Radican acusación contra primeros implicados en carrusel de la salud

Ante un juez con Funciones de Conocimiento de Bogotá fue radicado el escrito de acusación contra los cinco primeros implicados en el multimillonario fraude a la salud, que fueron capturados en el Ministerio de la protección Social el 4 de mayo pasado, el mismo día en el cual el Gobierno dio a conocer la existencia de una compleja red de corrupción dedicada desangrar el sistema. Allí se sustentan las motivaciones que llevaron a la cárcel, de manera preventiova a Claudia Patricia Rojas Puerta, coordinadora de cobros y reclamaciones de la Unidad de Análisis de Recobro del Ministerio; Luis Andrés Ruiz Martínez, encargado de administrar las bases de datos; Edgar Isaías Medina Millán, asesor externo para EPS en recobros relacionados con empresa de consultorías; Héctor Mauricio Duran Poveda, subgerente de cartera de Sanitas y John Carlos Lemus Rodríguez, trabajador particular. Rojas Puerta y Ruiz Martínez, según lo muestra el material probatorio recopilado por la Fiscalía, utilizaban información de las tutelas negadas a los pacientes de las EPS para levantar la prohibición sobre el pago de medicinas y procedimientos médicos. Adicionalmente, se crearon varias empresas que fungían de intermediarias, como firmas de asesoría externa,  que tramitaban el cobro de los recursos al Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga, a favor de empresas de salud como Saludcoop, Colpatria, Solsalud y Coomeva, enmtre algunas otras. El grado de prolijidad con el que operaba la supuesta plataforma de corrupción incluía talleres de formación a los empleados de las EPS, en el propósito de capacitarlos para dar trámite a los sistemas de recobro. Según el organismo de control penal, los asesores Edgar Isaías Medina Millán y John Carlos Lemus Rodríguez estaban encargados de cumplir con esta etapa. Aparentemente, el dinero llegaba en efectivo a manos de Claudia Patricia Rojas Puerta, quien determinaba los porcentajes que recibiría cada interviniente en el irregular recobro de los servicios no contemplados por el Plan Obligatorio de Salud, POS, que son los que financia el Fosyga. Bajo esa estratagema, dice la investigación, la funcionaria se hizo a por lo menos 119 millones de pesos de los cerca de 4 billones y medio que habrían sido defraudados a través de este sofisticado sistema de corrupción. Tras la cancelación de por los menos 200.000 pesos a los testaferros de cada uno de los implicados, asegura el ente acusador, se prevé que los demás intervinientes hayan recibido comisiones que iban desde los 15 hasta los 48 millones de pesos.