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Aunque en mayo de 2021, el exsenador Iván Moreno dijo que desde ese momento no rendiría indagatoria, ni pediría nuevas pruebas en sus expedientes, ni tampoco presentaría recurso alguno, el político reapareció en los alegatos finales que se surtieron en su segundo proceso judicial que podría definirse durante el primer semestre del año en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El expediente que empezó en septiembre de 2011 reposa en el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto, quien es la encargada de proyectar el sentido de fallo para que, junto a sus compañeros de Sala, se defina uno de los destinos judiciales del exsenador.
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Durante el año pasado se surtieron los alegatos finales y, aunque, se tenía pronosticado que el político no asistiera, su presencia de manera virtual desde la cárcel La Picota de Bogotá fue una sorpresa para la magistrada Barreto, quien le confirmó que debía rendir interrogatorio. Sin embargo, Moreno Rojas dijo no estar preparado para esa etapa, pero sí estimó pertinente entregar una serie de declaraciones al término de la diligencia que empezó con el testimonio de José María del Castillo Hernández, un contratista del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que rindió un informe ante esa entidad que está catalogada como víctima en el proceso.
Del Castillo Hernández celebró un convenio de prestación de servicios para valorar los supuestos perjuicios que hubo en dos contratos en el que, al parecer, se registraron irregularidades, y en ellas, supuestamente, estuvo vinculado el exsenador. Se trata de los convenios 071 y 072 celebrados en 2008 que tenían la finalidad de adelantar unos proyectos de malla vial en la capital del país. El asesor económico contratado por el IDU, le dijo a l a Corte que basó su informe en una sentencia emitida en contra del contratista Emilio Tapia, condenado por corrupción e investigado actualmente por situaciones similares. Además, tuvo en cuenta los contratos, otrosíes y resoluciones.
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En su reporte, el experto dijo que halló irregularidad en las dádivas que se ofrecieron por parte de los contratistas y algunos miembros del Distrito. Resaltó que esas coimas alcanzaron los $5.003 millones y que no estuvieron soportados una vez salieron del erario. Lo que reposa en el expediente es que ese dinero era el anticipo de los contratos, dinero que estaba destinado, únicamente, para iniciar la obra y no para repartirlo entre los que celebraron el convenio. Del Castillo Hernández dijo que su análisis solo le arrojó que hubo irregularidad en el contrato 071 por problemas financieros al punto de terminar declarando la caducidad de este.
“En el análisis de las resoluciones se presenta que hay una serie de recursos financieros que no tuvieron ningún de soporte. Se destinaron más de $4.000 millones a un grupo de empresas del Grupo Nule. También $2.000 millones que se entregó a un hombre que no tenía ningún tipo de respaldo. No había obra y tampoco soporte de los recursos”, explicó el testigo, quien aseguró que para obtener esa información, el IDU le suministró parte de algunos expedientes y de allí halló que no existieron soportes de cuando se entregaron las dádivas. Edilberto Carrero, representantes de víctimas, por su parte, le endilgó responsabilidad directa a Moreno Rojas sobre la desviación de esos dineros.
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En medio de la diligencia reveló que, Miguel Nule, Manuel Nule y Guido Nule, en declaraciones a la Fiscalía, confirmaron que le dieron dádivas al exsenador Moreno Rojas en el marco de la suscripción y ejecución de los contratos 071 y 072 a través de promesas mercantiles. Según expuso, a Iván Moreno se le giraron dineros por el deprimido de la Calle 94 y las Carreras 15 y 19. “No existe duda alguna que el señor Moreno Rojas está vinculado con conductas punibles que afectan al Distrito capital (…) debe ser juzgado por estos delitos y por la apropiación de dineros. Él actuó como determinador buscando un beneficio económico muy grande y lo lograron a través de una asociación criminal”, resaltó.
Para Carrero está claro que, desde el principio del contrato “querían coger el dinero” porque lo repartieron una vez se ordenó el gasto. “La ciudad necesita ver una condena económica. Necesitamos ver que estas no son solo condenas para que los contratistas que se han dedicado a desfalcar el patrimonio del pueblo sigan burlándose del Estado y la mayoría de los fallos solo les den señalamiento de penas. Debe haber sanciones económicas. Tiene que haber condenas en los perjuicios, porque ese comportamiento fue delictivo”, resaltó el delegado de las víctimas. Pidió que se impusiera condena en contra del político.
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En su defensa, el exsenador empezó diciendo que no tuvo defensa técnica porque se le asignaron un abogado público que no tuvo conocimiento del expediente. “Duró un año defendiéndome sin que se reuniera conmigo”, dijo. Resaltó que, por escrito, el abogado dejó constancia de que la Corte Suprema hizo caso omiso a las solicitudes de conocer la totalidad del expediente. “Eso llevó a que cuando se hiciera la investigación no se hubiese registrado ninguna observación por parte de la mesa técnica. Tampoco pudimos pedir nulidad de la acusación y solicitud de pruebas”, expuso.
Sobre el expediente, en concreto, dijo que no hubo incremento ilícito de su parte, ni tampoco existió una concertación para apropiarse de los recursos del distrito. Dijo que el mismo excontratista Emilio Tapia, en varios procesos judiciales, ha declarado que no lo conocía. “Esto demuestra que no es cierto lo que ha venido diciendo que era la persona de confianza y el intermediario de comisiones ilegales”. El político trajo a colación que, en su momento, un juzgado compulsó copias para que se investigara a Tapia por falso testimonio porque era contradictorio en sus dichos.
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En algunas ocasiones dijo que se reunió con Moreno Rojas y, en otras, decía que no lo conocía ni tenía trato con él. Ese tipo de situación la sacó a la luz el político porque considera que la magistratura no debe tener en cuenta el testimonio de una persona que lo ha cambiado en varias ocasiones. “Hay que decir ¿quiénes se quedaron con esos recursos? Pues se debe decir que fueron los mismos contratistas. Los grandes beneficiarios fueron las empresas del señor Emilio Tapia”, resaltó. Además, junto con su abogado, Mauricio Alarcón, reprocharon que el contratista del IDU, José María del Castillo, no tuvo en cuenta un informe del CTI que rastreó los dineros que dicen se convirtieron en coimas.
Su abogado leyó un informe que decía: “se concluyó que no se ha logrado establecer que los dineros hayan llegado a los hermanos Rojas”. Por su parte, Moreno dijo: “la conclusión del informe es que yo no recibí ningún tipo de dinero. Son tres informes que ratifican esa hipótesis”. El político se defendió de las acusaciones y con la voz entrecortada le pidió a la Sala de Primera Instancia que no accediera a las pretensiones de condena que sobre él se ciernen por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos.
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“Aspiro que no se considere nada diferente a una posición personal de vida, de dolor, de la tragedia, de sufrimiento tan grande que he tenido que padecer por tanto tiempo, y, una constancia que considero es que, después de 11 años, se haga justicia y poder seguir adelante con mi vida”, dijo el político sobre quien también pesa un segundo proceso judicial en el que ya se surtieron todos los trámites para definir su situación jurídica. Ese expediente está en el despacho del magistrado Jorge Caldas y relaciona irregularidades en la contratación para adquirir unas ambulancias. El futuro judicial de Moreno Rojas se podría definir, con estas dos decisiones, en el primer semestre del año.
Sobre el político ya pesa una condena por irregularidades en contratos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). En 2014, la Corte Suprema lo halló responsable de los delitos de concusión (hacer uso de su cargo público para pedir dinero), tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Según la sentencia, el exsenador solicitó coimas a un grupo de empresarios con el fin de asegurarles negocios con la Alcaldía de Bogotá en 2009. Por este tipo de hechos, su hermano, el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, también fue condenado a más de 15 años de prisión.
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