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Internacional Crisis Gruop (ICG) es una organización independiente que presenta informes investigativos para prevenir guerras y diseña políticas para un mundo más pacífico. Tiene presencia en Asia, África, Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Esta vez, la ONG puso la lupa en Colombia, específicamente en el proyecto de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, que busca llegar a negociaciones de paz con el Eln y el sometimiento de grupos armados como el Clan del Golfo o las Autodefensas de la Sierra Nevada. En un reciente informe, le entregó recomendaciones al Gobierno para que el proyecto sea un éxito.
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Para empezar, ICG dejó claro que se trata de un proceso a gran escala. Tras entrevistas a altos mandos de la Fuerza Pública, encontró que, preliminarmente, hay 18.000 miembros de grupos armados y criminales, pero que las cuentas podrían dar el doble. Según su investigación, los informes iniciales dan cuenta de que, por ejemplo, las disidencias Farc han sondeado la posibilidad de cuidar Parques Nacionales Naturales. Otros grupos criminales buscan penas cortas y concesiones económicas, similares a las planteadas en el proyecto de sometimientos del Ministerio de Justicia, el cual, sin embargo, no contempla agrupaciones con fines políticos como el Eln.
“Algunos cercanos a las discusiones dicen que a la Segunda Marquetalia se le podría ofrecer la oportunidad de reincorporarse al acuerdo con las Farc de 2016″, se lee en el documento. Otras ideas que están sobre la mesa, según conoció ICG, es que grupos criminales mantengan sus negocios en mercados como el ganado y el aceite de palma. En todo caso, para la ONG, más allá de los beneficios que el gobierno podría otorgarles, la clave de las negociaciones y los sometimientos está en desarticular a las organizaciones criminales de las economías locales y del control territorial que han ejercido, al utilizar la fuerza y, a la vez, suplantar las funciones del Estado.
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Según el análisis de ICG, los grupos armados ya no ven al Estado como su principal adversario en la lucha por el control territorial, sino que dependen de la coerción de las poblaciones locales. De hecho, pueden mantener su autoridad sin atacar directamente a las instituciones del Estado. Se han enfocado en los últimos años en luchar contra otros grupos delincuenciales y someter a comunidades para lograr bases seguras de operaciones. Tal ha sido la ineficiencia del Estado para controlar esa dinámica de guerra y narcotráfico, que solo el año pasado se presentaron al menos 85.000 casos de desplazamiento forzado. En 2021, los afrocolombianos y los indígenas sufrieron el 57% y el 27%, respectivamente, de la violencia por los combates entre armados.
Al gobierno Petro, entonces, le recomendaron empezar a desmantelar de a poco la presencia de las estructuras criminales en terreno, a la par que avanzan las conversaciones. Una tarea difícil, pero necesaria, pues no solo los grupos llegaron para aterrorizar poblaciones. De a poco controlaron las funciones básicas del Estado en una sociedad. Por ejemplo, el Eln, las disidencias Farc y el Clan del Golfo, se han ofrecido como la justicia regional y como mecanismos para, incluso, prevenir el delito. Ofrecen empleos mucho más lucrativos que los que podría alcanzar un campesino promedio. Imponen toques de queda, reclutan menores de edad y silencian a todos los que cuestionen su autoridad.
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“Las sanciones por robo, por ejemplo, pueden ir desde multas hasta trabajos al servicio de la comunidad. Los delitos más graves, incluido el uso indebido de tierras que pertenecen a otros, pueden dar lugar a desplazamientos. La supuesta colaboración con el Ejército o bandas armadas rivales se castiga con la muerte. Si bien es draconiano, este sistema produce ‘resultados’, dijeron representantes de la comunidad, y casi no se reportaron robos en las áreas del Eln. Los grupos armados también han tratado de cooptar a las autoridades electas locales ofreciéndoles su ostensible asistencia a los consejos de acción comunal”, señala el informe de ICG.
Por tanto, ICG considera que el gobierno Petro debe lograr un delicado equilibrio para tener éxito. Considera que no es posible, en el corto plazo, desalojar a los grupos armados que utilizan estas tácticas de control territorial, pero puede intentar que mejoren su comportamiento mientras avanzan los diálogos. Es necesario, en principio, que reduzcan la violencia letal, así como la tortura y las desapariciones, lo cual significará un gran alivio para las comunidades, a pesar de que el grupo armado permanezca en la zona. Si no lo logra Petro, considera ICG, las consecuencias pueden ser opuestas y podrían permitirse que las organizaciones se enquisten mucho más en esos lugares.
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Mejorar el comportamiento de los grupos criminales es urgente, mientras se logran las negociaciones de paz o los acuerdos para el sometimiento. Entre 1990 y 2017, según la investigación de ICG, fueron reclutados por lo menos 16.238 niños para la guerra. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 14.000 mujeres han sufrido violencia sexual desde 1958. La gran mayoría (87%) han sido mujeres afrodescendientes. Por ello, Petro, bajo esta perspectiva, debe enfocarse en limitar los enfrentamientos entre los grupos y, aún más importante, inducirlos a un “cese de hostilidades”, que incluya soltar el control territorial de a poco.
“El cese de hostilidades centrado en cuestiones humanitarias marcaría un paso relevante para proporcionar un alivio más general de los aspectos más dañinos del control de grupos armados y criminales. Sobre todo, representarían un medio para evitar que los grupos aprovechen las conversaciones con el Gobierno para consolidar sus mecanismos del poder local”, concluyó ICG. Y, por último, la ONG señala que todas esas ideas deben estar articuladas con ofrecerles un futuro sólido a los delincuentes que se sometan a la justicia. Convencerlos de regresar a la vida civil, a través de servicios económicos y paquetes de subsistencia. Hay que inducir a miles, si Petro quiere que su “paz total” sea una realidad.
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