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El gobierno nacional anunció, este 3 de septiembre, en sus palabras la más grande entrega de tierras en la historia de Colombia en el marco de la reforma rural integral. Desde Montería (Córdoba), el presidente Gustavo Petro dio a conocer que, durante este mes, en 18.000 hectáreas de ese departamento y Magdalena serán ubicadas asociaciones y familias campesinas víctimas del conflicto armado. Los terrenos habían sido entregados hace más de una década al Estado, y en otros casos incautados a antiguos jefes paramilitares durante los procesos de Justicia y Paz. La noticia fue entregada en compañía de Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas, uno de los más sanguinarios protagonistas del conflicto armado aún con vida. Pero, el evento tenía un propósito adicional: anunciar la creación de la mesa de trabajo por la búsqueda de tierras despojadas por el paramilitarismo.
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Petro, al cierre de su intervención, miró a Mancuso y le dijo: “le propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes. Esta vez sin traición. Esta vez sin miedo a la verdad”. Luego, en atención a medios, el jefe de Estado agregó que por ahora piensa incluir en esa mesa a Salvatore Mancuso, dado que ya cuenta con el aval del Ejecutivo y de la justicia para cumplir con funciones de gestor de paz. Asimismo, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, excomandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, y Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de ese grupo criminal. Todos comparten responsabilidad por las 205.028 víctimas que dejó el paramilitarismo, según la Comisión de la Verdad. Ahora, podrían actuar en conjunto como gestores de paz. Estos son sus perfiles.
Salvatore Mancuso
Alias El Mono, como fue conocido durante la guerra, nació y creció como un ciudadano más en Córdoba. En su juventud y adultez fue un ganadero de las regiones de Montería y Tierralta, contando con estudios en ingeniería civil y administración agropecuaria. Su historia de vida data que las asfixiantes extorsiones del Ejército Popular de Liberación (EPL) lo llevaron a agrupar paramilitares, que luego fueron reclutados en la casa Castaño para engrosar las Autodefensas en los noventas. Desde allí, organizó la expansión de los paras por el norte y oriente del país. En su Córdoba natal, Mancuso era autoridad de facto, y su legado se mide en al menos 25 masacres, 2.485 asesinatos y 1.189 desaparecidos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es responsable por la persecución a líderes sindicalistas y estudiantiles en la Universidad de Córdoba.
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Mancuso fue uno de los líderes paramilitares que participó del proyecto de desarme de las Autodefensas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en 2004. Sin embargo, en 2008, fue extraditado junto a otros 13 jefes criminales bajo la sospecha de haber recaído en delitos. Desde entonces estuvo preso pagando delitos de narcotráfico, entregando parte de sus bienes al Estado y aportando su verdad ante el sistema de Justicia y Paz, lo que permitió llegar a macrocondenas contra mandos altos, medios y bajos del paramilitarismo. Sus últimos años en Estados Unidos los pasó en una prisión de Atlanta, mientras se definía su situación diplomática, pues también cuenta con ciudadanía italiana. Regresó al país el pasado 27 de febrero.
Una vez en Colombia, Mancuso fue conducido a la cárcel La Picota de Bogotá, mientras resolvía múltiples pendientes con la justicia, ante la propuesta de gobierno nacional de actuar como gestor de paz, una figura naciente en la Constitución de 1991 y aplicada en administraciones anteriores. El 18 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo aceptó en su sistema como punto bisagra entre paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado, situación que lo ha llevado a participar en audiencias de verdad. Luego, una sala de justicia y paz nacional, que agrupó todos sus casos en esa justicia trancisional, le otorgó la libertad para ejercer su gestoría. Si bien le prohibió a Mancuso ir a esos departamentos donde dejó una estela de sangre, como Córdoba, le permitió estar siempre y cuando cumpla funciones para la paz.
Por ello, Mancuso pudo participar del evento en Córdoba, donde dijo que asume “la responsabilidad que me corresponde. Con estas entregas se dignifica a las comunidades rurales, que tanto castigamos injustamente en el conflicto armado”. Asimismo, en diálogo con medios de comunicación agregó que las conversaciones están adelantadas para integrar la mesa, la cual tendrá énfasis en la búsqueda de tierras del paramilitarismo para ser entregadas a las víctimas. De hecho, el pasado 24 de septiembre, Mancuso explicó que ayudará a la Unidad para las Víctimas a encontrar alrededor de 400 bienes que, desde 2006, no han sido incluidos en los listados oficiales. Sin más pendientes con la justicia, por ahora, “el mono” seguirá ayudando en el proyecto de paz del gobierno de turno.
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Macaco
Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco y excomandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, también estuvo presente en la entrega de tierras, pero de manera virtual, porque está preso en la cárcel de Itagüí. “Conocí Buenavista (Córdoba). Contribuí en el pasado con la entrega de una hacienda, durante mi proceso de desmovilización. Lamento profundamente que mi intervención hoy sea de esta manera, me hubiera gustado estar presente en este evento. Sé que las personas que han sido afectadas por el conflicto hoy ven una reparación que se hace efectiva. Soy testigo de este momento histórico, donde la justicia y reparación comienzan a cobrar vida para quienes tanto han sufrido”, dijo.
Alias Macaco fue miembro del Cartel del Norte del Valle, bajo el mando de alias Rasguño, y se convirtió en paramilitar en 1998, cuando aportó financieramente a los hermanos Castaño en su carrera por expandir las Autodefensas por todo el país. “Los Castaño le cedieron a Macaco el mando de parte de los hombres de las AUC en diferentes regiones del país y le dieron licencia para que entrara a zonas a donde ellos no habían llegado. Fue así como nació el Bloque Central Bolívar, que se extendió por varias regiones de Colombia: Putumayo, Caquetá, Nariño, Valle, Sur de Bolívar, Eje Cafetero, Magdalena Medio y Santander entre otros”, explica el portal Verdad Abierta.
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También fue extraditado en 2008 a Estados Unidos, donde pagó 11 años de cárcel por delitos de narcotráfico. No obstante, durante ese tiempo, en 2014, fue expulsado del sistema de Justicia y Paz por magistrados que verificaban su presente judicial y quienes se enteraron que, desde Estados Unidos, Macaco confirmó haber delinquido después de su proceso de desmovilización. El exjefe paramilitar regresó a Colombia en 2019 y de inmediato fue capturado por orden de un fiscal especializado en Derechos Humanos, quien le imputó cerca de 100 hechos adicionales cometidos durante su paso por el Bloque Central Bolívar. Además, ha pedido pista en la JEP, pero hasta el momento no ha podido entregar su verdad por líos procesales con los magistrados que llevan su caso. Aparte, el pasado 24 de abril fue condenado a 23 años de cárcel por el homicidio de un líder sindical en Antioquia, en 2003.
Jorge 40
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, fue comandante del Bloque Norte de las Autodefensas y con él se cierra el listado de los primeros tres exjefes paramilitares que podrían integrar la nueva mesa propuesta por el presidente Petro. Empezó en el paramilitarismo en 1996, cuando un general de la primera división del Ejército reunió a miembros de familias importantes de la región nororiental del país para crear grupos de autodefensa. En esa época, las familias más influyentes de Cesar eran con frecuencia extorsionadas o secuestradas por el ELN y las FARC. En 1997, Jorge 40 adoptó este alias luego de reunirse con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño en Córdoba para forjar una alianza a nivel nacional de grupos paramilitares. A partir de allí, las masacres, desplazamientos y asesinatos perpetrados por sus hombres dejaron miles de víctimas en medio de una supuesta lucha antisubversiva.
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Entre las tristemente célebres masacres ordenadas por Jorge 40 está la del Salado, en el Carmen de Bolívar. Según los testimonios de los habitantes de ese corregimiento al sur de Bolívar, cerca de 450 paramilitares ingresaron a la zona entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000. Luego de asesinar a 60 personas, cientos de familias huyeron despavoridas. El hecho es recordado por detalles tan crudos como haber jugado fútbol con la cabeza de las víctimas. En septiembre de 2020, Jorge 40 regresó a Colombia tras pagar delitos por narcotráfico y pidió pista en la JEP, prometiendo a los magistrados información valiosa y desconocida sobre el conflicto armado. No obstante, en audiencias de verdad concedidas a su favor, se negó a contar información de interés judicial y hasta aprovechó el espacio para justificar su ingreso al paramilitarismo.
Jorge 40 fue expulsado del sistema de Justicia y Paz, asimismo, por renuencia a contar lo que sabe de la guerra, dejando, en su momento, 20.855 hechos delictivos sin esclarecer en la Costa Caribe. Actualmente, está recluido en la cárcel la Picaleña de Ibagué y purgando los pecados judiciales de los que no pudo obtener beneficio tras ser expulsado de todo tipo de justicia transicional. Si el gobierno de Gustavo Petro quiere postularlo como gestor de paz, deberá implementar acciones adicionales ante la justicia, teniendo en cuenta que Jorge 40 no está incluido en ningún sistema de justicia transicional y está sujeto a las leyes de la justicia ordinaria. En todo caso, su nombre ya está presente en la mente de Gustavo Petro.
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