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Iván Cancino, quien se desempeñaba como abogado de Costa Caribe, renunció este martes a la defensa de la empresa. Argumentó que faltaban garantías para adelantar el proceso ante la justicia, además de motivos personales, de tranquilidad personal.
El domingo la Superintendencia financiera ordenó el cierre y la intervención de las oficinas de Costa Caribe. Ordenando con ello la suspensión inmediata de captación de dinero, que la Promotora Hotelera hacía a través de los denominados ‘contratos de participación’.
"Se ordena la suspensión inmediata de las actividades de captación masiva de dineros a través de la recepción de recursos del público por las vinculaciones a los denominados "contratos de participación" y suscripción de pagarés, bajo apremio de multas sucesivas hasta de dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada una", aseguró el domingo un comunicado oficial de la Superintendencia.
Los esposos Jaime Rodríguez Laguna y María Teresa Páez Cala son los cerebros detrás de la construcción de un complejo hotelero con 2.200 suites repartidas en ocho sedes, cuyo costo, estimado en $700 mil millones, sería financiado por los aportes de los inversionistas; todo esto bajo el lema: "Propiedad, renta y bienestar para toda la vida".
Los contratos de participación tenían un costo de $10 millones y al cabo de seis meses el inversionista temporal recibiría el doble. Los copropietarios tenían que invertir como mínimo $150 millones y a cambio recibirían una renta anual vitalicia del 12% en los dos primeros años y del 24% a partir del tercer año.
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