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Dos años después de que la reforma pensional llegó a la Corte Constitucional, su futuro podría volver al punto de partida. Desde las nueve de la mañana de este martes 25 de agosto, la Sala Plena discutirá una ponencia que propone devolver la ley, otra vez, a la Cámara de Representantes para corregir errores en su trámite. La decisión prolongaría una espera que comenzó en junio de 2025, cuando el alto tribunal suspendió la entrada en vigor de la mayor parte de la reforma del gobierno de Gustavo Petro. Desde entonces, trabajadores próximos a pensionarse, fondos privados y Colpensiones siguen sin saber cuáles reglas deberán aplicar. La incertidumbre no es solo jurídica.
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No es para menos. Cuando la Corte suspendió la reforma pensional en 2025, en el aire quedaron asuntos económicos, entre ellos el futuro de quienes utilizaron la Ventana de Oportunidad de Traslado. Este mecanismo, cuyo plazo terminó el 16 de julio pasado, permitió que más de 166.000 trabajadores cambiaran entre Colpensiones y los fondos privados durante los dos años en que estuvo vigente. Además, esos traslados enfrentan otra disputa judicial. En abril y mayo de este año, el Consejo de Estado suspendió las órdenes del Gobierno para trasladar a Colpensiones los ahorros de quienes abandonaron los fondos privados. No fue una decisión menor: están en juego más de COP $27 billones.
En ese contexto, la decisión que se podría conocer hoy en la Corte es clave y el problema es que las cuentas en el alto tribunal no están claras. Fuentes enteradas del caso le dijeron a este diario que ya habría posturas divididas sobre la propuesta de la magistrada Meneses. Por un lado, están los togados que apoyan su postura de devolver la reforma una vez más al Congreso. De ese lado se ubicarían, además de Meneses, la magistrada Lina Marcela Escobar y el magistrado Carlos Camargo. Del otro lado estarían la magistrada Natalia Ángel y los magistrados Juan Carlos Cortés, Miguel Polo y Vladimir Fernández, quienes se inclinan hacia otra decisión: declarar que los errores en el trámite de la reforma ya fueron corregidos y la norma debe declararse ajustada a la Constitución.
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Con esas cuentas, la Sala Plena llega a una votación apretada. Por eso, la pieza clave sería el conjuez Carlos Pablo Márquez, quien podría darle el guiño a la aparente mayoría y darle luz verde a la reforma pensional de Petro. Además, quienes lo conocen aseguran que es muy cercano al magistrado Polo y que fue él quien lo propuso como conjuez para el caso cuando el magistrado Jorge Enrique Ibáñez fue apartado del caso por una serie de declaraciones públicas que lo dejaron impedido para participar en el debate. Sin embargo, Márquez podría dar la sorpresa e irse por la postura de Meneses y apoyar un eventual regreso de la norma al Congreso.
En ese escenario, la votación quedaría, una vez más, cuatro contra cuatro y, para destrabarla, la Corte podría llamar a otro conjuez. Sobre estos dos últimos escenarios, expertos consultados por este diario dejaron claro que es urgente que el alto tribunal tome, de una vez por todas, una decisión de fondo, pues ya no “tiene excusas políticas” para no hacerlo. Se refieren, puntualmente, a que el gobierno Petro ya terminó y también las elecciones presidenciales, dos coyunturas políticas que retrasaron la discusión en la Corte, según fuentes consultadas. La angustia por conocer una decisión radica en que la reforma fue demandada hace más de dos años y suspendida en junio del año pasado.
Desde entonces, la ruta que deben seguir quienes están próximos a pensionarse no es clara. Así lo dijo a este diario el laboralista Misael Triana Cardona, profesor de la Universidad del Rosario y socio fundador de Abogados Triana, firma experta en pensiones. Según el jurista, desde que la norma está en vilo “se ha generado un desasosiego en la sociedad”. El jurista sostiene que “los que nos dedicamos a asesorar personas naturales y jurídicas en el tema pensional no sabemos ni siquiera cómo orientar los diferentes proyectos, porque uno no sabe si la reforma se va a aprobar o no, si va a entrar en vigencia o no. Entonces, la primera gran conclusión es que se ha generado incertidumbre”.
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El experto además considera que con la norma se generaron expectativas en la sociedad que no es claro si se van a cumplir. Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, le dijo a El Espectador que esperan que “la Corte Constitucional tome una decisión definitiva y que, cualquiera que sea el sentido del fallo, dé claridad sobre los pasos a seguir”. Para Velasco es fundamental que haya una respuesta. “Si la reforma es declarada exequible (constitucional), será necesario establecer un plazo suficiente para completar la reglamentación y poner en marcha el nuevo sistema”.
Ahora bien, agrega Velasco, “si es declarada inexequible (inconstitucional), esperamos que se precise el tratamiento de los recursos relacionados con quienes se trasladaron de régimen”, agregó. En eso coincide el laboralista Triana. Para él, “la Corte debería definitivamente tomar la decisión que corresponda; es decir, declarar exequible o inexequible la ley, no debería regresar nuevamente al Congreso porque eso ya se hizo el año pasado. Volver con ese ‘pimponéo’, yo creo que está por demás”. De acuerdo con el experto, “la Corte tiene suficientes elementos de juicio y elementos para tomar una decisión de fondo y poder definir si la ley es o no exequible. El llamado es a que la Corte defina eso antes de que se acabe este año, porque el país está expectante necesitando saber hacia dónde es que debe dirigirse”.
Por su parte, Adriana Escobar, integrante del Colegio de Abogados del Trabajo, le dijo a este diario que “esta prolongada espera no es un asunto menor. Para los afiliados, las reglas pensionales inciden directamente en decisiones sobre cuánto tiempo cotizar, en qué régimen permanecer y bajo qué condiciones proyectar su retiro. Por ello, después de más de un año de suspensión, la falta de certeza sobre cuál será finalmente el sistema aplicable dificulta una adecuada planeación pensional”. La experta sostiene que “sin embargo, no todo el balance de este período ha sido negativo. Una de las medidas más acertadas de la Reforma, a nuestro juicio, fue la denominada Oportunidad de Traslado”.
Según explicó la abogada, esa ventana “permitió que personas próximas a cumplir la edad de pensión, que ya se encontraban dentro de los últimos diez años y no podían trasladarse bajo las reglas ordinarias, tuvieran una última oportunidad para revisar su situación y adoptar una decisión informada, previa doble asesoría”. Aseguró que, en su experiencia, ha conocido “casos de afiliados que descubrían tardíamente que el régimen en el que se encontraban podía no ser el más conveniente para sus condiciones. La medida reconoció una realidad fundamental: no existe un régimen universalmente mejor y la conveniencia depende de las semanas cotizadas, los ingresos, la historia laboral y el capital acumulado de cada afiliado”.
Sin embargo, la Sala Plena no tiene previsto responder qué ocurrirá con los trabajadores si la reforma vuelve al Congreso ni de dónde saldrán los recursos para ajustar las cuentas de quienes cambiaron de régimen. Su discusión estará concentrada en determinar si el trámite legislativo se ajustó o no a la Constitución. Por eso, Adriana Escobar resume el reclamo que atraviesa a afiliados, expertos y administradoras: “Colombia necesita resolver una cuestión elemental: saber finalmente cuáles serán las reglas que regirán el futuro pensional de sus afiliados”. Después de dos años de discusiones, una suspensión y una primera devolución al Congreso, la Corte vuelve a tener la reforma en sus manos. Lo que sigue sin estar claro es si esta vez tomará una decisión o abrirá un nuevo capítulo de incertidumbre.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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