Ramsés Vargas, exrector de la Uniautónoma, fue enviado a la cárcel

La Fiscalía lo investiga por supuestamente pertenecer a una red de corrupción que habría defraudado a la universidad por un valor superior de los $16.000 millones. Otras seis personas también fueron enviadas a prisión.

27 de diciembre de 2018 – 04:39 p. m.
Ramsés Vargas, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe. 
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Ramsés Vargas, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe. / Cortesía

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El Juzgado Séptimo Penal de Garantías envió a la cárcel al exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, por supuestamente haber participado en una red de corrupción que defraudó a la universidad por un valor superior a los $16.000 millones. La Fiscalía lo investiga por los delitos de corrupción privada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado, omisión de agente retenedor o recaudador y amenaza de testigos, cargos que el exdirectivo negó.

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El despacho también envió a prisión a Mariano Romero, Efraín Maldonado, Jesús Pantoja, Pedro Sierra, Johana Hillembrand y Cindy Solar. De acuerdo con la investigación, Vargas Lamadrid y otras ocho personas, entre las que se encuentran funcionarios de los órganos de Dirección de la Universidad (Sala General y Consejo Directivo), Secretaria de Crédito y Cartera, Vicerrectoría Financiera, Contabilidad y Tesorería, habrían participado en esa organización ilegal.

El ente investigador manifestó que el entonces rector y representante legal de la institución reformó un estatuto (131-031 del 5 de diciembre de 2003) con el propósito de implementar una medida administrativa con la que se autorizaba el recaudo del dinero en efectivo por gastos pecuniarios, que provenían de los pagos de matrículas. El manejo de ese dinero es el que investiga la Fiscalía y en que, aseguró, hubo una administración desleal.

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El 21 de mayo de 2013, Ramsés Vargas Lamadrid asumió la rectoría de la universidad en remplazo de Silvia Gette Ponce, a quien a justicia encontró responsable por ofrecer $250 millones al exparamilitar Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, para que cambiara su declaración en la investigación por el crimen del ganadero Fernando Cepeda, registrado en agosto de 2003, en Barranquilla.

En marzo de este año el ente investigador realizó una inspección judicial a la sede de la universidad. Ante este hecho y las constantes denuncias por presuntas irregularidades, su abogado de confianza, Iván Cancino, manifestó que “mi cliente está en total disposición de atender los llamados que haga la justicia, en aras de aclarar todos los asuntos y dudas que haya sobre su gestión como rector de la Universidad”.

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