Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La cleptocracia es un término que la Real Academia Española definió así: “Sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”. Una definición que bien podría traducir corrupción y, en países como Colombia, también Odebrecht. La multinacional brasileña es la protagonistas del escándalo de sobornos más importante de los últimos tiempos, no solo en el país, sino en Latinoamérica. Y hoy, cinco años después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapara la caja de pandora, hoy siguen detrás de los dineros que se desviaron en el marco de una empresa criminal de coimas, funcionarios públicos y empresarios.
Esta vez, el encargado de ir detrás de la plata de la corrupción es el Departamento de Hacienda de ese país. En el marco del Programa de Recompensas de Recuperación de Activos de Cleptocracia (Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program), las autoridades están ofreciendo millonarias recompensas a cambio de información que les permita llegar a las personas que se quedaron con los sobornos. Un tema que está más que vivo en Colombia, no solo porque la justicia no termina de esclarecer los beneficiarios de ese esquema de corrupción en el país, sino porque todavía se están conociendo condenas. En las últimas dos semanas, se conoció la del empresario Andrés Salazar y la del exsenador Antonio Guerra.
(Le puede interesar: Odebrecht: ¿Cómo van las investigaciones de los señalados congresistas “buldócer”?)
“El Congreso estableció el Programa de Recompensas para la Recuperación de Activos de la Cleptocracia para promover el compromiso del gobierno de los Estados Unidos de combatir la corrupción de gobiernos extranjeros y contribuir a los esfuerzos para identificar y recuperar los activos robados, decomisar las ganancias de la corrupción y, cuando sea apropiado y factible, devolver esos activos o ganancias robados al país perjudicado por los actos de corrupción”, se lee en la página oficial del Departamento de Hacienda. La vigilancia de este proyecto está bajo la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera de esa entidad.
Además, el trabajo del programa de recompensas está “en estrecha” coordinación con los Departamentos de Justicia y de Estado y agencias federales, como el FBI. La información que podría llevar a ganar una millonaria suma, debe encajar en las categorías que trazaron las autoridades de Estados Unidos. La primera tiene que ver con datos que lleven a la restricción o incautación del dinero de los sobornos. La segunda, con su decomiso, y la tercera, con la repatriación de activos robados que estén en una cuenta de una institución financiera de ese país, sin importar que no esté en país estadounidense.
(Aquí puede leer el texto que aprobó el Congreso).
Si la información entregada cumple con alguna de esas tres categorías, o todas, el Secretario del Tesoro tiene la autoridad legal para ofrecer una recompensa de hasta un máximo de US$5 millones de dólares. El beneficio del dinero a cambio de información no se limita al escándalo de Odebrecht. Estados Unidos, a través de este programa, también busca datos del caso Braskem S.A., la empresa petroquímica que también controlaba la multinacional brasileña, cuyos funcionarios también confesaron haber pagado millonarios sobornos para quedarse con contratos públicos en varios países de Latinoamérica.
“De conformidad con la ley aplicable, el Departamento de Hacienda mantendrá la información recibida, así como la identidad de la persona que la suministró y cualquier dinero pagado por este programa, en estricta confidencialidad. Sin embargo, puede haber circunstancias en las que alguna información relacionada con la fuente de la información deba divulgarse o puede ser posible identificar las fuentes a partir de la información proporcionada. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de Estados Unidos se comunicarán con usted para discutir estos asuntos más a fondo si la información que proporciona amerita una mayor investigación”, dice la página oficial de esta autoridad.
Aunque la ley que le dio vida a esta programa contra la cleptocracia fue aprobada por el Congreso el año pasado, uno de sus objetivos cobra todavía más importancia ante el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia que ya cumple un mes. Las autoridades estadounidenses también buscan información que conduzca a la incautación, restricción, decomiso o repatriación de activos vinculados a la corrupción que involucra al gobierno de la Federación Rusa. De esta manera, el Departamento de Hacienda, Justicia, Estado y agencias como el FBI buscan yates, mansiones, jets privados de oligarcas rusos, sanciones que ya han impuesto países como España, Italia y Francia.
Cualquier persona con información vinculada a los destinatarios de los sobornos, escribió el Departamento de Justicia en su Twitter, puede comunicarse con las autoridades al correo: kleptocracy_rewards@treasury.com. El Comité de Revisión Interinstitucional del Departamento de Hacienda será el encargado de calcular el monto de la recompensa y aclara que, de encontrar mentiras en la información, la persona que la entregue podría ser investigada por perjurio y ser multada. En todo caso, el comité aclara que, si el Secretario del Tesoro considera que la información entregada es tan buena que la recompensa de los US$ 5 millones de dólares no se ajusta a su valor, él mismo podría aumentarla.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más