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La demanda que pide tumbar la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro era el expediente más importante que tenía para resolver en 2025 la Sala Plena de la Corte Constitucional. Sin embargo, errores en el proceso, idas y vueltas de la iniciativa entre el Congreso y la Corte, recusaciones, así como la falta de concertación entre magistrados y otros baches en el camino, llevaron a que el caso, que está en el alto tribunal desde hace más de un año, finalmente quedara en manos de un conjuez que tendrá en 2026 la última palabra sobre la reforma. Estos son los aspectos claves del proceso que desde 2024 tiene en vilo al país y entre la espada y la pared a una de las banderas del gobierno.
El proceso inició en la Corte con la demanda presentada por la senadora y candidata a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, Paloma Valencia, en julio de 2024, que pide tumbar de tajo la iniciativa por vicios de trámite durante su paso por el Congreso. La demanda finalmente fue admitida por el alto tribunal en agosto de ese año y quedó como ponente del caso el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. El primer error que atravesó el caso y que obligó a retroceder en el proceso casi seis meses se presentó el 16 de septiembre de 2024, cuando la entonces magistrada Diana Constanza Fajardo se declaró impedida para participar del estudio y decisión sobre la reforma.
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La razón de la entonces magistrada para apartarse fue que la iniciativa la benefició en el trámite de su pensión, pues le sirvió para cambiarse de un fondo de pensiones privado a Colpensiones, el fondo público. Como lo reveló en su momento este diario, la Sala Plena del 26 de septiembre de ese año, en la que se debía resolver ese impedimento, atendió a la par una recusación en contra del magistrado Ibáñez por, supuestamente, tener una posición política que iba en contravía de la del actual gobierno y que no daba garantías de imparcialidad en el caso. Aunque sus compañeros de sala negaron la recusación, olvidaron completamente resolver el impedimento de Fajardo.
A pesar de que el expediente debió quedar congelado hasta que no se resolviera el asunto de Fajardo, la Corte, en un despiste colectivo, avanzó y recibió intervenciones de ciudadanos, académicos, entidades como la Defensoría y el concepto más clave de todos: el de la Procuraduría, liderada en ese entonces por Margarita Cabello Blanco. La apreciación de la entonces jefa del Ministerio Público apuntaba a que, tal como lo decía Paloma Valencia, la reforma pensional se tramitó mal en el Congreso y por ende debía caerse. Dicho concepto fue acogido por el magistrado Ibáñez, quien el 14 de febrero de 2025 radicó la primera de las tres ponencias que presentó en el caso. Todas apuntando a tumbar la reforma.
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Durante cinco meses, el expediente acumuló intervenciones, conceptos y hasta la ponencia que ya estudiaban los magistrados de la Sala Plena, hasta que el 21 de febrero del año pasado, Fajardo, quien recordó que nunca se había resuelto su impedimento, hizo la reiteración. En ese momento Ibáñez, como ponente y nuevo presidente del alto tribunal, y la Sala Plena, quedaron en jaque, pues tenían dos caminos: resolver el impedimento y seguir como si nada, corriendo el riesgo de que alguien se percatara del error y se anulara el proceso; o echar para atrás todo lo avanzado desde septiembre del año anterior. Optaron por lo segundo, que además le permitió a Ibáñez seguir al frente del expediente.
El panorama en el que se discutía la iniciativa cambió notablemente. Gregorio Eljach, que había sido secretario general del Senado durante 12 años, fue elegido como procurador general de la Nación. Aunque presentó un impedimento ante el alto tribunal para no tener que conceptuar sobre la iniciativa por trabajar en la cámara alta cuando el proyecto pasó por ahí, la Corte lo negó. En abril pasado, el nuevo concepto del Ministerio Público señaló que la reforma pensional se tramitó correctamente y debía mantenerse en su totalidad. Aun así, el magistrado Ibáñez no acogió lo dicho por el ente de control y en mayo presentó la segunda ponencia, en la que se mantuvo en que sí hubo vicios de trámite.
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El proceso, del mayor interés para el gobierno de Gustavo Petro, también estuvo cruzado el año pasado por la llegada de cuatro magistrados: Miguel Polo, Lina Escobar, Héctor Carvajal y Carlos Camargo. Cada vez que alguno llegaba, la Casa de Nariño y la opinión pública hacían cuentas sobre para qué lado se inclinaba la balanza: si salvar la reforma o tumbarla. Sin embargo, en medio de ese recambio, apareció una tercera opción en el tablero. En junio pasado, cuando Polo y Escobar ya estaban en el alto tribunal, la Sala Plena se reunió para debatir y votar la segunda ponencia de Ibáñez. Como lo contó en ese momento El Espectador, el magistrado Ibáñez no tenía los votos suficientes para que la ponencia pasara.
La magistrada Natalia Ángel y los magistrados Juan Carlos Cortés y Miguel Polo abrieron en esa sala un camino menos radical. Si bien es cierto, el alto tribunal identificó que sí hubo vicios de trámite en la reforma pensional durante su paso por la Cámara de Representantes, en donde pasó a “pupitrazo”, pero que esos errores se podían reparar. Por eso, propusieron el camino de devolver la iniciativa a la cámara baja para que volviera a ser debatida y votada correctamente. A esa propuesta se fueron sumando los demás magistrados y finalmente se adhirió Ibáñez, pues si su ponencia era derrotada, el proceso quedaría a manos de otro togado. Así, la iniciativa regresó al Congreso para una nueva pasada.
El tiempo en ese momento apremiaba, pues la reforma pensional entraba en vigencia el pasado 1 de julio y aspiraban a tener una decisión de fondo antes de esa fecha. Por eso, 17 de junio, día que fue regresada al Congreso, el alto tribunal les dio un plazo de 30 días para cumplir la orden y enviar un informe sobre el trámite que cursó nuevamente. Además, suspendió la entrada en vigencia de la norma hasta que el proceso se definiera completamente. El gobierno, en un intento de que la reforma quedara bien y se salvara definitivamente en el alto tribunal, convocó a sesiones extras en las que, el 28 de junio pasado, volvieron a sacar adelante el proyecto en la cámara baja. Solo faltaba enviar las actas.
Dichos documentos llegaron al despacho de Ibáñez solamente hasta el 19 de julio y con errores, que no fueron corregidos sino hasta el 23 de septiembre. En el entretanto, el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado y amigo personal del presidente Petro, se posesionó como magistrado a inicios de julio. Asimismo, mientras que los documentos de la cámara baja fueron corregidos, el jefe de Estado varias veces señaló públicamente que la Corte Constitucional y el magistrado Ibáñez estaban detrás de un plan para tumbar la iniciativa. Las tensiones se mantuvieron constantemente hasta el 17 de octubre, cuando se filtró la última ponencia de Ibáñez, apuntando, una vez más, a tumbar la reforma.
El nuevo argumento del ponente fue que a pesar de haber devuelto la iniciativa a la Cámara, la convocatoria a sesiones y votaciones se hizo en un tiempo muy corto, lo cual no dio garantías de que hubiera quórum suficiente para debatir adecuadamente y hacer la debida votación de la iniciativa. Aunque se conocía el contenido de la ponencia y los magistrados ya la estudiaban, no podían votarla hasta tanto no se resolviera una recusación que presentó Paloma Valencia contra el magistrado Carvajal, quien fue asesor de Colpensiones durante el trámite de la reforma. Esa recusación resultaba vital para definir de una vez por todas la demanda y todo apuntaba a que el voto del togado era a favor de salvarla.
A finales de octubre pasado, Ibáñez pidió al fondo público copias de los contratos firmados entre el fondo y Carvajal, así como los conceptos que él emitió sobre la iniciativa. El pasado 24 de noviembre, el proceso finalmente tuvo movidas significativas: Héctor Carvajal fue apartado de la discusión por haber sido asesor de Colpensiones y haber conceptuado sobre la reforma. Así, los ocho magistrados que quedaban votaron: cuatro a favor de tumbarla (Jorge Ibáñez, Lina Escobar, Paola Meneses y Carlos Camargo) y cuatro a favor de dejarla viva (Natalia Ángel, Miguel Polo, Juan Cortés y Vladimir Fernández). Para no darle largas tras el empate, la decisión fue nombrar a un conjuez que diera la última palabra.
El elegido para la importante decisión fue Carlos Pablo Márquez. Abogado de la Universidad Javeriana, quien además cuenta con un máster en la Escuela de Derecho de Harvard y un doctorado en Derecho de la Competencia de la Universidad de Oxford de Inglaterra. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fue comisionado en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, después de haber estado al frente de la Superintendencia de Protección de la Competencia. Entre 2006 y 2008, en el gobierno de Álvaro Uribe, fue asesor del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia. Márquez aceptó ser conjuez el pasado 12 de diciembre. Desde entonces estudia minuciosamente el proceso que definirá en 2026.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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