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Al menos cinco congresistas, que de alguna manera tienen su nombre en entredicho por investigaciones penales, han decidido abandonar el Legislativo buscando garantías procesales. Con esta constante, El Espectador hizo un análisis para identificar los efectos y resultados de esta práctica de la que ahora son parte los exsenadores Álvaro Uribe, Eduardo Pulgar y Richard Aguilar, y los exrepresentantes a la Cámara Álvaro Hernán Prada y José Caicedo Sastoque. La dinámica no se registraba desde que se destapó el escándalo de la parapolítica y renunciaron varios congresistas luego de que la Corte empezara a investigarlos.
El alto tribunal, que por disposición constitucional pone contra las cuerdas a los aforados en Colombia, ha sentado precedentes para quienes con su renuncia buscan que sus investigaciones pasen a manos de la Fiscalía. En diálogo con este diario, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra explicó que una sentencia de esta corporación estableció que una vez el congresista renuncia, su proceso queda en manos del ente investigador. No obstante, para frenar la estrategia se sentó nueva jurisprudencia que dispuso que los procesos deben estar bajo competencia de la Corte cuando el delito cometido tenga relación con su labor como congresista.
Aunque esta lógica ha prevalecido por varios años, en el ordenamiento jurídico no promete tener un cambio cercano. Lo que sí advierte el exmagistrado es el debate que se cierne alrededor de las etapas procesales en las que quedan los expedientes una vez cambia de ente investigador. Para el constitucionalista, es clave que el proceso continúe su rumbo sin dilaciones ni recursos que obliguen a empezar de cero, porque a su juicio, esto podría terminar en impunidad. Beltrán Sierra consideró que un proceso que empiece sin bases sólidas podría terminar en una absolución por vencimiento de términos, debido a que no tendría el mismo tiempo investigativo desde que se abrió el expediente.
Las diferencias en las etapas procesales obedecen a que, en la actualidad, la Corte Suprema se rige bajo la Ley 600 de 2000 y la Fiscalía bajo la Ley 906 de 2004. La discrepancia es que en la segunda existe un juez que analiza minuciosamente las pruebas recogidas por el ente investigador, mientras que en la primera es un grupo de magistrados quienes analizan, juzgan y condenan. De ahí que Beltrán Sierra considere que los congresistas buscan garantía en sus procesos, debido a que “la Corte es un poco más severa y un juez de mayor ilustración”.
A la postura del exmagistrado se suma el exvicefiscal Jorge Perdomo, quien añadió que la renuncia de un congresista no se convierte obligatoriamente en una forma de evadir la justicia. Por el contrario, coincide en que el ordenamiento jurídico actual brinda garantías a quienes son investigados penalmente. Perdomo recordó que las prácticas investigativas en los procesos son fundamentales a la hora de avanzar con un expediente que empieza su curso en la Corte, pero culmina en la Fiscalía. Situación que ocurrió con el caso del exsenador Álvaro Uribe, quien renunció al Legislativo en agosto de 2020 una vez conoció de la detención domiciliaria en su contra ordenada por la Corte Suprema.
Aunque el máximo jefe del Centro Democrático afirmó que asistiría a los llamados de la justicia, un revés de su defensa lo alejó del Legislativo para que su expediente quedara en manos de la Fiscalía. Esta situación fue criticada desde algunos sectores, no solo porque consideraron que era una jugada para evadir la justicia, sino también por la relación personal que existe entre el fiscal general, Francisco Barbosa, y el actual jefe de Estado Iván Duque, a quien impulsó años atrás para llegar a la Casa de Nariño. El polémico caso, en este momento, se encuentra ad portas de una posible preclusión solicitada por la misma Fiscalía. La decisión final la tiene un juez de primera instancia.
Pese a que el exmandatario ha sabido moverse, la misma suerte no corrió el exrepresentante Álvaro Prada, procesado por los mismos hechos. Ante su estrategia de llevar su caso a la Fiscalía, la Corte le dio una negativa y terminó dejando el expediente en el despacho de uno de los magistrados de la Sala de Instrucción. El alto tribunal halló que la presunta conducta delictual de Prada tuvo relación con su función como congresista. La defensa del exrepresentante ya presentó un recurso que busca dejar sin efectos esta decisión.
Otra renuncia conocida en los últimos días fue la del senador de Santander Richard Aguilar, quien fue detenido la semana pasada por supuesta corrupción en contratos mientras fungió como gobernador del citado departamento. Aunque la renuncia de Aguilar se conoció hasta hace algunos días, se está a la espera de que el alto tribunal defina si el expediente es remitido o no a la Fiscalía General. En este caso, su abogado Iván Cancino ha expresado públicamente que la renuncia del senador Aguilar está soportada en la preparación de su defensa.
Otro caso es el del exsenador Eduardo Pulgar, quien además de renunciar al Legislativo y someterse a sentencia anticipada, terminó condenado a cuatro años de prisión por soborno. El político de 51 años, a quien no se le ha definido su situación disciplinaria debido a que las audiencias en su contra en la Procuraduría están suspendidas, purga hoy su condena en una guarnición militar.
La decisión más reciente de la Corte Suprema de Justicia fue la remisión del expediente del exrepresentante José Caicedo Sastoque, quien renunció días después de que la Sala de Instrucción ordenara detención domiciliaria en su contra. Los argumentos de la Sala tuvieron la misma hipótesis que la del expresidente Uribe: los presuntos hechos cometidos no guardan relación con sus funciones de congresista. Cabe mencionar que Caicedo Sastoque se encuentra ante los estrados judiciales por supuestas irregularidades de contratación mientras fungió como alcalde de Zipaquirá.
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