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“Llevamos semanas preocupados de que atenten contra nuestra vida o que a alguno lo secuestren”. Quien habla de manera anónima, por temor a represalias, es un guardia de la cárcel La Modelo, en el sur de Bogotá. Su preocupación radica en un asunto que tiene a las autoridades en máxima alerta y vuelve a dejar en entredicho al sistema carcelario colombiano: el asesinato a manos de dos sicarios del coronel (r) Élmer Fernández, director de ese establecimiento, el pasado jueves 16 de mayo. La última vez que la cabeza de un penal fue asesinado ocurrió en 2002, en Cúcuta, y ahora la noticia hace recordar con mayor intensidad que las cárceles son un territorio hostil del que no se salvan ni los altos funcionarios.
Desde 2017, según la Defensoría, en promedio, cada año asesinan a siete guardias del Inpec, encargados de la custodia de los presos en Colombia. La situación es tan insostenible que, desde febrero pasado, el Gobierno se vio obligado a decretar el estado de emergencia carcelaria que, se supone, se traduciría en nuevas medidas de seguridad y aporte de recursos para frenar la violencia. Contrario a ello, los criminales siguieron persiguiendo a los funcionarios, al punto de que ya van cuatro guardianes asesinados, la mayoría de ellos cerca de su trabajo, y se gestó el crimen contra Fernández. Una radiografía hecha por este diario muestra que estar bajo amenaza en el Inpec es común y que la garantía de obtener protección es escasa.
Ni los directores se salvan
El Inpec es una institución en estado de emergencia y, por ello, el coronel Daniel Gutiérrez, director de la entidad, ha tomado decisiones. Entre ellas, en el marco de la Operación Dominó, el traslado de líderes criminales que siguen siendo un problema, aun privados de la libertad. Una de las primeras medidas, en febrero, fue trasladar a Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada, de La Picota de Bogotá a la Tramacúa de Valledupar. Lo mismo ha sucedido con criminales como alias Kenner, líder de Los Cebolleros de Ibagué, y alias Satanás, líder de la banda que lleva su alias, en Bogotá. Gutiérrez explica que es una estrategia para cortar sus comunicaciones y aislarlos en celdas especiales.
La Operación Dominó también fue aplicada en La Modelo, tras el asesinato de Fernández. De inmediato fue trasladado Pedro Nel Caro, alias Pedro Pluma, cuyo nombre está inscrito en una amenaza que días previos le llegó a la víctima, a quien se le reprochó haber ordenado una requisa en el patio 4A. La zona de reincidentes que este Pluma, líder de facto, comandaba en La Modelo. Vincular a Pedro Pluma con el crimen es, hasta ahora, una de las hipótesis de las autoridades. Néstor Osuna, ministro de Justicia, agregó que también se indaga en la responsabilidad de guardias. Y, por último, alias Pipe Tuluá, cuya organización suele amenazar a funcionarios, aseguró en entrevista radial que nada tiene que ver.
El Espectador habló con fuentes cercanas al patio 4A de La Modelo y conoció una hipótesis hasta ahora inadvertida: la amenaza firmada en nombre de Pedro Pluma, y quizás el atentado, sería obra del presidiario que responde a las siglas de HGPM. Para entender cómo este criminal entra en el rompecabezas hay que situarse tres días antes de la muerte de Fernández. “En ese patio, en el pasillo tres, se presentó un motín. Salieron unos internos heridos y a otros los sacaron del patio por problemas de convivencia. Hay problemas internos”, dijo un guardia. Las fuentes coinciden en que había una pugna interna por el liderazgo del patio, de unos 450 internos. Según esta versión, Páez Melo estaba buscando el control del 4A.
“El pabellón venía en conflictos y alteración. Había internos que querían tomarse el pabellón y quitar a Pedro Pluma. Por realizar el motín, que es algo que no ha salido a medios, a esos internos al otro día los mandaron para otros patios. A HGPM lo mandaron para el patio 5, pero después de la muerte del director lo sacaron de la cárcel”, agrega la fuente. De hecho, el director del Inpec confirmó haber trasladado a 15 “plumas” tras la muerte de Fernández. Luego, las personas consultadas coinciden en que, según lo relatado desde dentro del patio, HGPM habría hecho llegar la amenaza a Fernández con el objetivo de hacer trasladar a Pedro Pluma, aprovechándose así de la Operación Dominó.
Este diario consultó al director del Inpec sobre la efectividad de los constantes traslados, a raíz de esta nueva hipótesis y según la denuncia de los sindicatos que, esta semana, protestaron en el edificio central de la entidad, gritando que Gutiérrez toma “medidas improvisadas”. El coronel respondió: “Los traslados y los operativos son el común denominador de nuestro rol funcional. Si impacta o no en la seguridad, no lo podemos determinar. Nuestro desafío es evitar que haya motines y alteraciones del orden dentro de las cárceles. Nuestro reto es evitar que nos sigan matando funcionarios y no perder el control y la disciplina de los establecimientos, evitando que haya líderes negativos o mal llamados ‘plumas’”.
De otro lado, detalles de las entrañas del patio 4A son cruciales para validar la teoría conocida por este diario. Por ejemplo, funcionarios se preguntan: ¿por qué Pedro Pluma “alborotaría el avispero” teniendo pleno control del patio 4A? Este sujeto tiene 16 ingresos a distintas cárceles y llevaba un año y ocho meses cómodo en La Modelo. Otra fuente señala que el patio 4A de La Modelo es apetecido por los líderes criminales, pues “son solo dos funcionarios de guardia para 400 privados de la libertad. Entran solo esos dos a contar el patio y, al final, queda solo una persona por turno. Es necesario aumentar el pie de fuerza, porque por eso ellos ejercen un autocontrol”, explicó.
Lo cierto es que, mientras se esclarece el motivo y el autor del homicidio de Fernández, la criminalidad dio uno de los golpes más duros contra la institucionalidad carcelaria en la historia reciente. La última vez que delincuentes asesinaron a un director de establecimiento fue en agosto de 2002, cuando el director (e) de la cárcel La Modelo de Cúcuta, Hernán Darío Mejía, fue baleado frente a su casa. Al igual que en el caso de Fernández, esta víctima no tenía escoltas. Con cinco funcionarios del Inpec asesinados este año, las alarmas están encendidas por lo que pueda pasar. La situación es crítica.
Las desfavorables estadísticas
De acuerdo con información interna del Inpec, la cárcel más peligrosa para trabajar como funcionario es la de Tuluá. Al recopilar las amenazas recibidas, entre 2022 y 2024, esa prisión contabiliza 44 amenazas de muerte. El corazón del Valle es la cuna de la banda criminal La Inmaculada, dueña del negocio de la extorsión en Tuluá. Adscrita a esa organización están los denominados Magos, quienes se han dado a conocer en los últimos años por los panfletos amenazantes que aseguran firmar desde la prisión y en los que, incluso, hostigan al director del instituto penitenciario. La Inmaculada sigue delinquiendo a pesar de que Pipe Tuluá y Mauricio Marín Silva, su hermano y alias Nacho, están presos.
Entre las cinco prisiones más peligrosas para trabajar como funcionario del Inpec siguen Jamundí (con 34 episodios entre 2022 y 2024), Ibagué (28), Cúcuta (27) y Cali (21). En la lista, de igual forma, se reportan decenas de amenazas allegadas a las cárceles de El Pedregal (en Medellín), Neiva, Popayán, Villavicencio, La Picota (en Bogotá), Girón (en Santander), Cómbita (en Boyacá), Buenaventura, Quibdó y El Buen Pastor (en Bogotá). En total, el instituto penitenciario registra, en dos años, 506 amenazas contra todo tipo de funcionarios.
Según las estadísticas, en dos años, los directores de establecimientos han sido amenazados de muerte 27 veces, como le pasó a Fernández antes del desenlace fatal. Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia son los funcionarios más perseguidos, pues han reportado 443 amenazas en el periodo analizado. Luego siguen los funcionarios administrativos, que reportan 29 casos, y los auxiliares bachilleres, que se han visto afectados siete veces. La respuesta del Inpec está siendo, en una palabra, tardía. Los datos muestran que 237 de las 506 amenazas reportadas siguen en estudio, 96 fueron catalogadas de riesgo ordinario y 63 de extraordinario.
Por ahora, la Unidad Nacional de Protección, bajo el mando de Augusto Rodríguez, ha tomado decisiones a favor de directores de establecimiento. “Realzamos 18 trámites de emergencia esta semana. A 10 se les entregó esquema de seguridad por primera vez y a otros ocho se le fortalecieron. Debo contarle que implementamos y actualizamos la seguridad para los directores de La Picota, en Bogotá; de la Tramacúa, de Valledupar; de El Barne, en Cómbita; de El Pedregal, en Antioquia, y de Girón, en Santander, entre otras de mediana y máxima seguridad”, le dijo Rodríguez a este diario, quien invita a los funcionarios a solicitar la protección directamente con la UNP para que el Estado pueda actuar de manera urgente en situaciones parecidas a la de Fernández.
Las peticiones
Adolfo Penagos, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia, también considera que la declaratoria de emergencia carcelaria está fracasando. “Tenemos unas problemáticas fuertes en los territorios y entre ellas está la falta de intendencia. Me refiero a bastones de mando o gases que permitan actuar frente a problemas de amotinamiento. Hemos hecho la solicitud de fortalecer el tema disciplinario para los guardias corruptos. Y hace meses que solicitamos la seguridad perimetral de los establecimientos. ¿Ha ocurrido? Claro que no. Una semana antes del atentado del director de ‘La Moda’ (La Modelo) detonaron tres disparos en la entrada principal”, dice.
La única medida que se está tomando, tras coordinar con el director Gutiérrez, es ubicar vallas que impidan el paso a terceros en los alrededores de La Modelo, en una estrategia que espera sea ampliada a escala nacional. El Espectador contactó a Ludwing Valero, director de la Uspec, entidad que administra los recursos del sistema penitenciario, quien explicó que es difícil hablar de una inversión en dotación de seguridad cuando, en definitiva, no hay fondos. “Para el tema de los gases estamos haciendo el ajuste presupuestal para contar con el recurso a partir de junio, desbloqueando recursos con el aval del Ministerio de Hacienda. No hay presupuesto oficial para los otros elementos”, dijo.
En conclusión, ser funcionario del Inpec es un trabajo de alto riesgo. El primer guardia consultado para este reportaje concluye que, si el preso es considerado como el eslabón más bajo de la sociedad, los funcionarios del Inpec están aún más abajo. Sobre todo cuando las reformas gubernamentales, dice, se mueven para favorecer cada vez más a los presos, sin siquiera mover un artículo a favor de ellos. “Nosotros somos invisibles en este sector”, reflexiona. Los guardias dicen no saber qué más espera el gobierno de Gustavo Petro para poner en marcha, ahora sí, la emergencia carcelaria, tras tener un director de establecimiento asesinado y con un promedio de siete guardias acribillados por año.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jcote@elespectador.com
@SebasCote95
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