¿Quién se va a los 65 años?

Una agria polémica se suscitó esta semana, atizando de paso las volubles —¿y problemáticas?— relaciones entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema de Justicia, por cuenta de la posesión de Jorge Antonio Castillo Rugeles como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura. El nuevo round se derivó de los reparos manifestados por el Gobierno en razón a la elección del jurista de 65 años, quien ya cumplió la edad de retiro forzoso. Pese a las objeciones del Ejecutivo, Castillo Rugeles (candidato de la Corte Suprema) tomó posesión del cargo ante cuatro testigos el pasado martes y en presencia de los magistrados de ese alto tribunal.

La controversia fue subiendo de calibre con el correr de las horas. El secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, aclaró en principio que no era cierto que el Gobierno se negara a posesionar a Castillo Rugeles, sino que le pidió al elegido magistrado un margen de tiempo mientras elevaba unas consultas para dirimir el conflicto de la edad de retiro forzoso de un funcionario público. Aunque, claro está, no ocultó su molestia por la atípica posesión de Castillo y el espaldarazo de la Corte a este causa. “Es una nueva provocación de la Corte al Gobierno. Así es como cayó el asunto en la Casa de Nariño”, le dijo a El Espectador un cercano colaborador del presidente Uribe.

Y aunque el tono reposado del presidente de la Corte, magistrado Francisco Javier Ricaurte, amainó los vientos  que amenazaban provocar nuevas tormentas políticas, lo cierto es que esta cadena de sucesos revolvió la acidez en las relaciones entre el alto tribunal y la Casa de Nariño. “De ninguna manera —sostuvo Ricaurte— puede hablarse de enfrentamiento alguno”, y explicó seguidamente que tras la expedición de la Constitución de 1991 quedó claramente estipulado que los funcionarios de los organismos creados bajo esta nueva Carta Política (Fiscalía, Corte Constitucional y Consejo de la Judicatura) no necesariamente tenían que acoger la tesis de los 65 años como edad de retiro forzoso.

Una tesis curiosa si se tiene en cuenta que fue la misma Corte Suprema de Justicia la que el 1º de julio de 1994 relevó de su cargo al entonces fiscal general de la Nación Gustavo de Greiff por haber cumplido los 65 años. El primer fiscal de Colombia fue elegido precisamente por la Corte el 3 de marzo de 1992 para cumplir un período constitucional de cuatro años. Sin embargo, tuvo que hacerse a un lado por disposición de la Sala Plena de la Corte, que consideró entonces que el fiscal “forma parte de la Rama Judicial”, razón por la cual “debe someterse también a la edad de retiro forzoso”. Es decir, hace 14 años, y bajo el mismo argumento que sirvió de fundamento para apoyar la posesión del magistrado Castillo, la Corte ordenó reemplazar al fiscal Gustavo de Greiff.

Y como para hacer este rifirrafe más interesante, una nueva arista sobre este peliagudo asunto tuvo desarrollo esta semana. El vicepresidente del Consejo de Estado, magistrado Jaime Moreno García, instauró una acción de tutela que pretende atornillarlo en su cargo, pese a que cumplió los 65 años el pasado 14 de enero. Según el accionante, fue elegido el 29 de julio de 2005 por la Sala Plena del Consejo de Estado como reemplazo del magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, quien se fue por período cumplido. Sostuvo Moreno que apenas lleva 32 meses como consejero y que no existe disposición legal que regule la edad de retiro forzoso para los magistrados de las altas cortes.

Bajo este argumento el magistrado Moreno elevó una acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, “a fin de que suspenda los actos perturbadores de mi derecho a la igualdad”, vulnerada, según él, por el acuerdo número 4411 de la Sala Administrativa, que ordenó elaborar una lista de candidatos para reemplazarlo en el Consejo de Estado. Fundamentó además que la Constitución del 91 le asignó nuevas atribuciones al Consejo de Estado, implantó un nuevo sistema de elección de los magistrados y eliminó los períodos vitalicios de los mismos.

“Significa lo anterior que a partir de la nueva Carta puede hablarse de un nuevo Consejo de Estado”, aseguró el demandante, y explicó seguidamente que bajo este nuevo marco legal los magistrados gozan de “un período individual” de 8 años que no necesariamente obliga el retiro por edad cumplida a los 65 años, por cuanto “le corresponde al Congreso reglamentar” el asunto. En otras palabras, por el vacío jurídico existente, el magistrado Moreno reclamó por vía de tutela que lo dejen terminar su período constitucional como consejero.

Y recordó que el magistrado de la Corte Constitucional Fabio Morón Díaz culminó su período “a pesar de que había cumplido los 65 años antes de su vencimiento”, y que el actual magistrado Marco Gerardo Monroy hace rato cumplió dicha edad y aún continúa en la Corte. De hecho, en medio de la efervescencia por el control de constitucionalidad que le hizo la Corte Constitucional al acto legislativo que autorizó le reelección presidencial inmediata, un ciudadano recusó a Monroy aduciendo que debía apartarse de la discusión por cuanto ya había cumplido la edad de retiro forzoso. Sin embargo, la Corte desestimó la acusación, aunque el magistrado Jaime Araújo Rentería protestó.

Como se ve, el asunto de la edad de retiro forzoso es tan problemático como nebuloso, y como dice el refranero popular, “tiene tanto de largo como de ancho”. Algunos conceptúan que quienes se niegan a abandonar un cargo por haber cumplido los 65 años son aquellos apasionados por el poder que se refugian bajo el paraguas de la interpretación jurídica para seguir disfrutando de las mieles de la burocracia. Otros, por el contrario, piensan que hay derechos establecidos que deben respetarse y que no pueden existir discriminaciones entre los magistrados de las altas cortes.

Por ahora, en medio del barullo causado por la posesión del magistrado Castillo Rugeles, queda en claro que, más allá de sesudas disquisiciones sobre el asunto, lo evidente es que este hecho encendió por enésima vez los ánimos —aparentemente apaciguados en los últimos días— entre la Corte Suprema y el Ejecutivo.