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Martha Lucía Zamora, exprocuradora y exfiscal general de la nación, asumió esta semana el reto de dirigir la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), encargada de defender los intereses de Colombia en pleitos judiciales nacionales e internacionales. Designada por el primer gobierno de izquierda, promete imparcialidad en el cargo y fortalecer las reparaciones a las víctimas del Estado por acción y omisión. Buscará conciliar en la justicia nacional y ante el Sistema Interamericano todo para evitar las reiteradas condenas contra nuestras instituciones y, en consecuencia, ahorrarles plata a los colombianos.
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¿Cuál va a ser la prioridad de la agencia?
En los últimos cuatro años la Agencia ha ganado procesos en los que estaban en riesgo $66 billones. Cada vez es mayor el ahorro porque se ganan los casos. Por ejemplo, a julio de este año la tasa de éxito de la Agencia fue del 84 %. En los procesos donde no intervenimos la tasa de éxito del Estado es solo del 54 %. Entonces, al ganar los casos, el Estado no tiene que ser condenado y no tiene que pagar. Incluso, cuando perdemos, nos condenan por menos: lo que llamamos en la Agencia “relación condena-pretensión”. Nuestro objetivo y trabajo, a escala nacional, será lograr mantener un alto nivel de éxito, así como buscar conciliaciones, cuando se concluya que es mejor conciliar que enfrentar el proceso, para que así cada vez el Estado pierda menos.
Esa es nuestra meta. Nosotros promoveremos políticas de conciliación en los casos más emblemáticos de litigiosidad para lograr ese éxito. Pongamos un ejemplo: demandan a Ecopetrol por una suma astronómica en un caso donde una empresa sufrió por alguna actuación, no digo que vaya a pasar, de la entidad nacional. Algún incumplimiento del contrato. ¿Cuál será el siguiente paso? Si está dada toda la prueba que demuestra que efectivamente van a condenar al Estado, se llega a un acuerdo, una conciliación. Si el demandante buscaba $100 millones, intentaremos conciliar en $5 millones. Y ahí se le ahorró al Estado un gran porcentaje. Hay que actuar de manera proactiva y esto lo viene haciendo la Agencia de tiempo atrás.
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La administración anterior peleó casos como el de Jineth Bedoya, ante la Corte Interamericana. ¿Será más flexible en casos donde es claro que Colombia falló como Estado?
Es una reflexión que debe hacerse porque cuando los casos llegan ante la Corte Interamericana tienen una connotación importante. Si llega a ese punto es porque ha existido una denegación de justicia de años y una falta de respuesta del Estado frente a la violación de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Hay que estar ahí y buscar las mejores opciones, porque lo primero es la dignificación y el reconocimiento de la víctima. El Estado debe ser pro-víctima. Que nos lleve a lograr el reconocimiento de sus derechos, la reparación y el reconocimiento de que se actuó indebidamente o se desconocieron sus derechos.
¿Cómo se van a fortalecer los procesos de reparación simbólica?
En los procesos en los cuales hay víctimas de conflicto armado, tanto en el ámbito nacional como el internacional, y graves violaciones de derechos humanos, nuestra mirada no solo será desde lo monetario. Por poner un ejemplo: no vamos a decir que no se le paga a una víctima, al contrario, lo más importante será la reparación a las víctimas. Ese es uno de los aspectos que abordará la Agencia con mucho empeño. El trabajo con víctimas, su reparación tanto en el país como en el exterior.
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Aquí también tenemos muchísimas decisiones del Consejo de Estado frente al reconocimiento o la condena al Estado en favor de víctimas de casos que se originaron en el conflicto armado. Ese será un derrotero que vamos a seguir al momento de intervenir. Queremos que los actos de reparación sean bienvenidos por las familias y por quienes perdieron su ser querido. Son fundamentales para encontrar la estabilidad de la paz. Un reconocimiento de la responsabilidad no debe ser de papel. Queremos hacer presencia, estar con las familias y con las víctimas
¿Cuáles son los planes de la Agencia, designada en el primer gobierno si se quiere progresista, con los casos que emblemáticamente han peleado defensores de DD. HH. cercanos a esa corriente política? Hablo de falsos positivos, desapariciones forzadas, la persecución a la UP…
Hablemos del caso del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que está pendiente de fallo. Es un caso que reúne muchísimas situaciones de afectación a defensores de derechos humanos. Seguimientos, interceptaciones telefónicas, desapariciones. Conocí el caso en su momento como magistrada auxiliar y procuradora. Hoy lo encuentro en el sistema interamericano y me llena de satisfacción saber que por fin va a haber un pronunciamiento frente a casos tan graves. Mi intervención será en los términos que me corresponden como directora.
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Y reconozco que todos estos casos generaron, no solamente en mí, sino en muchos colombianos, un sentimiento de solidaridad. Hoy en día toda la etapa probatoria fue adelantada, la presentación de las alegaciones. Pero eso no implica que esto me impida actuar en debida forma o de manera imparcial. Esta visión de respeto a la víctima debe siempre acompañarnos en cada una de las actuaciones que como servidores públicos nos correspondan en los diferentes cargos del Estado. Es un compromiso y una deuda.
¿Cuáles son las controversias con empresas extranjeras y cuáles de ellas son las que más le preocupan?
A corte de 2022 tenemos siete controversias en etapa prearbitral y 12 en etapa arbitral. Entre ellos tenemos al inversionista Red Eagle Exploration que, en el marco de presuntos incumplimientos con el TLC con Canadá, le solicita US$117 millones a Colombia. Eco Oro Minerals es la empresa que más solicita, ya que la pretensión es de US$698 millones. Ese proceso ya está pendiente de decisión sobre daños. Tenemos controversias con Glencore, Foster Wheeler, Telefónica, Gran Colombia Gold, Galway Gold, entre otras.
¿Existen planes de articulación con el modelo de justicia restaurativa que el Ministerio de Justicia ha propuesto, por ahora, desde el discurso?
Nosotros tenemos una dependencia de políticas y estrategias que vamos a priorizar directamente en las regiones, para lograr un acompañamiento que le permita al Estado mejorar y evitar la litigiosidad. Ese es un laboratorio de ideas y proyectos en equipo que va a permitir encontrar ese tipo de situaciones que está llevando a las mayores demandas contra el Estado. Ahí encontramos un punto de unión con el ministro Osuna, y queremos apoyarlo en todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para evitar el hacinamiento y, entre otras ideas, la presentación de un proyecto de ley para lograr unas medidas de libertad provisional.
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Lógicamente, desde unos parámetros de razonabilidad, pero que permitan una salida de personas que cumplan los requisitos. Entre las medidas estaría la justicia restaurativa. Estamos trabajando como equipo del sector Justicia. Aquí se tiene toda la experiencia y, de hecho, aquí termina toda la situación tan grave porque asumimos las demandas contra el Estado por falta de atención en salud, en educación, sobrepoblación y resocialización. Conocemos el Estado de Cosas Inconstitucional del sistema carcelario.
¿Cómo piensa, desde la Agencia, proteger el patrimonio nacional y cultural?
Tenemos la línea de defensa del patrimonio cultural. Casos emblemáticos en los que la Agencia tiene toda su intención de defensa del Estado como por ejemplo el Galeón San José, que tenemos que trabajar con el Ministerio de Cultura y con la dirección de patrimonio. ¿Qué ruta se va a seguir ahora que se tiene la información sobre la ubicación de Galeón? La licitación se declaró desierta este año y en este momento se están fijando qué políticas se van a seguir frente a la extracción de todo. Hay intereses de España, Perú, Panamá, Estados Unidos, indígenas de Bolivia, entonces aquí todavía falta definir esa ruta normativa.
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