«Responsables de delitos de lesa humanidad no pueden participar en política»: Rafael Guarín

En su intervención, el demandante manifestó que se debe hacer una clara diferenciación cuando se habla de los desmovilizados que puedan postular su nombre para un cargo de elección popular o a un puesto como funcionarios públicos si el proceso de paz que se adelanta en la actualidad llega a un buen término en La Habana, Cuba.

En este sentido aseguró que aquellos que no hayan recibido una condena por los casos anteriormente citados pueden acceder a estos cargos, sin embargo aquellos subversivos, ya sean del ELN, de las Farc o agentes del Estado, que estén inmersos en los mismos presentan una inhabilidad la cual está establecida por la Constitución Política y tratados internacionales firmados por Colombia.

“La inhabilidad política se deriva del carácter atroz del delito sin importar quién lo ejecute”, expresó Guarín al considerar no se puede crear una especie de filtro frente a los victimarios puesto que las víctimas han tenido que sufrir atropellos por parte de la guerrilla, los paramilitares y los agentes del Estado. “Me pregunto ¿hay una diferencia si la acción la cometió Mancuso o ‘Iván Márquez’”?

En este sentido aseguró que el Estado debe velar por el respeto y las garantías de los derechos de los victimas, quienes por 50 años han sufrido los actos ejecutados por miembros de grupos armados ilegales. “Los tratados internacionales hablan de una amnistía en el conflicto armado, la más amplia posible no la total (…) Las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no pueden recibir una amnistía”, precisó el demandante en su intervención ante el alto tribunal.

Para el demandante, la comunidad internacional ha considerado que el carácter atroz excluye la conexidad de crímenes de guerra con los crímenes políticos. “Se crean medidas restrictivas para luchar contra la impunidad. Restricciones a las graves violaciones de los derechos humanos, se niega el asilo y refugio político, así como la no extradición”.

En este punto aseguró que no se puede catalogar al terrorismo como un delito político, hecho por el cual de entrada la carta magna prohíbe la participación de los responsables para acceder a cargos como alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados, entre otros de elección popular.

“Los funcionarios públicos que sean hallados responsables de violaciones a los derechos humanos, no pueden continuar al servicio del Estado”, reiteró Guarín al considerar que no se puede caer en los errores de las comparaciones puesto que la incurrencia en este tipo de delitos no tiene justificación alguna por ninguna de las partes y la inhabilidad debe ser la misma para todos.

En este cason aseguró que los desmovilizados que no hayan sido condenados por estos delitos deben comprometerse a un desarme total, establecer la verdad sobre la violación de los derechos humanos, se reconozcan públicamente como victimarios, se conozca el paradero de los desaparecidos, entreguen a los menores reclutados, perdón público a las víctimas, a Colombia y a toda la humanidad, sin justificación alguna sobre sus actos.

Ante esto aseguró que los responsables de los responsables de delitos contra la dignidad humana, protección de los derechos humanos, lesa humanidad, tratados humanitarios, terrorismo, delitos trasnacionales. “¿Las masacres las torturas y las desapariciones son diferentes si las cometen miembros del Estado o un guerrillero de la Farc? ¿Qué diferencia hay entre los criminales de las Farc y las AUC?”.

Guarín aseguró que pese a lo que han dicho muchos no es un enemigo de la paz ni hace parte de una empresa que se beneficie con la guerra y por eso no quiere que se acabe. “La paz duradera debe establecerse y basarse en la justicia y el respeto de los derechos humanos (…) Se debe respetar la ley y la Constitución para respetar y garantizar los derechos de las víctimas, la justicia y el respeto por los derechos humanos”.