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En barrios como Venecia y Ricaurte, en Bogotá, camufladas como empresas legales, hay oficinas fachada que ofrecen un servicio clandestino y más común de lo que se cree: la facturación falsa, que ha permitido ganarse cientos de miles de millones a, al menos, 1.970 personas y empresas en los últimos años. Se trata de un complejo sistema de defraudación que, en pocas palabras, les permite a empresarios no entregar un solo peso por el recaudo de IVA y, de otro lado, desembolsar menos impuestos por concepto de renta. Una de las empresas que aprovechó este sistema corrupto fue el Instituto Colombiano de Aprendizaje (INCAP), cuyo representante legal, Jairo Lesmes Salazar, aceptó pagar 36 meses de prisión por defraudación tributaria.
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El caso contra Lesmes Salazar culminó hace unos días en el Juzgado 37 Penal de Conocimiento de Bogotá. El exdirector del INCAP, instituto con ocho sedes y especializado en educación técnica, aceptó su responsabilidad por fraude fiscal a cambio de evitar un juicio por el delito de enriquecimiento ilícito, castigado con hasta 15 años de cárcel. Aunque su confesión lo favoreció, pues no será procesado por ese delito, aceptó todos los hechos acusados por la Fiscalía: en 2016, en nombre de INCAP, Lesmes pagó $1.276 millones a Comercializadora Mundial GD y $550 millones a Soluciones Eléctricas y Ferreteras SAS, empresas fachada, por absolutamente ningún servicio y, a cambio, recibió facturas que incluyó en los registros fiscales del instituto.
Esta fue la conclusión de la fiscal del caso:
Con la firma de contadores y revisores fiscales, Lesmes proyectó en su declaración de renta esos costos y, por tanto, disminuyó la base gravable de lo que tenía que pagar. Dicho así suena complicado, pero en palabras sencillas, Lesmes logró pagarle menos al Estado por concepto del impuesto de renta, al explicarle a la DIAN que desembolsó una millonada por servicios que, en realidad, solo fueron unas hojas de papel firmadas por dos empresas de mentira. De hecho, aunque esas sociedades tenían todo el respaldo legal y aseguraban contar con maquinaria para responder por miles de millones, apenas tenían una secretaria, un computador y un escritorio. Con esa jugada, el INCAP se enriqueció en $456 millones.
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El INCAP nació en junio de 1986 en Ibagué (Tolima), como una propuesta de exprofesores del SENA para seguir formando estudiantes en áreas técnicas. Desde entonces, ha certificado a más de 100.000 jóvenes cuyas condiciones sociales no les permitieron entrar a la universidad. Actualmente, el INCAP es una institución reconocida en el gremio de la educación técnica y tecnológica, con tres sedes en Bogotá: Soacha, Chapinero y zona universitaria, así como en Ibagué, Neiva, La Dorada y El Espinal. Tiene capacidad para 15.000 estudiantes, quienes se forman en Gastronomía, Ciencias de la Salud, Escuela Industrial, Diseño, Tecnología, Idiomas, Educación y, curiosamente, Negocios.
De hecho, para cerrar su proceso, Jairo Lesmes explicó al juez del caso que le dolía perder un prestigio construido hace décadas y avisó que, en 2018, desembolsó a la DIAN cada uno de los millones con los que se enriqueció. Estas fueron sus palabras: “Desde 1986 fundé el INCAP, que aparte de ser una institución educativa, tiene un inmenso sentido social. Se forman jóvenes, no de estratos altos, sino los que no pueden ingresar a una universidad. Cometí un lamentable error. Por descuido en aceptar una estrategia tributaria totalmente errada. Seguramente, la situación económica y generar mejores espacios para estudiantes me llevaron a aceptar esto que pido perdón a usted y a la sociedad”.
Estas fueron las palabras de Lesmes ante el juez que conoció su expediente:
Este proceso contra el INCAP, sin embargo, es solo la punta del iceberg y el primer gran resultado contra las empresas involucradas en esta macroinvestigación de las autoridades denominada red Atenea. Según conoció este diario, hasta el momento han sido condenadas 10 personas, que hicieron parte de dos grandes estructuras delictivas que, entre 2007 y 2020, expidieron más de $2 billones en facturas falsas por operaciones comerciales simuladas. Esto equivale al presupuesto para la Presidencia de la República en 2023. Tal ha sido el movimiento de esta modalidad de defraudación que se estima que, hasta el gobierno de Juan Manuel Santos, particulares y empresas se enriquecieron con hasta $320.000 millones.
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Como lo establece el expediente contra Tránsito Gómez, John Carlos Barbosa y Abel Medina, colaboradores judicializados, la red Atenea funciona en tres modalidades: para aquellos, como el INCAP, que buscan pagar menos renta, para quienes no quieren entregar a la DIAN el recaudo del IVA y para los clientes que se benefician en ambos sentidos. En el caso del INCAP, dada la naturaleza de la empresa, no recaudan el IVA de las operaciones comerciales a su favor. No obstante, el proceso en contra de Gómez, Barbosa y Medina, condenados por concierto para delinquir, establece que prácticamente cualquier establecimiento comercial, pequeño, mediano o grande, se puede favorecer de redes como la Atenea.
De hecho, como lo reveló El Espectador en abril pasado, con base en audiencias reservadas, la Fiscalía ha sostenido que la reconocida marca de ropa Kenzo Jeans, la poderosa distribuidora de combustibles Biomax y Tecnitanques (una prestigiosa empresa en el sector de los hidrocarburos en Colombia) usaron las empresas fachada de la red Atenea entre 2012 y 2014. Y, tal como hizo Lesmes para limpiar sus maniobras fiscales, la Fiscalía explicó que estas empresas solo corrigieron sus reportes ante las autoridades luego de que la DIAN se diera cuenta de que se trataba de facturas con empresas que se dedicaban a simular operaciones comerciales.
Las cabezas identificadas eran Olga Lucía Díaz, alias la Patrona, capturada en 2019, y Enrique Martínez, alias el Viejo, quien cayó en febrero de 2022 en la mansión que había construido en Tolima a punta de facturas falsas. En Colombia, dado que la DIAN no está en capacidad de recaudar el IVA durante cada una de las innumerables transacciones que se hacen diariamente, les pide a los comercios hacerlo por ella y entregar lo recaudado cada dos meses. Para quedarse con la totalidad o con parte de ese IVA, empresas constituidas compran facturas a empresas fachada. Cruzan las cuentas y desfalcan al Estado, a quien le presentan soportes por materiales de construcción, ferretería, pinturas, soldaduras y servicios para la industria.
La revista Semana, que conoció detalles de la captura del Viejo, recuerda que este último aseguró que, al caer, se iba a derrumbar un castillo de naipes y, al final, “va a temblar medio país”. La Fiscalía ha seguido la pista de todas las transacciones y los clientes que se han valido de facturas falsas para ocultar dinero y se espera que en los próximos meses se conozcan el resto de los personajes del sector empresarial que habrían hecho parte de esta red, que ha logrado defraudar durante años y quedarse con el dinero de impuestos que son de los municipios, para garantizar salud, infraestructura y educación, y que se están quedando en manos de defraudadores como Lesmes y el INCAP.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
✉️jcote@elespectador.com
✏️@SebasCote95
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