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Han pasado 18 meses desde que la Corte Constitucional empezó el estudio de una demanda que pidió tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro y todavía no ha dado el debate jurídico que le corresponde. Entre errores, recursos, impedimentos, conciliaciones y hasta el llamado de un conjuez para que le ayudara a la Sala Plena a destrabar la votación, el expediente dio ayer un salto hacia atrás que retrasa, todavía más, una decisión de fondo que tiene al país en vilo. Por unanimidad, la Sala Plena apartó del caso a quien fue desde agosto de 2024 el ponente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y, en consecuencia, su proyecto de fallo, que pedía tumbar la iniciativa del gobierno, también fue retirado.
La decisión de sacarlo del debate que con tanta insistencia trató de mantener en su despacho se conoció este miércoles 18 de febrero, luego de que el propio Ibáñez presentara un impedimento y que la Presidencia de la República lo recusara. La razón: haberse pronunciado públicamente sobre la reforma antes de un fallo de fondo. Ese mismo error fue el que le costó su participación en otro expediente clave para el gobierno, en el que se revisa el decreto con el que se declaró la emergencia económica en diciembre pasado. La salida de Ibáñez en el caso de la pensional no es una decisión menor, sobre todo porque ahora será la magistrada Paola Meneses la encargada de hacer una nueva ponencia.
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Antes de entrar a la Sala Plena de ayer, los magistrados tenían los cálculos hechos. Sabían que una decisión del calibre de tumbar o dejar con vida una reforma como la pensional iba a tener implicaciones políticas. Un asunto todavía más delicado luego de las decisiones de la propia Corte de suspender el decreto de la emergencia económica, y la del Consejo de Estado, de pausar el decreto del salario mínimo, que se conoció hace apenas cinco días. En este contexto, al que además se le suma la tensión por las próximas elecciones legislatvias del 8 de marzo, fuentes del alto tribunal le contaron a este diario que los magistrados vieron poco conveniente decidir de fondo.
Por eso, la recusación y el impedimento contra Ibáñez llegaron en el mejor momento posible para la Sala Plena. Con su salida, agregaron funcionarios enterados del proceso, la Corte obtuvo la excusa perfecta para demorar al menos un mes más su decisión y dejar que baje la marea de las elecciones al Congreso, antes de que se agite de nuevo el ambiente político de cara a las presidenciales. Además de tener nueva ponente en el caso y que ya no es necesario el conjuez para desempatar la votación, con la salida de Ibáñez también se reconfigura el apoyo al bloque de magistrados que considera que la iniciativa de Petro debe tumbarse y el gobierno Petro tendría más chance de que su iniciativa se salve.
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Según la última, y única, votación que ha hecho la Sala Plena en el caso, quienes estuvieron a favor de tumbar la reforma fueron los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, Lina Marcela Escobar y Carlos Camargo. Del otro lado estuvieron los magistrados Miguel Polo, Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés y Vladimir Fernández. El único que no participó de ese debate fue el togado Héctor Carvajal a quien retiraron por haber entregado un concepto sobre la reforma a Colpensiones como asesor jurídico. Quien más inisitió en que Carvajal no podía hacer parte de la mesa de votación fue el propio Ibáñez, que ahora esperará con él una de las decisiones más importantes de la Corte al menos en este gobierno.
La salida de Ibáñez también se da en un expediente en el que el magistrado fue claro e insistente con su postura de tumbar la reforma pensional, la cual expresó a través de las tres ponencias. Según esos proyectos de fallo, la reforma se tramitó con errores en el Congreso y esos errores no fueron corregidos ni siquiera cuando la iniciativa fue devuelta a mediados de 2025. Fuera de lo argumentado en el escenario jurídico, Ibáñez abiertamente ha hecho referencias en sus discursos públicos sobre decisiones de la Casa de Nariño con las que no está de acuerdo y en distintos actos ha marcado la línea entre él y el gobierno Petro.
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El proceso de la reforma pensional ha estado marcado por una Sala Plena dividida, que inclusó necesitó a un conjuez, burocracia del Congreso y la propia Corte, así como errores que llevaron el año pasado a retrasar casi seis meses el avance del caso. Sin embargo, lo que importa, que es el debate jurídico, no se ha podido dar hasta ahora. En últimas, lo que el país espera es conocer si una iniciativa gubernamental tan importante para los trabajadores y la vejez en Colombia está acorde a la Constitución Política o no, y si finalmente será ley de la República. Pero esa discusión, por lo menos durante un mes, seguirá sin darse, hasta que pasen las elecciones al Congreso y la magistrada Meneses presente una nueva ponencia.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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