Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Fiscalía acaba de dejar en firme el llamado a juicio del exjefe de seguridad de Ecopetrol, José Eduardo González, quien habría sido enlace entre los integrantes de la Fuerza Pública y los paramilitares de Santander y Sur del Cesar, autores del asesinato de ocho personas y la desaparición de un número indeterminado de personas en mayo de 1998 en Barrancabermeja. Además de González, hay otros cuatro miembros de la Fuerza Pública que están siendo procesados por su presunta participación en estos hechos y que luego de más de dos décadas la justicia ha dado pocos pasos.
Vea: Suspenden orden de captura a coronel (r) vinculado en masacre en Barrancabermeja
Uno de los más mencionados dentro de las investigaciones es Oswaldo Prada Escobar, mayor del Batallón Nueva Granada de la Quinta Brigada del Ejército. En 1987, Prada Escobar tenía el grado de subteniente y en 1988 se desempeñaría como comandante de la base militar de Campo Capote (Puerto Parra), adscrita al Batallón de Infantería No. 40 Luciano D’ Elhuyar. Durante esta época se presentaron la desaparición de tres pobladores. Testigos de la zona señalaron que la última vez que se los vio fue entrando a la base militar.
Durante esta época, en la región delinquía una estructura paramilitar que se conocía como Los Masetos y a la que se le ha señalado de ser financiados por Gonzalo Rodríguez Gacha y otro criminales del Meta y Casanare. En 1989, Prada Escobar ascendería a teniente, siendo luego adscrito a la XX Brigada.
Al poco tiempo alcanzaría el grado de Capitán. Prada Escobar para el 16 de Mayo de 1998, fecha en la que paramilitares asesinaron a siete personas y desaparecieron a veinticinco en una incursión a los barrios nororientales y surorientales de Barrancabermeja, se desempeñaba como jefe del S-2 (inteligencia) del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada. El otro uniformado del Ejército que está siendo investigado es John Guzmán Santos, quien para el momento de los hechos comandante de la Base Termoeléctrica.
Por esta masacre de “Barranca”, la Procuraduría General decidió el 27 de Agosto de 1999 separarlo de las fuerzas militares, teniendo en cuenta que estaba enterado de un informe de inteligencia que daba cuenta de la posible incursión paramilitar. El Ministerio Público también sacó en ese momento al comandante de la base militar Pozo Siete.
En abril de 2018, otro de los llamados a juicio por estos crímenes, tras manifestar su intención de someterse a la Jurisdicción Especial de Paz, un juzgado le suspendió la orden de captura que existía en contra del coronel (r) Joaquín Correa López. Esta decisión judicial tuvo en cuenta el decreto 706 de 2017 que, por el Acuerdo de Paz, permite suspender órdenes de captura a uniformados que tengan cuentas pendientes ante la justicia por hechos relacionados con el conflicto.
El coronel (r) Correa López era el comandante de Policía del Magdalena Medio para la época y está llamado a responder por supuestamente asociarse con las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar para la incursión armada. Fue en los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia de Barrancabermeja, Santander, hasta donde llegaron hombres armados en varios vehículos. Fueron asesinadas siete personas y 25 fueron desaparecidas. Hasta el momento, han sido hallados diez cuerpos y ocho han sido entregados a sus familiares.
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga señaló que se cumplen con los requisitos para levantar la orden de detención, por tratarse de un hecho que guarda relación con el conflicto armado. Y le ordenó a Correa López que vaya hasta ese despacho y firme el acta de compromiso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En este caso, el uniformado había alegado que no tenía recursos para trasladarse allí desde Bogotá y que tenía algunos quebrantos de salud.
“Es una afirmación que no se compadece con los elementos allegados al proceso, puesto que a pesar de que es un prófugo de la justicia, aparece un certificado emitido por el centro integral de trámites, CITSE, donde señala que el acusado Joaquín Correa López, devenga mensualmente (…), entonces cuál carencia de recursos económicos que le impidan trasladarse para suscribir el acta, máxime si es su real intención acogerse a dicha jurisdicción y no continuar evadiendo la justicia”, dice la decisión.
El colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representante de las víctimas señaló que a pesar de que esta decisión contra el excapitán González se toma más de tres años después de que se presentaron los recursos de apelación por parte de la defensa esperan que se llegue a enjuiciar a la totalidad de los reponsables de la masacre.
«Saludamos con esperanza de justicia la decisión adoptada y reafirmamos nuestro compromiso y exigencia tanto a la justicia ordinaria como a la justicia transicional para que se conozca toda la verdad y se vincule e identifique efectivamente a la totalidad de miembros de la fuerza pública y organismos de inteligencia del Estado que concertaron con los paramilitares la comisión de esta masacre», señaló la organización defensora de derechos humanos.
Conoce más