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Durante dos años el país ha esperado que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo sobre la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, esa administración terminó y el alto tribunal no decidió si la iniciativa que propuso un nuevo modelo de pensiones es acorde a la ley o no. Ahora, parece ser que la Sala Plena ya está lista para, por fin, sentarse a debatir y votar sobre el futuro de la reforma, suspendida casi en su totalidad desde junio del año pasado, pero que permitió que miles de trabajadores saltaran de un fondo privado al fondo público (Colpensiones) -y viceversa- hasta inicios de 2026. Todo parece apuntar a que finalmente habrá decisión, pero hay puntos claves para entender lo que prepara la Corte.
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En la Sala Plena que se tiene prevista para el próximo martes 25 de agosto, siete de los nueve magistrados de la Corte Constitucional y un conjuez debatirían y votarían la ponencia presentada por la magistrada Paola Meneses, en la que señala que la reforma pensional debe regresar, por segunda vez, al Congreso para que corrija errores que allí cometieron cuando la iniciativa estaba siendo tramitada. Aunque en el país se tienen dudas sobre qué pasará con los más de 160 mil colombianos que pasaron de un fondo a otro aprovechando la llamada ventana de oportunidad que les dio la reforma o si se mantendrá la edad para acceder al derecho a la pensión, dentro de otras dudas, el alto tribunal no entraría a tratar esos temas de fondo.
Una decisión “superficial”
La decisión que saldría de la Sala Plena del próximo martes sería más “superficial”. En junio de 2025 el alto tribunal encontró que, tal como lo exponía la demanda de la exsenadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, la reforma pensional se tramitó con errores. Sin embargo, consideraron que esos errores podían solucionarse fácilmente regresando la iniciativa al Congreso. Específicamente lo que señaló la excandidata presidencial en su demanda fue que en el cuarto debate que debía que tener la iniciativa, la plenaria de la Cámara de Representantes se limitó a votar la proposición de la congresista María del Mar Pizarro, que en ese momento pidió acoger el texto de la reforma tal cual venía del Senado.
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Como esa propuesta fue aprobada por la mayoría de los congresistas, ahí se cerró el debate. Eso, a los ojos de la entonces opositora, iba en contra de la ley, porque faltó la debida deliberación. A mediados del año pasado, la Corte encontró que efectivamente el debate no se dio como debía, por lo cual ordenó que la reforma pensional regresara a la cámara baja y que la plenaria hiciera un debate serio y completo del proyecto y después volviera a votarlo. Esa orden de repetir la discusión y la fase final del trámite legislativo la dio a través del auto 841. Lo que determinarán los togados es sencillamente si el Congreso cumplió o no con lo que se le ordenó a mediados del año pasado y si logró corregir los errores que tenía o si, por el contrario, persisten las falencias.
Los detalles de la ponencia que pide regresar la reforma al Congreso
Desde febrero pasado la magistrada Paola Andrea Meneses, actual presidenta de la Corte Constitucional, es la ponente del expediente de la reforma pensional, luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez fuera sacado del caso por haber comprometido su imparcialidad al dar declaraciones públicas sobre el proceso. Hasta la semana pasada, luego de tener el expediente por cinco meses en su despacho sin que se conocieran avances significativos, la togada finalmente presentó su ponencia para que la Sala Plena la discutiera y votara. Fuentes enteradas del proceso le aseguraron a El Espectador que, a grandes rasgos, ese proyecto de fallo propone que la iniciativa regrese por segunda vez al Congreso, porque, a los ojos de Meneses, los errores no se corrigieron.
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La ponencia de la magistrada señalaría que cuando el gobierno de Gustavo Petro convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso para que la Cámara de Representantes intentara corregir los errores, habrían incurrido en la misma equivocación de la primera vez. Según el proyecto de fallo, la discusión, aparentemente, volvió a concentrarse en una proposición para acoger el texto tal cual lo había aprobado el Senado. Es decir, la plenaria de la cámara baja habría vuelto a quedarse corta en el debate y la discusión no habría sido lo suficientemente amplia, como lo había ordenado la Corte en el auto 841. Por eso, lo que plantearía a sus compañeros de sala es que no se cierre la discusión, sino que se envíe, de nuevo, la iniciativa al Congreso para ver si ahora sí se hace el debate debido.
Las dudas sobre la ponencia
A pesar de llevar más de dos años, el caso sobre la reforma pensional solo ha sido debatido y votado una vez en la Corte Constitucional: en noviembre de 2025. En ese momento, cuando el magistrado Ibáñez era el ponente y el magistrado Héctor Carvajal recién había quedado por fuera del caso, el proceso dividió a la Sala Plena. Ibáñez buscaba tumbar de tajo la iniciativa y fue apoyado por tres magistrados más: Paola Meneses, Lina Marcela Escobar y Carlos Camargo. Pero en contra estuvieron los magistrados Miguel Polo, Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. Ahora, sin Ibáñez y sin Carvajal, y con una ponencia distinta, las divisiones por el caso parecen continuar.
Fuentes enteradas de la discusión le aseguraron a este diario que hay algunos magistrados de la Sala Plena que consideran que el Congreso sí corrigió los errores cuando se les devolvió la iniciativa en junio del año pasado y que la norma debe ser declarada exequible de una vez. Aunque al interior de la Corte no hay un pronóstico claro sobre cómo podrían quedar las votaciones que se llevarían a cabo el próximo martes, sí se prevé que sería una decisión apretada. Incluso, se habla de que al ser una sala compuesta solo por ocho personas (siete magistrados y un conjuez) podría incluso haber un empate nuevamente y, en ese caso, tendría que llamarse a otro conjuez para dirimir el caso.
Por ahora, el país continuará en vilo y con la esperanza de que el próximo 25 de agosto la Corte Constitucional tome alguna decisión sobre la reforma pensional. Sea cual sea la decisión, en caso de que haya una, se abriría un nuevo capítulo sobre la iniciativa que fue una de las banderas del recién terminado gobierno de Gustavo Petro. Si regresa al Congreso, allí tendría que darse un nuevo debate y luego regresar a la Corte. Si es declarada exequible o inexequible, tendrá que verse qué pasará, dentro de otras cosas, con las más de 160 mil personas que pasaron de un fondo a otro y con los más de COP 27 billones que el pasado mandatario ordenó trasladar de fondos privados a Colpensiones, pero que están congelados por orden del Consejo de Estado. Otro caso que merece un capítulo aparte.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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