo y se los asignó a un fiscal ad hoc -que logró identificar serios vacíos en la tarea investigativa de la administración Martínez-. Sobre el proceso de injuria y calumnia, el exfiscal se mantiene su posición.
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“Mientras el ciudadano Robledo quiso ampararse en su condición de congresista para difamar, la Corte no aceptó esa tesis y le abrió investigación penal (…) Él quiere sustraerse al proceso judicial convirtiendo esto en un debate político, el debate político ya ocurrió en el Congreso y se lo gané en 2018. Por eso llevó turbas para impedir y restringir mi derecho ciudadano a la denuncia”, expresó Martínez en 2019. Por ahora, el futuro de este caso es incierto. Si la Corte Constitucional selecciona la tutela, Robledo puede seguir dando la lucha para defender lo que considera sus derechos como congresista. Pero, de no recibir el salvavidas, el siguiente pasó para el senador sería una indagatoria ante la Corte Suprema.
Todo está por verse en este expediente judicial de pesos pesados del derecho, de la vida pública del país, que de por medio tiene uno de los peores escándalos de corrupción de los últimos años que todavía no tiene un punto final.
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