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El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega tiene una cita pendiente con la justicia de Estados Unidos el próximo 8 de septiembre. Ese día, ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el exmilitar que comandó la retoma del Palacio de Justicia durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, tendrá que dar cuenta de su posible participación en la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.
Se trata de un expediente clave, pues aunque la Corte Suprema de Justicia absolvió en Colombia a Plazas Vega por lo ocurrido en el holocausto, en un expediente penal, ahora la justicia estadounidense busca responder a la pregunta de si tuvo o no alguna responsabilidad de mando en el crimen del jurista del Consejo de Estado, en un proceso civil.
Plazas Vega, quien está radicado en la ciudad de Weston (Estados Unidos), fue llamado a juicio hace apenas una semana en el marco de una demanda civil que interpusieron en 2022 las hermanas Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegain, hijas del magistrado Urán Rojas.
Ellas argumentan que, como comandante de la Escuela de Caballería y una de las personas que lideraron la retoma militar del Palacio de Justicia, Plazas Vega habría tenido ingerencia en la tortura y desaparición forzada de su padre, a quien las cámaras de los medios de comunicación registraron saliendo vivo del edificio tras la toma por parte del M-19, pero luego fue hallado adentro, con un impacto de arma de fuego a corta distancia, según los informes forenses.
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La pregunta ante la cual está la justicia de Estados Unidos no es sobre el poder de dar órdenes que Plazas Vega tenía sobre la tropa que retomó, a sangre y fuego, el Palacio de Justicia. Tampoco si Urán Rojas salió vivo o no del Palacio de Justicia. El centro de la discusión está en la posible responsabilidad de mando por el control directo que habría tenido sobre quienes torturaron y asesinaron al magistrado auxiliar.
También en su posible conocimiento del crimen y si hizo algo para impedir su ejecución extrajudicial o investigar lo ocurrido durante el holocausto. Todos estos señalamientos sobre los cuales el exmilitar “sostiene que no tuvo participación ni responsabilidad alguna”, como señala uno de los documentos del proceso en su contra.
Sobre la tortura del magistrado Urán Rojas, el documento conocido por El Espectador y que marca las pautas para el juicio contra Plazas Vega en Estados Unidos advierte que “una persona puede ser responsable aunque no haya realizado personalmente cada acto”. Y aclara que “el demandado no necesita haber realizado personalmente la muerte”.
En ese sentido, las hermanas Urán Bidegain tendrán que demostrar durante el juicio que el exmilitar, como señala la demanda, “conspiró” desde su rol de poder, al ser el comandante de la Escuela de Caballería, y “sometió” al magistrado auxiliar a los tratos crueles de los cuales habría sido víctima tras su salida con vida del Palacio de Justicia y antes de su asesinato.
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En cuanto a la ejecución extrajudicial, el documento señala que se tendrá que demostrar que “una persona o varias personas mataron deliberadamente al magistrado Urán”; contrario a lo que ha sostenido durante años la Fiscalía en Colombia: que murió en medio del fuego cruzado del Ejército y la guerrilla del M-19. En segundo lugar, que “la muerte no fue autorizada por una sentencia previa dictada por un tribunal”; un argumento fácil de demostrar, pues en el país la pena de muerte fue abolida en 1910.
Sobre la posible responsabilidad de mando de Plazas Vega, el documento enfatiza: “No es necesario que la persona responsable haya utilizado personalmente un arma o ejecutado físicamente cada acto que produjo la muerte si (…) su conducta sometió al magistrado Urán a la ejecución extrajudicial”.
Referente a la posible responsabilidad de mando en el crimen de Urán Rojas, que está en el centro del juicio que se adelantará en su contra, el Tribunal del Distrito Sur de Florida advierte en su documento que “se basa en la idea de que quienes ocupan posiciones superiores dentro de una cadena de mando (en este caso la Escuela de Caballería del Ejército) tienen poder o autoridad y, además, el deber de prevenir los abusos”.
En esa línea, la responsabilidad de mando “hace responsable a un comandante por los actos de sus subordinados incluso cuando el comandante no realizó ni ordenó personalmente esos actos”. En este caso, como lo alega la demanda, la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado.
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Para demostrar esa posible responsabilidad de mando, el jurado tendrá que darle crédito a las pruebas y testimonios que prueben, como señala la demanda civil interpuesta por las hermanas Urán Bidegain, que Plazas Vega tuvo una relación de poder sobre quienes habrían torturado y asesinado a su padre, que tenía conocimiento pleno de lo que hacían los uniformados a su cargo o que omitió las medidas necesarias para evitar que ocurriera el crimen.
También para investigar y castigar a los responsables directos que estuvieran bajo su mando en la Escuela de Caballería del Ejército. Para ello, el Tribunal del Distrito Sur de Florida llamó a una extensa lista de personas a declarar como testigos del caso.
De parte de las hermanas Urán Bidegaín entregarán sus testimonios 21 personas, entre quienes está Orlando Arrechea Ocoró, quien trabajaba en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue rehén del M-19 y luego torturado por militares durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Los periodistas Julia Navarrete y Rodrigo Barrera, que vieron al magistrado auxiliar salir con vida del edificio.
Cecilia Cabrera Guerra, esposa de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio y desaparecido durante el holocausto. Y Ricardo Gámez Mazuera, exagente de inteligencia del Estado, que en 2007 le reveló a la Procuraduría la crueldad de las torturas ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985.
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Plazas Vega presentará durante el juicio a 13 personas como testigos. Uno de ellos es el magistrado auxiliar Jose Gabriel Salom, quien, pese a que fue herido durante la toma y retoma, sobrevivió y ha entregado información sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz en esos hechos. Y Alejandro Ordóñez Maldonado, exprocurador general de la Nación y recién designado por el presidente Abelardo de la Espriella como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Todos harán parte de los testigos y pruebas que, durante 10 días, desfilarán por la justicia de Estados Unidos de cara a resolver si Luis Alfonso Plazas Vega tuvo parte o no en el crimen del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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