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En la Sala Plena de la Corte Constitucional por fin hay movidas para que aparezca el humo blanco de una decisión que tiene al país en ascuas: el futuro de la reforma pensional del gobierno Petro. En una sesión extraordinaria en el alto tribunal el pasado lunes, los magistrados decidieron apartar del expediente a su colega, Héctor Carvajal, pues el abogado estaba impedido para participar en la discusión del espinoso proceso. Había sido consultor de Colpensiones, una entidad con interés en el resultado de la decisión, y además emitió conceptos cuando el Congreso estaba estudiando aprobar o no la propuesta del Ejecutivo. Con Carvajal afuera, empezaron a moverse los motores del expediente, luego de meses de inactividad y errores en su trámite.
Los ocho magistrados que quedaron en la Sala Plena debatieron la ponencia que presentó el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, quien sostiene que la reforma debe caerse porque la Cámara de Representantes cometió errores durante su trámite de aprobación. Luego de esa discusión, el alto tribunal votó por primera vez este expediente trascendental para todas las cuentas, no solo del gobierno, sino de todos los colombianos. El resultado: empate. Quienes apoyaron a Ibáñez y su ponencia fueron las magistradas Paola Meneses y Lina Marcela Escobar, y el magistrado Carlos Camargo. Del otro lado estuvieron los magistrados Miguel Polo, Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel.
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Con el resultado cuatro a cuatro, la Sala Plena tomó otra decisión clave: en lugar de seguir votando y llegar a un consenso entre los ocho magistrados, resolvieron llamar a un conjuez para que desempate. El llamado es el abogado Carlos Pablo Márquez, abogado de la Universidad Javeriana, quien cuenta con estudios de posgrado en el exterior: un máster en la Escuela de Derecho de Harvard y un doctorado en Derecho de la Competencia otorgado por la Universidad de Oxford de Inglaterra. De acuerdo con la información registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, ocupó la dirección y un puesto como comisionado en la Comisión de Regulación de Comunicaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2012 y 2015.
Antes de ello, entre 2010 y 2012, estuvo al frente de la Superintendencia de Protección de la Competencia. También trabajó como asesor del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia entre 2006 y 2008, en la administración de Álvaro Uribe. En el sector privado brindó consultorías a compañías de múltiples industrias, entre ellas telecomunicaciones, tecnologías de la información, agricultura, minería, salud, comercio y energía. Además, tiene una trayectoria de más de 15 años como profesor universitario y en su hoja de vida hay registros de que fue conferencista en universidades como Columbia, Harvard y Oxford, así como en organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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El conjuez Carlos Pablo Márquez recibirá en los próximos días el expediente y, aunque no tiene un plazo para tomar una decisión, los ojos del país están puestos en la determinación que tome. El hecho de que este abogado tenga en sus manos esta papa caliente es una pista de que, luego de meses de demoras, el futuro de la pensional podría conocerse este mismo año. El caso llegó a este punto, luego de largas discusiones y demoras burocráticas en la Corte Constitucional. La reforma fue aprobada en junio de 2024 y, de inmediato, su viabilidad llegó a estudio al alto tribunal por varias demandas. Entre ellas, la de la senadora Paloma Valencia, que fue la que estudió la Corte y llegó hasta el conjuez Márquez.
Según el recurso, la Cámara de Representantes cometió varios errores cuando aprobó la propuesta del gobierno, entre ellos, no tener en cuenta el texto aprobado por el Senado y que no hubo el suficiente debate durante su paso por la cámara baja. En un primer estudio, la Corte Constitucional evidenció que, en efecto, sí había faltas. En lugar de tumbar de tajo el proyecto, y como una medida “conciliadora”, el alto tribunal devolvió la reforma al Congreso para que corrigieran los errores. Así, el caso volvió a la Corte en junio pasado. Sin embargo, el magistrado ponente, explicó en el proyecto de fallo, encontró las mismas fallas de la Cámara y, en consecuencia, propuso tumbar por completo la iniciativa gubernamental.
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Esa fue la ponencia que estudió ayer la Sala Plena. Sin embargo, Ibáñez no logró convencer a sus colegas y la votación quedó cuatro a cuatro. El impedimento del magistrado Carvajal fue determinante para esta movida. Fuentes del alto tribunal le señalaron a este diario que, de no haber sido por su pasado como abogado consultor de Colpensiones, lo más probable es que hubiera votado en contra de Ibáñez y, en consecuencia, habría sido derrotada y la reforma pensional sería hoy una ley de la República. Ahora solo resta esperar hacia qué lado de la balanza se inclina el conjuez Carlos Pablo Márquez.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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