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Radican denuncia contra magistrado que suspendió fallo contra Petro

Se considera que incurrió en el delito de prevaricato y fraude a resolución judicial.

16 de enero de 2014 – 06:23 a. m.

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Ante la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura será radicada una denuncia y queja disciplinaria, respectivamente, en contra del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta quien el pasado martes ordenó la suspensión provisional del fallo que sancionó disciplinariamente al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

La acción será presentada por el abogado Carlos José Castro Fresneda se indica que el togado incurrió en los delitos de prevaricato por acción y omisión y fraude a resolución judicial, puesto que se tenía que haber declarado impedido para conocer esta tutela ya que su esposa trabaja en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

En este sentido señala que el magistrado conocía todo el proceso disciplinario que se adelantaba en contra el mandatario distrital por las irregularidades en la planeación y ejecución del modelo de aseo en Bogotá, cuyos contratos le fueron entregados al Acueducto de Bogotá para el manejo y recolección de basuras.

Para el accionante, el magistrado se tuvo que declarar impedido en el momento en el que la tutela llegó a su despacho se tuvo que declarar impedido inmediatamente, sin embargo el togado tomó una decisión de fondo, la aceptó y ordenó las medidas cautelares.

Igualmente señala que se presentó una extralimitación de sus funciones, puesto que omitió sentencias de la Corte Constitucional que indican que la tutela es el último recurso en un proceso judicial.

“En este caso la decisión de la Procuraduría había sido objeto de reposición ante el mismo, porque no tiene apelación. Luego el magistrado no había debido siquiera admitir la tutela y menos tomar una medida transitoria como la impedir los efectos del fallo del Procurador General”, precisó.

En este punto señaló que “el magistrado tiene antecedentes por no haberse declarado impedido en otra oportunidad, y ahora tiene un agravante, que son los vínculos de su esposa con el Acueducto y creo que tuvo que ver con la adjudicación de los famosos carros recolectores de basuras cuyo aspecto físico era deplorable”.

El abogado señaló que igualmente el magistrado incurrió en una falta al indicar que la Procuraduría General no tenía la facultad para abrir una investigación y mucho menos sancionar a un funcionario público elegido por voto popular. 

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