Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En un acto simbólico, las familias de víctimas de los llamados “falsos positivos” recrearon una de las escenas más dolorosas de sus vidas. Tendidas en el suelo, seis personas vestían pantalones camuflados y botas negras pantaneras. Una fila de mujeres con paraguas negros y mantos en sus cabezas ingresaron al recinto para acercarse a cada uno de sus muertos. Lloraron y contaron las historias de sus seres queridos que fueron asesinados y desaparecidos por miembros de la fuerza pública para luego presentarlos como bajas en combate entre enero de 2002 y diciembre de 2008 en la Costa Caribe.
Al terminar la intervención, una de las víctimas tomó la palabra y dijo: “Mataron a nuestros familiares, pero no nuestra memoria”. El acto para dignificar la memoria de sus seres queridos y hacer visible el daño tuvo lugar en Barranquilla, en medio de la Audiencia de Reconocimiento del subcaso Costa Caribe II, en el caso 03, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A la diligencia asistieron también diez comparecientes de la fuerza pública para reconocer, ante 30 víctimas y ante la justicia, más de 600 asesinatos y desapariciones forzadas en siete departamentos de esa zona del país como Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Lea también: Las sentencias que destraban las primeras sanciones de la JEP contra exfarc y exmilitares
Cada escena durante la audiencia fue más dolorosa. Tras el acto conmemorativo, el mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, comandante de la Décima Brigada Blindada, fue llamado a reconocer su responsabilidad. Fue la primera vez en la historia de ese Tribunal de Paz que un oficial del más alto rango militar reconoció públicamente que existieron órdenes superiores, presiones por resultados y mecanismos de encubrimiento que favorecieron la comisión de estos crímenes. Entre diciembre de 2004 y junio de 2006, el exmilitar tuvo a su mando unidades militares que consolidaron un patrón sistemático de asesinatos falsamente presentados como bajas en combate.
Al iniciar su intervención, el compareciente Giraldo señaló que un punto de quiebre en su proceso fue el encuentro con las víctimas, pues en ellas pudo entender el rostro del dolor. “Cuando inicié este proceso ante la JEP, mi actitud era de negación completa, total. No quería aceptar la verdad, pero esa condición comenzó a cambiar. Pude ver la dimensión del horror que habíamos cometido (…). Ya no había una historia detrás del dolor. Vimos una realidad. Vimos la verdad. Era como estar frente al juicio de Dios”, señaló el exmilitar de cara a las víctimas, que lo observaban con atención, como examinando cada una de sus palabras.
Le puede interesar: Informe alerta que Colombia tardaría 62 años en indemnizar a las víctimas del conflicto
Pero la imagen fue más impactante cuando, en mitad de su discurso, el hoy compareciente ante la JEP hizo una pausa para señalar uno de los carteles que acompañaban las fotos de las víctimas distribuidas por todo el recinto. “Allá está el cartel que dice: ‘¿Quién dio la orden?’. Yo soy el máximo responsable. Y vine para que ustedes me miren así. Recibí informes que advertían lo que estaba ocurriendo, pero no los confronté con las investigaciones. No lo hice”, dijo. Durante su reconocimiento, Giraldo Restrepo también renunció a las condecoraciones que recibió durante su paso por el Ejército a raíz de las supuestas bajas.
“Me avergüenza reconocer que, por esas supuestas bajas, me fue concedida por segunda vez la medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público, distinción a la que hoy, públicamente, deseo renunciar, porque en realidad correspondía a civiles asesinados. Me puse una medalla que les correspondía a ustedes. Me puse una medalla llena de dolor”, dijo. Asimismo, antes de terminar su intervención, el exmilitar mencionó los nombres de las víctimas y en un acto de dignificación reconoció que eran civiles inocentes. El magistrado Óscar Parra Vera, quien lideró las audiencias, señaló que ese es precisamente un paso fundamental para que las víctimas logren atravesar el camino de la verdad.
La Sala de Reconocimiento estableció que durante su comandancia se consolidó una de las etapas de mayor expansión del fenómeno criminal en la región. Según la investigación, el 100 % de las bajas reportadas por la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED), el 82 % de las reportadas por el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 ‘Rondón’ y el 55 % de las atribuidas al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ correspondieron a civiles asesinados y presentados falsamente como bajas en combate. Asimismo, la JEP logró establecer que 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo; 26 niñas y niños; 14 mujeres, una de ellas en embarazo; y cerca de 120 personas que no han sido identificadas, fueron víctimas de ese patrón criminal que se extendió por toda la Costa Caribe.
La investigación arrojó también que esos crímenes fueron posibles a raíz de tres motivos. Presión por presentar bajas en combate, mediante exigencias de resultados y sanciones para quienes no los alcanzaran. Incentivos y recompensas, como ascensos, permisos, premios y condecoraciones. Prácticas de encubrimiento, dirigidas a ocultar la ilegalidad de los hechos, frenar controles y desacreditar denuncias mediante la narrativa de una supuesta “guerra jurídica”.
Y se enmarcaron en dos modalidades. Según la JEP, las víctimas fueron señaladas falsamente como integrantes o colaboradoras de grupos insurgentes, por lo que eran hostigadas y retenidas para luego ser asesinadas. Entre ellas había campesinos, líderes comunitarios, trabajadores rurales e incluso personas fuera de combate o que se habían rendido. Asimismo, personas en condiciones de vulnerabilidad fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo o promesas de dinero. Entre ellas había personas en situación de calle.
La siguiente escena durante la audiencia también fue dolorosa, pero estuvo armada de valor. La palabra la tomó Elizabeth Paola Posada Rodríguez, hija de Hernán Enrique Posada Doria, quien fue asesinado junto con Roberto Junior Rodríguez Villa y presentado falsamente como una baja en combate por integrantes del Batallón ‘La Popa’. Aún con la voz temblorosa, después de darle gracias a Dios, Elizabeth Paola Posada entregó el perdón, no sin antes agregar lo más importante para ella y su familia: limpiar el nombre de su padre.
“Hoy lo decimos aquí, en esta sala: los perdonamos. Pero para que puedan entender el daño que ustedes causaron, primero tienen que saber quiénes eran ellos. Ellos no eran unos números de informe. Ellos no eran bajas en combate. Hernán Enrique Posada Doria y Roberto Junior Rodríguez Villar eran unos hombres que se levantaban al pleno sol del día y se acostaban bastante cansados a la luz de la noche. Hombres honrados que trabajaban de sol a sol. (…) Nuestros papás eran unos hombres de bien. Su única riqueza era su familia; su única arma eran las palabras de ellos”, expresó.
Ese perdón que entregó Elizabeth, en medio de respiros profundos para aguantar el llanto, tenía un mensaje mucho más profundo detrás. “Quiero ser muy clara. Perdonar no es perder la dignidad. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es quitarle a ellos la responsabilidad, porque ellos tienen que pagar. Perdonar no es dejar pasar lo que hicieron, porque eso siempre va a estar presente en la memoria de nosotros. Perdonar para mí, para nosotras, es liberarnos del rencor, es no dejar que el odio nos consuma. Les ofrecemos nuestro perdón no porque ustedes se lo merezcan, sino porque merecemos estar en paz”, señaló.
Y agregó: “Quiero que sepan una cosa: nuestro perdón no es gratis. Nuestro perdón trae una exigencia y es que nunca más se vuelva a hacer esto. Que se conviertan en agentes de paz, que sus testimonios sirvan para que otros militares no cometan los mismos crímenes y que su arrepentimiento sea verdadero y se traduzca en acciones concretas”. En su intervención, Elizabeth también exigió respuestas a la magistratura para encontrar los restos de su padre.
El compareciente Luis Fernando Campuzano Vásquez tomó la palabra y pidió perdón. Fue mayor del Ejército y ocupó cargos estratégicos en el Batallón ‘La Popa’, entre enero de 2006 y septiembre de 2007, periodo en el que participó en el asesinato de 39 víctimas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. En sus funciones como comandante de batería, oficial de operaciones, segundo comandante y jefe de contrainteligencia, tuvo un papel central en la consolidación del patrón criminal que convirtió el asesinato de civiles en un mecanismo para producir resultados militares.
“Mi participación no se limitó a guardar silencio frente a lo que ocurría. También intervine en la planeación, coordinación y encubrimiento de estos hechos, contribuyendo a que este patrón criminal continuara y produjera nuevas víctimas”, dijo. Y agregó: “Durante muchos años, confundí el silencio con la lealtad institucional. Mi obligación era proteger la vida, la Constitución y la verdad (…). Haber callado también fue una forma de participar en el daño que hoy reconozco ante ustedes”.
El siguiente turno fue para el teniente retirado Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad fue uno de los militares más activos dentro del patrón criminal. Entre julio de 2006 y abril de 2007, participó en 10 operaciones ficticias que dejaron 15 víctimas, equivalentes al 75 % de las bajas reportadas por el Batallón ‘La Popa’ durante su permanencia. Durante su reconocimiento de responsabilidad, el exmilitar detalló cómo fue su participación en contra de las víctimas. “Las transporté en vehículos, a veces incluso del mismo Ejército. Las llevé a lugares apartados y allí, en la mayoría de los casos, fui yo quien accionó el fusil contra ellas. No hubo combate, ni resistencia, mucho menos una situación de legítimo enfrentamiento”, relató.
Durante la intervención del compareciente mayor (r) Julio César Parga Rivas, quien fue comandante de la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED), el señor Alfredo Arciniegas, padre de Luis Alfonso Arciniegas Rodríguez, asesinado y presentado falsamente como baja en combate el 11 de octubre de 2006, se levantó entre el público y tomó la palabra. Lo primero que pidió es que se limpie el nombre de su hijo y continuó contando su historia. “Mi hijo no era guerrillero. Soy soldador profesional automotriz, egresado del SENA. Mi hijo siempre me ayudaba a soldar y, a veces, me tomaba del pelo y me decía: ‘No, ya yo sé hasta más que tú, porque ya sueldo mejor que tú’”, narró.
Tras la intervención de Arciniegas, el exmilitar retomó la palabra y reconoció que su hijo Luis Alfonso no era un guerrillero ni hacía parte de ningún grupo armado, sino un civil que fue asesinado y presentado falsamente como baja en combate.
El discurso del compareciente Parga Rivas tuvo otra intervención. Estela Roca, madre de Luis Eduardo Carriazo, tomó la palabra para hablar sobre su dolor. “Él reconoció que fue el máximo responsable de ese asesinato, porque él participó directamente. Por usted y sus asesinos, estoy enferma cargando con todo este odio porque yo no lo voy a perdonar. Usted me mató a mi hijo mayor, que no era ningún delincuente, lo único que hacía era trabajar para colaborar con los estudios de sus hermanos. Quiero que así como usted reconoce que era una máquina de matar, que también reconozca que mató a esos muchachos porque le dio la gana. Mi familia es una buena familia, con valores morales”, concluyó.
Tras enviar a un breve receso, el magistrado Parra dio por terminados los dos días de audiencia en Barranquilla. La sesión continuará los días 28, 29 y 30 de julio en Valledupar, donde comparecerán los 10 comparecientes que reconocieron su responsabilidad en Barranquilla junto a otros 15 militares en retiro más, convocados para esta segunda etapa de la diligencia, entre ellos el mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más