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En los pasillos del búnker de la Fiscalía, un chiste común es: “Te estás portando mal, te van a mandar al Chocó”. A pesar de que, desde que un fiscal se posesiona le advierten que su trabajo puede llevar a movimientos por todo el país, el traslado a otra región ha sido visto por años como una forma de castigo. La reubicación de la fiscal Angélica Monsalve a Putumayo, luego de que citara a imputación de cargos a tres miembros de una familia de la élite bogotana, ha vuelto a poner sobre la mesa esta figura. Mientras surgen evidencias de las presiones que Monsalve habría recibido, El Espectador reconstruyó casos de otros fiscales que han tenido la misma suerte en la era Barbosa.
En los dos años que lleva de fiscal general Francisco Barbosa, 3.000 funcionarios han sido reubicados o trasladados. Desde la entidad aseguraron que es el mismo promedio anual de traslados que han tenido otros fiscales generales y que, en la mayoría de casos, se trata de servidores públicos de las capitales, que tienen una trayectoria y son enviados a lugares en los que la justicia escasea y los crímenes solo van al alza, pues en Colombia apenas hay 5.000 fiscales. “Estamos tomando a la gente con más experiencia y la enviamos a los lugares con más incidencia de delitos”, le explicó a este diario Astrid Rojas, directora ejecutiva de la Fiscalía.
Sin embargo, el caso de Monsalve dio pie para un pronunciamiento de Diego García-Sayán, relator de la ONU para la independencia de jueces y fiscales. “Parece ser una grave interferencia indebida en la búsqueda de justicia”, comentó. Además, el periodista Daniel Coronell ha revelado audios de reuniones entre Monsalve y Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda. En los encuentros, le pedían reconsiderar su decisión de imputar a Carlos y Javier Ríos Velilla, y a su sobrino, Felipe Ríos Londoño, porque los dos primeros estarían detrás de una empresa que se quedó con un millonario contrato de Transmilenio cuando el último era concejal.
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José Fredy Restrepo, presidente del sindicato de trabajadores de la rama Judicial (Asonal), le envió una carta al fiscal Francisco Barbosa en la que le advierte de casos en los que se estaría reubicando a funcionarios como castigo, lo que a su juicio viola la independencia judicial. “Según lo que nos han allegado, se evidencia la fórmula del traslado-sanción. Ello por decisiones y actuaciones en ejercicio de sus funciones”, dice la misiva. Y lista a ocho fiscales, además de Monsalve, que terminaron trasladados luego de manejar casos delicados. El Espectador conoció otros siete casos similares de los últimos dos años.
Algunos casos conocidos son el de Daniel Cardona, el fiscal que imputó a Esteban Ramos, hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos. Pese a que recibió presiones, se mantuvo firme en imputar a Ramos y lo trasladaron un mes después, de Bogotá a Nariño. También el de Jaime Zetien, fiscal auxiliar ante la Corte Suprema que fue enviado a Cúcuta. En su momento, este diario reportó el caso de Mauricio Ponce, fiscal que investigaba el magnicidio de Carlos Pizarro, quien terminó trasladado a Chocó. Y, recientemente, Karol Manotas, fiscal que investiga el caso de la petrolera Monómeros, fue enviada a Caquetá.
La directora ejecutiva del ente investigador dijo que están tranquilos porque todas las decisiones de traslado o reubicación están “debidamente motivadas”. Según explicó, el trámite funciona así: algún directivo de la Fiscalía —generalmente, los delegados para Seguridad Ciudadana, Finanzas Criminales u Organizaciones Criminales— le dice a su despacho que se necesita un fiscal o un investigador en determinada región, bien sea porque las autoridades locales lo piden o porque hay un aumento en los delitos. La oficina de Rojas estudia la hoja de vida, revisa que el funcionario no tenga personas a cargo y, en cuestión de días, emite la resolución de traslado.
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“Si el traslado es por una necesidad del servicio, hay que sacarlo pronto”, explicó la directora ejecutiva sobre la premura, apelando al argumento que más se usa en las resoluciones de traslado. Esa necesidad en el servicio aparece, por ejemplo, en el traslado de Monsalve. Entre las razones que puede haber para reubicar a un fiscal en lugar de otro puede ser que el funcionario ha sufrido amenazas, que hay investigaciones en su contra por hechos de corrupción o que su productividad en cifras no es la ideal. “Hemos encontrado fiscales delegados ante tribunal ―uno de los cargos más altos― que hacían cuatro diligencias al año”, comentó Rojas. Uno de los casos que conoció este diario fue el de la fiscal especializada Ana Victoria Nieto, capturada en mayo de 2021 y procesada por supuestos nexos con la mafia en Cali. Cuatro meses antes de que le imputaran cargos, la Fiscalía la trasladó del Valle a Arauca, pero ella interpuso una tutela que frenó el movimiento. El argumento del juez que congeló la reubicación fue que la entidad no había tenido en cuenta la situación familiar de la fiscal y la salud de su hijo. Nieto pudo permanecer en su cargo en la misma ciudad donde, al parecer, habría cometido actos de corrupción y a escasos metros de quienes la investigaban.
Muchos fiscales acuden a la tutela para pelear su traslado. La Corte Constitucional, de hecho, ha establecido reglas claras y considera que la reubicación de un funcionario de la Fiscalía es arbitraria cuando: no se tuvieron en cuenta las condiciones personales del servidor público, se desmejoran sus condiciones laborales o se afectan gravemente sus derechos o los de su familia. Según Rojas, en el estudio que hace su despacho de cada solicitud de traslado tienen en cuenta estos factores, con base en lo que los funcionarios declaran en sus hojas de vida; pero en ocasiones esa información está desactualizada.
Ahora bien, ninguno de esos argumentos que estudia la Fiscalía aparecen en la resolución que ordena el traslado: los fiscales, generalmente, reciben un escueto documento de una página. Se los envían al correo, cualquier día, sin un aviso previo. Desde la Fiscalía aseguraron que no están obligados a explicarles a sus funcionarios que serán enviados a otro lugar antes de que reciban con sorpresa la resolución. “No es como en el sector privado, no hay que llamar al funcionario a descargos ni se le consulta, se le notifica la decisión porque somos planta global y flexible, e igual puede presentar recursos”, explicó la directora ejecutiva.
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En los casos que documentó este diario, ese factor sorpresa y la ausencia de una explicación atraviesan las historias de las reubicaciones. Un fiscal trasladado que habló con este diario contó que, cuando recibió en su correo la resolución que lo enviaba a otro departamento y no contenía mayor explicación, el delegado que estaba por encima de su jefe le preguntó si había peleado con las personas que ordenaron su traslado. Otro fiscal contó que recibió la resolución mientras estaba en licencia de paternidad. Y en otro caso, su envío a otro lugar coincidió con que le quitaron un caso al que le había dedicado buena parte de su carrera.
Esa es otra preocupación de Asonal, pues si bien las investigaciones no quedan huérfanas, pasan a manos de un fiscal que no conoce el expediente, lo que ralentiza todo el proceso. En la carta que le envió el sindicato a Barbosa, escribió: “Los traslados obligan a abandonar casos exitosos en fases procesales delicadas, sin garantía de que en corto tiempo el fiscal que asume puede abordarlo con igual dominio y conocimiento, generando en muchas ocasiones afectaciones a la labor del ente acusador y el ideal de lograr justicia”. En el caso de Angélica Monsalve, ella mantendrá la investigación contra los Ríos.
Según explicó la Fiscalía, como Monsalve radicó una solicitud de imputación antes de ser trasladada, el proceso continúa en sus manos. Además, interpuso un recurso de reposición contra su traslado, que el ente investigador debe resolver en máximo dos meses. En teoría, ella misma y desde Bogotá podría imputarles cargos a Felipe, Carlos y Javier Ríos por el expediente de Recaudo Bogotá y Transmilenio; pero no ocurre así en todos los casos. “Todo ello va en desmedro no solo de la independencia judicial, que también protege a los fiscales, sino también del acceso a la justicia”, remató Asonal en la carta que le envió a Barbosa.
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Según la directora Rojas, en los recursos de reposición que interponen fiscales como Monsalve para pelear sus traslados no se ha encontrado con uno solo en el que el fiscal diga que se pondría en peligro el caso que lleva si lo cambian de ciudad. Y, si bien la productividad de cada despacho es una variable importante al decidir sobre una reubicación —es decir, que evalúan cuántas imputaciones y cuántos procesos tiene un fiscal—, no es el factor determinante. La funcionaria aseguró que tienen en cuenta la complejidad de los expedientes que maneja cada fiscal antes de tomar una decisión.
Entre los casos que documentó este diario también hay dos en los que los fiscales aseguran que fueron trasladados porque estaban siendo perseguidos por personas en la cúpula de la Fiscalía. La directora ejecutiva aseguró que si un funcionario siente que fue reubicado por esa razón, es su obligación denunciar el acoso laboral. En ese escenario, el búnker debe frenar en seco y el traslado no se realiza. Sin embargo, “todo se queda en un chisme”, añadió, porque entre los casos que han escalado a demandas y tutelas no hay uno solo en el que se mencione que están siendo acosados.
Mientras surgen evidencias de las presiones que, al parecer, sufrió la fiscal Monsalve para no imputar a los Ríos Velilla, Asonal le pidió al fiscal Barbosa que cesen los traslados “sin la debida sustentación”. Desde el ente investigador insisten en que Barbosa respeta la autonomía de los fiscales para tomar decisiones y que, además, no se mete en los traslados. Entretanto, los audios que ha revelado el periodista Daniel Coronell comprometen al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien ha negado cualquier acto ilegal. Lo que comenzó como un escándalo por un traslado supuestamente impuesto como castigo va cogiendo matices de tráfico de influencias.
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