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Ricardo Varela es uno de los hombres a cargo de la “papa caliente” de las cárceles en Colombia, un tema que hoy más que nunca está bajo la lupa tras la fuga de la condenada excongresista Aída Merlano (aunque la responsabilidad de ese episodio recae sobre el Inpec exclusivamente). Varela llegó como director a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) hace poco más de un mes y, en diálogo con El Espectador, revela una de sus primeras impresiones: en un país donde el hacinamiento en cárceles supera el 54 %, la entidad que encontró es “paquidérmica”, lo que hace difícil ejecutar las obras al ritmo que se debería.
Sin embargo, Varela, ingeniero industrial barranquillero, asegura que su experiencia en dirigir empresas de servicios públicos le ha dado las herramientas para tomar las riendas de una entidad que maneja uno de los mayores presupuestos en la Nación, y que, además, se está levantando todavía de un escándalo de corrupción que tiene a varios exfuncionarios en la cárcel. Por todos estos factores, cuenta que, al presentarse como el nuevo director de la Uspec, la gente suele reaccionar con una frase: ¡¿Qué estás haciendo?!.
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La gente de a pie no tiene idea de qué es la Uspec ¿Qué hace la entidad?
La Uspec presta básicamente tres servicios a la población privada de la libertad: el servicio de alimentación, el de salud y el de brazaletes electrónicos, para las personas que tienen con casa por cárcel. Y, aparte, estamos a cargo de generar infraestructura carcelaria (construir prisiones), así como del mantenimiento de esa infraestructura. Pero es un reto muy grande porque generar un cupo nuevo para un preso hoy cuesta alrededor de $120 millones, es muy costoso. Así, por ejemplo, si se quisiera construir una cárcel de 1.000 personas, costaría $120.000 millones.
Y esa es una de sus funciones, solucionar el hacinamiento…
Exactamente. Por eso la entidad cuenta con un presupuesto robusto cuando uno la compara con otras. Pero cuando llegué encontré una entidad paquidérmica, no se mueve, no ejecuta nada. Cuando llegué en agosto, la inversión para generar cupos nuevos estaba en el 28 %. Es decir, en todo el año, a agosto, sólo habían ejecutado el 28 %. Hay problemas detrás, claro, pero esta debería ser una entidad específicamente orientada a generar cupos para solucionar el hacinamiento.
¿De cuánto es el hacinamiento?
El promedio nacional del hacinamiento está en un 54 %. Tenemos 80.464 cupos y una población privada de la libertad de 124.268. Esos cupos están en 136 establecimientos de reclusión del orden nacional, y a su vez, de esos 136, hay 120 cárceles de primera generación (construidas antes de 1960), muchas de las cuales no tienen mantenimiento o se construyeron en su época sin obedecer a ninguna norma técnica. Pero hay una particularidad de los privados de la libertad: los sindicados (con prisión preventiva mientras avanza su proceso) son casi 30.000. Esa población nos está generando hoy hacinamiento, porque si uno quita a todas las personas sindicadas, el hacinamiento se reduce considerablemente.
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¿Cuántos cupos se van generar este año?
En el Plan de Desarrollo del presidente Duque la meta es generar 8.600 cupos terminados y 6.700 en construcción. El año pasado se hizo muy poco, y este año hay unos procesos constructivos andando y tenemos establecimientos a los que solo les falta dotación, como el de Girón, con 770 cupos, el de Ipiales, con 608 cupos y Girardot, con 240 cupos. Además, ya estamos por arrancar la contratación para una cárcel en San Ángel (Magdalena), un proceso que lleva cuatro años estancado y que generaría 1.500 cupos. Pero también encontré aquí en la Uspec una idea ya avanzada, que es generar “espacios modulares”: básicamente, ampliar las cárceles existentes, para crear cupos rápidamente. Tenemos cuatro procesos así, que nos generarían 2.000 cupos para 2020.
¿Con un presupuesto tan grande, no hay problemas de corrupción?
Una de las metas que tengo en mi gestión es la de establecer el uso de pliegos tipo para los proyectos de infraestructura carcelaria. La entidad que comenzó con el tema pliegos tipo fue Invías, que hoy son ley para obras de infraestructura vial en todo el país. Hemos extraído y copiado un poco esa metodología de evaluación para implementarlos aquí en los procesos de infraestructura carcelaria.
Una exdirectora de la Uspec que está presa, otra exdirectora a la que nunca conoció ni la entidad ni la opinión pública porque no trabajaba… ¿cómo es recibir una entidad con esa herencia?
Cuando ingresé sí me impresionó mucho, porque cuando me presento como director de la Uspec, la reacción de todo el mundo es: ¡¿Qué estás haciendo?! Pero decidí aportarle el granito de arena al país en este momento.
¿Y cómo ha sido ese proceso de sanear la entidad después del escándalo de corrupción?
No llegué tanto con el afán de escudriñar y buscar culpables. Yo lo que quiero es ejecutar, generar obras, que el contratista se vea obligado a cumplir, que las supervisiones de verdad funcionen. Para eso, hago los movimientos al interior que tenga que hacer, he traído a la gente idónea que yo considero que me va a servir para lograr ese objetivo y en el camino, lo que encontremos, de lo que haya que compulsarles copias a los entes de control, se hará.
¿Ya han pedido a los entes de control que investiguen?
Sí, hemos encontrado un par de decisiones que no correspondían. Sé que el problema con la anterior directora, María Cristina Palau, obedece a un contrato, muy polémico que se firmó con la entidad que antes era Fonade (hoy, En Territorio). Lo que ocurrió fue que, en 2016, un año en el que no ejecutaron nada, llegando al final del año le trasladaron todos los recursos de la Uspec a Fonade, para que ellos ejecutaran y se les entregó una lista de obras, una lista de necesidades. Aspiramos que con la nueva dirección de En Territorio saquemos adelante esos procesos, que están suspendidos, siniestrados, con una ejecución pobrísima.
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¿Cómo es la relación con la dirección del Inpec?
Eso me llamó muchísimo la atención cuando llegué. No nos comunicábamos como deberíamos. Parándome desde la ejecución industrial, el Inpec es mi cliente, porque es el que de verdad se encarga de la operación dentro las cárceles, así como de la resocialización. Por ejemplo, la Uspec genera obras de mantenimiento, pero deben obedecer a solicitudes que realiza el Inpec. La comunicación no era mucha, pero con el liderazgo de la ministra Margarita Cabello ahora intentamos estar en permanente comunicación.
La población presa constantemente toma acciones legales en contra del Inpec y la Uspec: tutelas, demandas, acciones colectivas, que desbordan a veces a las entidades. ¿Cómo está ese tema?
Esta es una entidad que recibe entre 26 y 30 tutelas al día. Por un lado, sí hay que fortalecer la defensa jurídica de la entidad, pero también pienso que hay jueces y magistrados que se extralimitan con sus fallos, que a veces les dan concesiones a los privados de la libertad que sobrepasan la capacidad del Estado. Ese es un punto importante, porque recién llegado tuve que ir al Congreso a explicar el presupuesto y ponía el ejemplo: si el hacinamiento es del 54 %, estamos hablando que se tienen que generar alrededor 50.000 cupos y, volviendo a la cifra que mencionaba antes, solucionar el hacinamiento costaría cinco billones de pesos. Esa cifra excede cualquier capacidad del Estado colombiano. Claro, siempre estamos buscando mejorar para que el servicio sea más adecuado, pero la verdad, nos han puesto tutelas hasta porque la comida llegó demasiado fría.
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