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El gremio de empresas de vigilancia privada, la Confederación Nacional de Empresas de Vigilancia (Confevip), le hizo recientemente una propuesta al presidente Iván Duque: que la Fuerza Pública aproveche el pie de fuerza y la tecnología de la seguridad particular para combatir el vandalismo que, dicen ellos, se ha tomado las ciudades de Colombia en el paro nacional que comenzó el pasado 21 de noviembre. En entrevista con El Espectador, el presidente de esta agremiación, Miguel Ángel Díaz, explica en qué consiste la propuesta.
¿En qué consiste este ofrecimiento que le hacen al presidente?
A finales de noviembre tuvimos el Congreso Internacional de Seguridad Privada, y más de 400 empresarios llegamos al consenso de que tenemos que apoyar al presidente de la República en esta coyuntura del paro, en la que la protesta ha pasado al vandalismo, al sabotaje y al daño de propiedad privada. Somos empresas que garantizamos la seguridad en los ambientes particulares y queremos que la economía crezca, pero eso se hace con seguridad. Por ende, buscamos poner a consideración de la estrategia nacional de seguridad que se utilicen nuestras patrullas, nuestras alarmas, nuestras cámaras y nuestros 280.000 efectivos para frenar el vandalismo.
¿Ya presentaron la propuesta?
Se la hemos hecho saber al Gobierno a través de diferentes instancias: la Policía, la Superintendencia de Vigilancia, el Ministerio del Interior y la Alta Consejería de Seguridad. El gremio de la seguridad está firme con el progreso y con el desarrollo económico del país. No podemos dejar que el vandalismo, que es en lo que se ha transformado la protesta, dañe el orden. Con estos actos vandálicos están haciéndoles daño es al pueblo colombiano, a la gente que le toca caminar, a la que tiene que coger transporte público, a la gente más humilde.
Cuando dice que la vigilancia privada pone a disposición sus recursos para mantener la seguridad, ¿a qué se refiere? ¿A que los vigilantes puedan capturar y hacer allanamientos?
No, no buscamos hacer acciones de Policía, sino aprovechar nuestros recursos para apoyarla. Por ejemplo, que se vincule la información que captan nuestras cámaras para la identificación de vándalos. Lo que queremos es reforzar la presencia de la Policía, pero como una colaboración. Así podríamos identificar estructuras críticas de la ciudad y prevenir riesgos para que no se metan con el Transmilenio o con el comercio. Uno de los problemas es que no se tienen policías suficientes en las ciudades.
¿Qué respuesta le ha dado el Gobierno a esta propuesta?
De total acogida. Ha visto que la seguridad tiene protocolos, formación en prevención y análisis de riesgo. Creemos que podemos ser los ojos, los oídos, y la voz de la seguridad.
¿Con quiénes han estado hablando para comenzar esa colaboración?
Hemos avanzado mucho de manera colaborativa. Tuvimos reuniones con el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, quien nos ha incluido en todos los procesos y estamos desarrollando ese engranaje.
Cuando particulares se involucran en la seguridad hay mucho resquemor, por la historia de nuestro país. Y, si ya se han denunciado abusos de la Fuerza Pública en este paro, ¿por qué confiar en vigilantes privados?
La reglamentación de la vigilancia privada es supremamente estricta en la observancia de la ley. No tenemos capacidades ofensivas ni de autoridad pública. Queremos es utilizar toda nuestra tecnología para echarle una manito al Gobierno. Es contra el bandidaje y el daño a la propiedad ajena. La seguridad privada no tiene nada en contra de las personas que pacíficamente salen a reclamar sus derechos, pero estamos en contra de la violencia y de que se dañe la tranquilidad de nuestros hogares y nuestras familias, como pasó en Cali y Bogotá.
¿Han hablado con Fenalco o con gremios de comerciantes sobre esta propuesta?
Claro, hemos tendido puentes de diálogo con la ANDI, con la SAC, con Fenalco, con Colfecar, con todos los gremios. Aquí lo importante es que la empresa privada se proteja, porque es la que genera empleo, desarrollo e impuestos. Tenemos que crear la conciencia de que, así como los bienes públicos son sagrados, la propiedad privada debe ser sagrada.
En muchos casos de actos vandálicos vemos que se capturan personas y los dejan libres al rato, ¿qué hace falta ahí?
La justicia aquí está en deuda con la sociedad, no puede andar garantizando algunos derechos sobre otros más fundamentales como la paz y la tranquilidad. Pero, de nuevo, las protestas pacíficas no tienen nada que ver con esto. No puede ser que haya ciudadanos de primera y segunda categorías o delincuentes de primera y tercera categorías.
¿Qué decirles a quienes temen con la propuesta de involucrar la seguridad privada con el trabajo de la Policía?
No puede haber miedo. Nosotros estamos dentro de la legalidad y lo que queremos es utilizar la tecnología para que, cuando la ciudadanía vea vulnerados sus derechos a la tranquilidad, a la movilidad y demás, tengan las herramientas para denunciarlo y que nosotros, junto con la Policía, podamos atenderlo. Eso es, básicamente, generar una alerta temprana: crear procedimientos y protocolos para coadyuvar a la seguridad pública. Se está haciendo en el marco de la ley, buscando la seguridad de todos los colombianos.
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