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La violencia y olvido estatal que durante años ha sufrido Tumaco y su gente no es un secreto. Este municipio, ubicado en la Costa Pacífica nariñense, ha sido epicentro de una batalla campal entre grupos al margen de la ley que se disputan a sangre y fuego los corredores viales de la droga, dejando a su paso una estela de dolor, sufrimiento y despojo. Pocas veces Tumaco es noticia por asuntos distintos a sus complejos problemas de orden público y, por eso, quizá, poco se habla de que, en su territorio, poblaciones étnicas e indígenas que lidian con la titánica labor de proteger sus tierras del control de los grupos armados, de la expansión de cultivos ilícitos y del crecimiento desmedido de grandes industrias que pretenden acaparar sus tierras. Por eso, un par de demandas que buscan que más de 28.000 hectáreas regresen a manos de cientos de familias afro e indígenas alimenta la esperanza de poblaciones históricamente vulneradas.
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Se trata de dos demandas presentadas en diciembre pasado por la Unidad de Restitución de Víctimas (URT). La primera busca la restitución de 23.000 hectáreas en favor de 4.486 familias que pertenecen al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, una comunidad étnica que desde años atrás se ha mencionado en instancias judiciales debido a su alto grado de vulnerabilidad. En el Auto 620 de 2017, por ejemplo, la Corte Constitucional la incluyó entre las poblaciones afro de la costa nariñense que debían ser protegidas de inmediato. El llamado al Estado para proteger a los miembros del Consejo se repitió en 2018, esta vez por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que los cobijó con medidas cautelares. Además, en los Acuerdos de Paz, este Consejo es uno de los casos priorizados en el capítulo étnico a raíz de una de las mayores afectaciones que le dejó el conflicto armado: la instalación de minas antipersonal.
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La segunda es una demanda que se interpuso el pasado 15 de diciembre ante un juzgado de restitución de tierras de Pasto y pretende devolver más de 5.000 hectáreas a cerca de 151 familias de los resguardos indígenas Awá Peña La Alegría y El Cedro, Las Peñas, La Brava, Pilví y la Pintada. Desde 2009, en el Auto 004, la Corte Constitucional dijo que “los Awá están sujetos a violaciones de naturaleza permanente, sistemática y generalizada derivadas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado en Colombia”. Y aunque han pasado varios años y el Gobierno firmó un Acuerdo de Paz con las Farc, la verdad es que la situación no ha cambiado mucho. De hecho, hace apenas dos años, un juzgado especializado en restitución, otorgó medidas cautelares a estos resguardos para proteger sus derechos territoriales.
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“Estos resguardos han sufrido las consecuencias de la expansión de la palma de aceite y la llegada al territorio de muchos colonos en busca de oportunidades. Esto ha provocado que muchos indígenas que tienen necesidades empiecen a vender sus tierras a estas personas y pierdan parte del territorio. Acá siempre ha existido el conflicto, se podría decir que aumentó después del Acuerdo de Paz porque surgieron muchos grupos al margen de la ley y los territorios se encuentran en disputa. Eso limita y pone en riesgo el ejercicio de las autoridades indígenas que se han enfrentado a toda esa situación en busca del bienestar de la comunidad y el futuro de la generación. En ese proceso, los mismos cabildos han venido impulsando trabajos con la Unidad de Tierras para buscar protección y garantías en los territorios”, explicó el concejal Awá delegado en Tumaco, Carlos Nastacuas.
Agregó que existe un conflicto muy delicado entre quienes están interesados en que se expanda la siembra de coca y la comunidad Awá, que rechaza la idea de que el territorio esté plagado de cultivos de uso ilícito. Este desacuerdo se ha convertido en una situación difícil de sobrellevar para los gobernantes indígenas pues, según Nastacuas, deben enfrentar a los colonos que llegan al territorio, adquieren las tierras y siembran coca. “Sabemos que los colonos son personas que llegan buscando oportunidades y, muchos salieron desplazados de otros territorios, pero los cabildos rechazamos el tema de la aspersión aérea, la fumigación y la erradicación forzada porque esto no solo afecta a los cultivos, sino también a la población. Lo que buscamos es que, en el marco de la restitución, también se encarguen de estos segundos ocupantes, que los acojan, no es que porque no son indígenas tienen que sacarlos como sea, no tenemos esa mirada”, indicó.
Y si en los resguardos Awá llueve, en las tierras donde está asentado el Consejo Comunitario de Alto Mira y frontera, priorizado de la misma forma que el pueblo Awá en el Acuerdo de Paz, no escampa. En esa zona, la demanda de restitución a favor del Consejo, interpuesta por la URT, no le cayó muy bien al resto de pobladores. Según que explicó la abogada Diana Lucía Aldana Giraldo, quien representa a casi 5.000 familias de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), el meollo de la discordia radica en que el territorio está habitado no solo por la comunidad étnica del Consejo de Alto Mira y Frontera, sino por también por familias indígenas y campesinas que se encuentran en condiciones vulnerables y que durante años han hecho actos de posesión de la tierra y han ejercido como sus dueños.
“La URT ha venido acompañando específicamente al Consejo Comunitario. Nuestra postura es que esta Unidad ha vulnerado los derechos de la comunidad campesina Asominuma que habita ahí. No se les ha dado un trato de segundos ocupantes y no se les ha caracterizado. Muchos de quienes hacen parte de Asominuma ocupan territorios que les vendieron las personas afro y otros llevan muchísimo tiempo habitando esas tierras. Por eso es que consideramos que ni la Unidad ni un juzgado puede decir que van a devolverles la tierra a unas personas y sacar a quienes están ahí sin ningún tipo de compensación o alternativa. Se trata de personas que dependen de lo que hacen ahí y que han sufrido otra cantidad de hechos victimizantes”, afirmó Aldana, quien hace parte de la Corporación Jurídica Yira Castro.
Otra cosa dice la directora de la Territorial Tumaco de la URT, María Catalina Delgado. La funcionaria afirmó, durante la etapa administrativa que se debe surtir antes de interponer la demanda, que la Unidad levantó un informe técnico en el que recopiló toda la información con respecto al territorio en la cual se caracterizó, no solo a la población del Alto Mira y Frontera, sino a quienes viven en la zona. “Nosotros debemos indicar si el territorio tiene ocupantes no étnicos, caracterizarlos en el documento y toda esta información se le entrega al juez de restitución cuando se presenta la demanda. Yo no puedo tomar una decisión frente a estas personas porque no es mi competencia, nosotros recopilamos toda la información del territorio y el juez es quien define cuál es el futuro de las comunidades no étnicas”, señaló Delgado.
La directora agregó que la gran mayoría de tumaqueños que solicitan restitución pertenecen a población étnica y que muchos de los solicitantes han sido víctimas de violencia relacionada con desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos, afectaciones a la integridad sexual, secuestro, entre otros. “Creo que Tumaco tiene una condición particular por su situación geográfica y ciertas características que lo hacen más susceptible a ser objeto de diversos ataques. El pertenecer a una región pacífica selvática, estar rodeada de ríos y compartir frontera con Ecuador hace que esté bajo presencia permanente de grupos armados organizados residuales que tienen como objetivo el tráfico de estupefacientes. Todas estas situaciones nos golpean de alguna manera en el proceso de restitución, pero hemos podio sortearla”, aseguró la funcionaria.
La Unidad se ha enfocado en dos puntos. El primero, en abordar el temor tanto de los pobladores que sienten miedo de participar el proceso de restitución como de los colaboradores que deben llegar hasta el territorio para realizar sus informes. Entonces, lo que ha hecho la URT es trabajar de la mano con la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y coordinar los ingresos a la zona. El segundo desafío está relacionado con generar confianza en la comunidad para que rindan testimonios, presenten documentos y participen del proceso de forma activa. En este aspecto, la oficina territorial se ha dedicado a construir relaciones con integrantes de los consejos comunitarios que han facilitado el ingreso de los funcionarios al territorio.
“El 2020 fue un año complejo, difícil, con cuarentena obligatoria, sin transporte municipal y la gente tuvo muchas dificultades para acercarse. A pesar de eso, se recibieron 75 solicitudes nuevas del Pacífico, eso significa que de alguna manera la gente tiene interés en el proceso de restitución. Este año, queremos estar permanentemente en el Pacífico para evacuar las solicitudes pendientes. Necesitamos levantar pruebas catastrales, medir predios y recoger testimonios. Son muchas pruebas para avanzar en el proceso y la geografía de la zona es difícil, pero ese es el objetivo de la territorial este año”, concluyó la funcionaria. Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta puesta sobre el municipio y no es para menos. El fin de semana pasado, 11 personas fueron asesinadas en cuatro hechos distintos, que estarían relacionados.
La gravedad de lo que está ocurriendo en Tumaco es tal, que las autoridades locales y nacionales realizaron un consejo de seguridad extraordinario, el pasado lunes, al que asistió el ministro de Defensa, Diego Molano. El alto mando ofreció hasta $100 millones de recompensa a cambio de información que lleve a la captura alias Albeiro, de la disidencia de las Farc autodenominada Oliver Sinisterra, y de alias Uriel, líder de Los Contadores, otro grupo conformado con disidentes. El consejo tenía que ver con el último episodio violento que vivió la región: el asesinato de 11 personas en cuatro hechos distintos. El Gobierno aseguró que esas muertes eran producto de los enfrentamientos entre la Oliver Sinisterra y Los Contadores, y en el fondo, lo que reflejan son los riesgos en medio de los cuales esta población de Nariño sobrevive.
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