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Como si se tratara de una partida del juego Astucia Naval, el inversionista estadounidense Sea Search Armada, un reconocido cazatesoros de naufragios marinos, realizó una gran jugada del más alto calibre judicial contra Colombia. En septiembre de 2023, demandó al país por US$10.000 millones ($40 billones de pesos colombianos), pues asegura haber descubierto el histórico Galeón San José en 1982 y tener derechos sobre los tesoros y el patrimonio que yace en algún punto secreto cercano a las islas del Rosario, en Cartagena. El pleito se desarrolla ante la Corte Permanente de Arbitraje, un organismo internacional que llamó a las partes a juicio en febrero pasado. Antes de que el rifirrafe judicial comience, siendo ahora el turno de Colombia para responder, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) escogió su equipo de defensa, responsable por un asunto de soberanía nacional y con implicaciones económicas, culturales y diplomáticas.
Antecedentes: Galeón San José: Cazatesoros estadounidense demanda a Colombia por $40 billones
La entidad dirigida por César Palomino, y el nuevo director de defensa internacional Yebrail Haddad Lineros, seleccionaron a la firma Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes (GBS Disputes), un prestigioso equipo con sedes en Londres, París y Nueva York. Después de un proceso de selección abierta, en el que quedaron 18 finalistas, GBS Disputes logró quedarse con el contrato, teniendo como una de sus principales características la experiencia de sus abogados en disputas relacionadas con inversiones, del más alto nivel y con cifras multimillonarias en Europa, África, Norteamérica y América del Sur. Asimismo, GBS Disputes escogió como firma asociada a Xtrategy LLP, que cuenta con sedes en Bogotá, Ciudad de Panamá, Miami y Washington, y cuya carta en el asunto es aportar su experiencia precisa en disputas relacionadas con naufragios en aguas del Caribe.
El objeto de la demanda se contextualiza en 1708, cuando el San José, de la corona española, zarpó desde la actual Panamá hacia Europa, con tesoros del “Nuevo Mundo”. Entonces, embarcaciones inglesas lo derribaron, hundiendo de paso monedas, vasijas y otros tesoros avaluados, ahora, en US$20.000 millones. En la década de 1980, la compañía Glocca Morra, predecesora de Sea Search Armada, obtuvo autorización de Colombia para buscar e informar de cualquier descubrimiento. En 1982, el inversionista aseguró haber hallado la ubicación exacta del naufragio, y el país, en un primer momento, le reconoció derechos por el 50% de los objetos. Sin embargo, desde entonces iniciaron diversos litigios nacionales e internacionales que estancaron el pago y la expedición, por lo cual Sea Search Armada inició una reclamación ante la Corte Permanente de Arbitraje por los US$10.000 millones.
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La elección de GBS Disputes es clave en el expediente, pues, en conjunto con abogados de la Agencia, tiene como responsabilidad presentar la contestación de la demanda. De acuerdo con el director Haddad Lineros, ese documento se radicará a finales de este año. En diálogo con El Espectador, explicó que entre las razones por las que se escogió a GBS Disputes está la oferta económica que presentó y su experiencia “en defensa de intereses de Estados, en temas de patrimonio cultural sumergido, así como asuntos relacionados con exploración marítima. Además, se tuvo en cuenta si tenía experiencia para enfrentarse a la contraparte, que contara con abogados colombianos y que respetará un esquema de defensa híbrido, con la participación de nuestros abogados de la Agencia, lo que permitirá el fortalecimiento de nuestra propia capacidad institucional”.
GBS Disputes es un viejo conocido de la Agencia. En junio pasado, salvó al Estado de un pago de US$300 millones demandados por un grupo de inversionistas estadounidenses comandados por Ángel Seda, en el sonado caso Meritage. Se trata del expediente de un proyecto inmobiliario reducido a obra gris por cuenta de la intervención de la Fiscalía, que inició un proceso de extinción de dominio, en 2016, en los terrenos del proyecto, pues advertía la inclusión de dineros del narcotráfico y de la Oficina de Envigado. Colombia logró probar que era crucial para su seguridad nacional haber confiscado el bien. Además, fue la misma firma que en mayo pasado logró que el inversionista británico CB&I UK retirara una demanda por US$700 millones, con la que buscó culpar a Colombia por los sobrecostos de las obras para el fortalecimiento de la planta de refinería de hidrocarburos Reficar. Como demostró la Contraloría nacional y una Cámara de Comercio Internacional, esos huecos son responsabilidad de CB&I UK, encargada de la lenta e irregular modernización.
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Entre otros casos, la firma GBS Disputes tiene experiencia en casos como “Malasyian Historical Salvors vs. Gobierno de Malasia”. Se trató de un caso en el que privados reclamaron cientos de miles de dólares a ese Estado asiático, por supuestas irregularidades en un contrato para encontrar y salvaguardar 24.000 piezas de porcelana china antigua, que naufragaron junto a un barco británico en 1817. También sus abogados han defendido intereses en procesos donde estaba comprometido dinero de Egipto, Rusia, Bulgaria, Filipinas, Pakistán, Argelia, Hungría y España. En cuanto a Xtrategy LLP, entre sus antecedentes tiene que su socio fundador, José Antonio Rivas, fue quien representó a Colombia la década pasada, cuando Sea Search Armada fracasó al solicitarle US$ 17.000 millones al país ante las cortes federales de Estados Unidos por el caso Galeón San José.
Una vez la defensa del país conteste a la demanda, se abre un espacio de réplica para Sea Search Armada. Luego, en un juicio que podría tardar más de dos años, “se instalará el debate probatorio, con testimonios, interrogatorios y contrainterrogatorios, así como una estimación de daños. Será un debate importante desde lo técnico. Y es claro para Colombia que la demanda no tiene ningún asidero ni fáctico, ni jurídico”, concluye el director Haddad Lineros. Entre los argumentos introductorios que la Andje ha dejado conocer está, por ejemplo, que el inversionista en realidad no entregó información que condujera a la real ubicación del Galeón y que el gobierno nacional considera su contenido como patrimonio nacional sumergido, por lo cual está protegido de cualquier actividad económica. Desde este momento, hasta diciembre, entonces, se viene la preparación de la jugada más importante de Colombia y, para ello, GBS Disputes tomó el timón de los intereses del Estado.
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