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Ante el Consejo Superior de la Judicatura fue presentada una queja disciplinaria en contra del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, José María Armenta al considerar que incurrió en una falta en la decisión con la cual se ordenó la suspensión provisional de la sanción emitida por la Procuraduría en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
La acción fue presentada por el director de la Fundación Marido y Mujer y ahora candidato al Senado por el Partido Conservador, Javier Suárez, quien considera que el togado se tuvo que declarar impedido para tomar alguna decisión puesto que su esposa trabaja en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
El accionante considera que en este caso se presentó un conflicto de intereses puesto que la Empresa de Acueducto fue una de las beneficiarias con los contratos para la recolección y manejo de basuras en Bogotá en los decretos firmados por Petro Urrego.
Ante esto señala que el magistrado debía declararse impedido puesto que con su fallo se favoreció la permanencia del mandatario distrital. Igualmente se indica que se obstruyó el normal desarrollo de la justicia y se coaccionó al presidente de la República, Juan Manuel Santos para que se abstuviera de darle cumplimiento a la sanción de la Procuraduría General que destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos.
En la mañana de este miércoles la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura instauraron una Sala con el fin de discutir si existe mérito para abrir o no una investigación en contra del magistrado Armenta.
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