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La demanda que pide tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro es, en este momento, el expediente más importante que atiende la Corte Constitucional. Sin embargo, a pesar de ser de la mayor prioridad para la Sala Plena del alto tribunal, el debate jurídico ha quedado en un segundo plano por un ambiente permeado por la política que, incluso, tiene con malestar a más de un magistrado y ha generado tensiones entre colegas. El Espectador conoció detalles de cómo se mueven las distintas ramas del poder alrededor del expediente y en el que el magistrado ponente pide tumbar la iniciativa gubernamental en el último tramo de la administración Petro.
Jorge Enrique Ibáñez es el encargado de la ponencia que presentó, por tercera vez, y en la que sostiene que la reforma pensional debe tumbarse. Su postura, que no ha cambiado en más de un año que lleva el proceso en su despacho, preocupa a la Casa de Nariño y a la propia Corte. Aunque la Sala Plena todavía no ha votado el proyecto de fallo, por ahora todo apunta a que el magistrado no tiene el apoyo de la mayoría. Si no la consigue, la ponencia sería derrotada y un nuevo magistrado tendría que presentar otra propuesta. Antes de esa votación, la Sala Plena debe resolver varias recusaciones que podrían cambiar el panorama.
Las recusaciones contra Jorge Enrique Ibáñez y Héctor Carvajal
La discusión del expediente no tuvo mayores avances esta semana, pues Ibáñez está en Madrid (España) atendiendo la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Por eso, las dos Salas Plenas programadas para este 29 y 30 de octubre fueron presididas por la vicepresidenta del alto tribunal, la magistrada Paola Andrea Meneses. Aunque el expediente de la reforma pensional no estuvo incluído en el orden del día en ninguna de las sesiones, sí se conoció la decisión de la sala de negar la recusación que un ciudadano presentó contra el presidente del alto tribunal por, supuestamente, “existir causales fundadas de parcialidad política, enemistad ideológica y prejuicio manifiesto frente al actual Gobierno Nacional”.
Aunque la recusación señalaba que Ibáñez no sería objetivo dentro del proceso por, supuestamente, ser de tendencia “ultraconservadora en un contexto político de oposición directa al actual Gobierno”, la Sala Plena rechazó de tajo la petición de apartarlo del caso porque el ciudadano “no concretó su interés dentro del proceso”. Es decir, que al no ser parte en el expediente, no tenía un fundamento válido para esa solicitud. Aun así, queda pendiente la recusación que presentó la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en contra del magistrado Héctor Carvajal. En este caso, los magistrados estudian a fondo su petición, por ser ella la demandante de la reforma.
Según distintas fuentes cercanas al proceso, la permanencia de Carvajal en la discusión del expediente sería vital para definir el futuro de la reforma. Quien fuera abogado y amigo personal del presidente Gustavo Petro, dice Paloma Valencia, debe apartarse del caso porque, también, fue asesor del fondo público de pensiones, Colpensiones. Dentro de las funciones que tuvo Carvajal, según la senadora, estuvo presentar conceptos jurídicos sobre la viabilidad de la reforma pensional. Por eso, Ibáñez le solicitó a Colpensiones que a más tardar el próximo 3 de noviembre envíe copias de los contratos firmados entre el magistrado y la entidad. Su permanencia en el caso, supondría un voto en contra de la ponencia.
El tenso ambiente en la Sala Plena por la pensional
Los magistrados de la Corte tienen claro que el caso debe resolverse en derecho. Sin embargo, el tema ha escalado a tan alto calibre político que el tema en la Sala Plena no ha pasado desapercibido. El asunto no es menor. Fuentes de la Corte le expresaron a este diario que los constantes señalamientos del gobierno Petro contra Ibáñez han hecho que la discusión se convierta más en un asunto personal entre el magistrado ponente y miembros de la Casa de Nariño. Una pelea de la que los demás magistrados quieren apartarse y, más bien, enfocar las discusiones de la Sala Plena donde sí deberían estar: la constitucionalidad de la reforma.
El ruido político sobre este expediente ha incidido en gran parte para que esta discusión haya trascendido el escenario judicial. El propio presidente Gustavo Petro y algunos de sus altos funcionarios, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, han descalificado el trabajo del magistrado Ibáñez, y lo señalan como opositor y no como juez. En todo caso, para el ponente, el trámite de la reforma pensional en el Congreso tuvo tantos errores que la iniciativa no puede seguir con vida. Un asunto de forma, y no de fondo, que ya había hecho que la reforma fuera devuelta al Legislativo para que corrigiera las fallas. Para Ibáñez, el Congreso volvió a equivocarse y no cumplió con las órdenes que había impuesto.
Entre otras cosas, el problema más grave, según la ponencia revelada por La Silla Vacía, es que la Cámara de Representantes no debatió la reforma el 28 de junio pasado, como se lo había pedido la Corte, que había exigido cumplir con tres pasos: discutir, votar y continuar el debate si era aprobado. Lo que señala Ibañez es que la plenaria optó deliberadamente por no hacerlo, desobedeciendo una orden directa de la Corte. Para el magistrado, no fue un error de interpretación sino una decisión consciente de ignorar el mandato judicial. Por esa razón, su ponencia propone tumbar la norma, pues el alto tribunal ya había concedido una segunda oportunidad para corregir el procedimiento.
El magistrado Ibáñez advierte que este caso refleja una falta de respeto institucional hacia el debido proceso legislativo que no debería repetirse. En la Sala Plena aún no hay claridad sobre el rumbo del fallo, principalmente porque algunas fuentes sostienen que los supuestos errores señalados por Ibáñez no constituyen fallas, sino prácticas usuales del debate parlamentario que no afectan el fondo. Mientras tanto, el futuro del expediente depende de si el magistrado Carvajal debe apartarse del caso, lo que representaría un golpe para el Gobierno, que cuenta con su voto favorable. El tiempo corre en contra del Ejecutivo, que está en la recta final de su mandato, y de la Corte, que completa cuatro meses sin decisión definitiva.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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