Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Un estudio del Ministerio de Justicia realizó por primera vez una caracterización de las mujeres que se encuentran detenidas en diferentes prisiones del país por delitos relacionados con drogas como tráfico de estupefacientes, lavado de activos o conservación y financiación que, son aproximadamente 2.500 personas en el país. Con encuestas realizadas al 82 % de esa población, el reporte arroja luces sobre los estilos de vida que llevaban estas mujeres antes de ser detenidas para entender por qué terminaron involucradas en este flagelo.
Lo más relevante del estudio es que permite identificar que las mujeres más vulnerables para incurrir en este tipo de hechos tienen características similares y que optan por las actividades como modo de vida: “se trata de personas que habitaban en estratos 0, 1 y 2, y en el 60 % de los casos fueron madres antes de cumplir la mayoría de edad. No pudieron acceder a estudios superiores y se desempeñaban como trabajadoras informales, en relaciones de pareja en las que la violencia física afectaba a más del 30 %, contando con 1 o 2 hijos a su cargo, y siendo mayoritariamente responsables del sostenimiento de sus hogares”.
(Le puede interesar: Denuncias contra El Buen Pastor: una cárcel que no ha sido pensada para mujeres)
Del total de las encuestadas, el 71.1 % viene de ciudades intermedias o municipios, pues solo el 28,9 son de Bogotá, Medellín y Cali. La mayoría están entre los 18 y 36 años y era soltera al momento de su detención. “El 18,9 % se declara mujer negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana; el 5,1 % como indígena; el 0,44 % como raizal o gitana” y el 75,6 % restante no se reconoce en algún grupo étnico. Además, el 96,9 % se identificó con el género femenino y el restante con el género masculino; el 82,9 % tiene una orientación heterosexual, el 9,2 % bisexual y el 7,6 % homosexual.
Un dato relevante para el Ministerio es que el 60,2 % de las encuestadas tuvo su primer embarazo antes de los 18 años; que el 22,5 % no tiene ni un solo logro educativo; que apenas el 49,7 % terminó la primaria; que la mayoría trabaja informalmente antes de ser detenidas, siendo de estratos o, uno y dos. O bien, que fueron víctimas de violencia física, psicológica y/o económica principalmente por sus cónyuges. “En el caso de la violencia sexual, los mayores responsables fueron personas desconocidas, con el 39,5 %. Y el 15,74 % de las mujeres declaró haber sido víctima de algún hecho violento en el marco del conflicto armado”.
(Lea también: «La cárcel reproduce la subordinación de las mujeres y la refuerza»: investigadores Javeriana)
El primer gran reto, asegura el reporte, es tomar todos estos datos y determinar qué interacciones existen entre condiciones de vida y participación en actividades delictivas. Luego, analizarlos pensando en crear una política pública de drogas que tenga un enfoque de género, que tenga en cuenta como en la sociedad colombiana todavía la mujer tiene roles de “subordinación”. Incluir el enfoque de género aportará “a la construcción de un nuevo marco cultural en el que se haga un reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres desde el enfoque basado en derechos, aun en circunstancias tan difíciles como las relacionadas con el narcotráfico”.
Y es que, de acuerdo con los resultados, el 19.2 % de las encuestadas vivió antes de cumplir 15 años la falta del padre o de la madre; la separación de sus padres; huir del hogar y habitar en zonas donde eran comunes los delitos con drogas. Para hablar de hogares, baste indicar que 47 % tenía a cargo a una o dos personas y otro 29 % a entre tres y cinco personas. Así, la mayoría reportó que el dinero no era suficiente para cubrir los gastos mínimos de un hogar. Al comparar estos datos con talleres realizados por el Ministerio en Bogotá y Jamundí se encontraron varias coincidencias: una asociación “fuerte” entre falta de recursos y las dificultades para acceder a la educación, con falta de empleo, “lo que facilitó (el) ingreso en la cadena del narcotráfico.
“En segundo lugar, la jefatura de hogar femenina en estas condiciones de precariedad constituye un factor adicional de impulso hacia la ilegalidad, dado que la asignación social del rol de protección y reproducción de la vida y la cultura se encuentra fuertemente centrado en las mujeres; no cumplir con esta obligación definida culturalmente les impone una sanción social más fuerte, por lo que la percepción de la necesidad es superior, generando en ellas una mayor condición de vulnerabilidad”.
(Le puede interesar: “El sistema penitenciario ha sido pensado para los hombres”: investigadora de la Javeriana)
Según el informe, no tener para lo básico fue la motivación más frecuente para cometer el delito. Luego le sigue que querían tener dinero. Unas dicen que son inocentes (16%), que un amigo las involucró en el delito (24, 7%); que lo hicieron por influencia del esposo o de un familiar el (23,1%), entre otros. Otro de los puntos clave del informe es que el 95 % de las detenidas no tenía otro proceso judicial abierto; pero sí ya habían sido condenadas (71%) al menos una vez también por drogas, o por concierto para delinquir y hurto.
Eso sí, de todas las condenadas, el 82 % solo fueron condenadas por tráfico de estupefacientes y un 85% dice que no sabía cuál era la pena del delito que estaba cometiendo “y de estas, el 95,97 % afirmó que, de haber conocido la pena, no habría cometido el delito”. Además, la mayoría tuvo un defensor público y se le recomendó declarase culpables. En cuanto a su situación actual, las mujeres presentan problemas digestivos, en los huesos y mentales; apenas el 30, 6% recibe visita conyugal: reciben dinero de sus familias y un 10 % es consumidora de sustancias psicoactivas.
“La elección de las mujeres para cumplir con alguna labor en el narcotráfico se da, entre otros factores, porque estas logran pasar desapercibidas ante las autoridades, y por manejar situaciones de presión y alta tensión ante escenarios de control y posible captura en manos de las autoridades. Lo anterior no es extraño cuando, en el primer caso, la mayor parte de los servidores de la fuerza pública y de los controles de aduanas son hombres, de manera que el ejercicio del rol de control del tráfico está mediado por las diferencias sexuales”, asegura el informe.
(Lea también: Cierran cocinas de la cárcel de mujeres El Buen Pastor por condiciones de salubridad)
Otro reto que expone el documento es identificar elementos que permitan evita la comisión de delitos y se recomienda que la carga fiscal de todas estas acciones recaiga sobre el Gobierno Nacional, pero con apoyo de organizaciones mujeres, y con interacción de los gobiernos locales. Y se recomienda igualmente crear medidas para que las mujeres indígenas detenidas por estos casos cumplan sus penas de otra manera. Expertos consultados por El Espectador aseguraron que este informe enfatiza la necesidad de cumplir con el Acuerdo de Paz en el punto que habla de crear un trato diferenciado para mujeres presas por drogas, cosa que no se ha reglamentado a la fecha.
Conoce más