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Mientras un tribunal de arbitramento en Nueva York cerró a favor de la Nación una millonaria demanda por el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar), en la justicia Colombia se siguen abriendo nuevos capítulos de este complejo caso judicial. El más reciente lo alertó uno de los expresidentes de la mega planta, Felipe Castilla, quien tiene pruebas de graves irregularidades en su proceso, en el que fue condenado en primera instancia por los sobrecostos de la Refinería. El último movimiento que tuvo este caso fue en agosto de 2022, cuando él y Orlando Cabrales, otra cabeza de Reficar, fueron condenados a cinco años de prisión.
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Además de apelar la decisión, este diario conoció que Felipe Castilla y sus abogados informaron al Tribunal Superior de Bogotá —encargado de revisar el fallo en segunda instancia—, una serie de aparentes inconsistencias cometidas por la jueza del caso: Luz Marina Ramírez Guío, nombrada en julio de 2022 como magistrada en el Tribunal Superior de Tunja. En los últimos meses, el expresidente Canales informó a los magistrados que estudian su apelación sobre dos hechos: que la jueza de su caso atendía al mismo tiempo otras audiencias (que se desarrollan de manera virtual) y que, en pocas palabras, ignoró todas las pruebas documentales y testimoniales entregadas por su defensa.
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“En múltiples ocasiones, la jueza titular se desconectó de las audiencias en la práctica probatoria (durante el juicio), atendió la mayoría de las diligencias con la cámara apagada, siendo sorprendida su ausencia por las partes del caso, no evaluó las evidencias documentales antes de dar su sentido de fallo. Y peor aún, atendió otras audiencias de manera simultánea con mi juicio oral. Todas estas situaciones quedaron debidamente acreditadas y documentadas en grabaciones e, incluso, oficios expedidos por el mismo despacho”, dice uno de los documentos enviados por Felipe Castilla al Tribunal Superior de Bogotá y conocidos por El Espectador.
Los abogados de Castilla entregaron un detallado informe de cómo, entre febrero y marzo de 2022, durante el juicio, la jueza no prendió la cámara ni respondía a las solicitudes hechas, tanto por la Fiscalía, como por los abogados de la defensa, situación que prendió las alarmas de los expresidentes de Reficar. La jueza Ramírez Guío apeló a tres excusas para justificar sus ausencias: que no podía activar el micrófono, fallas en el internet o que había recibido una llamada “urgente”. Además, la defensa de Castilla identificó que los días 7 y 28 de febrero de 2022, pudieron identificar que la jueza estaría atendiendo paralelamente otras audiencias.
Ante las reiteradas ausencias de la jueza, el propio procurador del caso intervino en el juicio y señaló su preocupación ante una eventual nulidad: “Por la trascendencia de este proceso, pareciera y es mi percepción y ojalá esté equivocado, que a veces la jueza quedaba por fuera del sistema, la audiencia queda sin dirección y ello invocaría en un futuro una posible nulidad. Queremos asegurarnos de su presencia permanentemente en la audiencia y que se pueda verificar, usted puede estar, pero sin que aparezca en línea eso nos puede generar problemas (…) Esa respetuosa solicitud le elevo señora jueza, pues se podría afectar la inmediación y se estarían afectando garantías fundamentales procesales”.
Esta denuncia se da en medio de una reciente decisión de la Corte Constitucional, la cual ha sido duramente criticada por abogados, fiscales y jueces: que desde mayo de 2023 los juicios penales deben realizarse de manera presencial y no virtualmente, como se venían adelantando desde la pandemia del covid-19. Pero las denuncias de Castilla van más allá de la presencialidad en las audiencias. De acuerdo con su comunicación al tribunal, las pruebas documentales de su defensa tampoco fueron incorporadas al expediente digital, ni tampoco enviadas al Tribunal Superior de Bogotá, encargado de revisar su caso en segunda instancia.
Castilla también indicó que recibió respuestas contradictorias por parte del despacho sobre si los documentos de su defensa fueron incorporados al expediente. Incluso, denunció que, en abril pasado, un funcionario del juzgado le pidió que reenviara la prueba documental. “Es muy preocupante que, a la fecha, yo, un ciudadano sumamente diligente con la justicia, que ha tenido que soportar una condena proferida por una jueza ausente en el juicio y un sentido de fallo sin que hayan descargado o analizado mis evidencias documentales, a día de hoy no sepa a ciencia cierta si la totalidad de las actuaciones surtidas en primera instancia son conocidas por el tribunal”, señaló Castilla.
El juzgado cuestionado respondió a las acusaciones de la defensa de Castilla. En un derecho de petición enviado por el exdirectivo de Reficar, el despacho explicó que efectivamente hubo errores en el archivo digital, pero que fueron corregidos con prontitud. “Ante la nueva modalidad de la virtualidad, sin lugar a duda se presentan estas circunstancias como el no funcionamiento de los links de archivos que vienen comprimidos por su gran volumen. El despacho reconoce que se solicitó a los defensores allegar de manera física las pruebas con el fin de valorar cada una de las pruebas”, señaló el juzgado.
“Luego lo anterior no refleja ninguna vulneración de derechos y garantías fundamentales, por cuanto las pruebas documentales fueron publicitadas durante las audiencias de juicio oral, que fue el contenido material valorado debidamente en la sentencia condenatoria de agosto de 2022″, agregó el despacho de la jueza Ramírez. Además, anexó un detallado cuadro con las audiencias —además del caso Reficar— adelantados durante los días que duró el juicio contra Castilla y Cabrales.
¿Por qué fueron condenados?
Lo que dijeron en su momento los fiscales del caso es que los exdirectivos estuvieron inmersos en inconsistencias en la asignación del multimillonario contrato de gerenciamiento y administración del proyecto. Lo que expusieron las investigaciones que terminaron en una condena de primera instancia contra Castilla y Cabrales es que el contrato PMC (Project Management Consultant), cuyo valor inicial superó los US$95 millones de dólares, fue entregado directamente a la compañía extranjera Foster Wheeler & Process Consultant, sin previo concurso público que garantizara una selección objetiva del contratista para modernizar Reficar.
En su momento, lo que dijeron desde el búnker es que la adjudicación “a dedo” limitó la participación de otras compañías que podrían haber acreditado el perfil y la experiencia para asumir la gerencia, asistencia y vigilancia de los contratos de construcción de la Refinería, las interventorías y otras obligaciones contempladas. Sobre Castilla, la Fiscalía dijo que tramitó el contrato PMC, mientras que a Cabrales, se le atribuye la celebración del contrato con la firma Foster Wheeler. Sin embargo, ambos exdirectivos señalan que todos los procesos estuvieron dentro del marco legal y, ahora, denuncian que existieron graves errores en su juicio. Será el Tribunal Superior de Bogotá quien lo determine.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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