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Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se leyó un auto de la Fiscalía General en el cual se anunció el reintegro del investigador del CTI, Octaviano Casas, considerado uno de los principales peritos en el proceso que se adelanta contra el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias por el llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
En la diligencia judicial se señaló que Casas será reubicado en otro cargo y en otra área de la Fiscalía General, después de que este fuera declarado insubsistente cuando fungía como director seccional del CTI en Boyacá.
Igualmente se conoció que cumpliendo con la solicitud de protección solicitada por Casas se le entregó un escolta, un conductor y un carro blindado.
El pasado martes Casas se negó a seguir declarando en el proceso que se adelanta contra Arias Leyva argumentando que temia por su seguridad y la protección de su familia puesto que en este juicio ha presentado serias revelaciones en este proceso, en el cual fungió como uno de sus principales investigadores por la entrega irregular de subsidios.
«Mi situación personal, familiar, de seguridad, de confianza, de tranquilidad, en este momento está totalmente vulnerable y por el piso. No puedo continuar hasta que tenga tranquilidad para actuar. No puedo asumir una carga de estas sin el respaldo de una institución», precisó Casas.
El exfuncionario denunció que después de 23 años en el CTI fue declarado insubsistente y pidió garantías para seguir declarando dentro de este proceso, sin embargo, la magistrada de la Sala Penal, María del Rosario González aseguró que este hecho no le quita sus responsabilidades como testigo en este juicio.
«Ojalá no pase nada. Esto es un tema complejo. La institución debe velar y proteger a sus funcionarios», precisó Casas, quien advirtió que en e último estudio de seguridad que le hicieron se calificó su situación como de «riesgo inminente».
El investigador negó que su posición se trate de una maniobra dilatoria de la propia Fiscalía en este caso, asegurado que su salida del ente podría afectar el desarrollo del proceso judicial.
Andrés Felipe Arias fue acusado formalmente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación de terceros, al considerar que habría utilizado el programa bandera de su administración como plataforma política con el fin fundamental de encontrar apoyo entre un grupo de empresarios para su precandidatura presidencial por el partido Conservador.
Según la entonces fiscal General, Viviane Morales Hoyos, el exministro manejó todas y cada una de las etapas del programa, incluyendo la entrega de los subsidios no reembolsables para programas de riego y drenaje que terminaron en manos de grandes empresarios de la costa.
Considerando así que su despacho contrató de manera directa con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) violando así los requisitos legales en materia de contratación en Colombia.
La gravedad del asunto en el caso de Arias radica en el hecho de que dichos contratos fueron fijados como de cooperación científica cuando en realidad era para la administración de recursos, por lo que era obligatorio convocar a licitación pública.
El excandidato presidencial permanece recluido en el Cantón Norte desde el pasado 29 de julio, cuando un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá lo cobijó con medida de aseguramiento al considerar que podría obstruir a la justicia.
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