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Eunice Gómez, una longeva víctima de la guerra del Urabá antioqueño, tiene un problema tan grande como las plantaciones de plátano en su tierra natal: en 1997, su familia fue perseguida brutalmente y desplazada de manera forzosa por seguir a la Unión Patriótica. Años después, presentó una solicitud de restitución, la cual le fue concedida en 2022 por orden de un juez. Sin embargo, no ha podido regresar a Turbo, ni ser indemnizada, todo por demoras de la Unidad de Restitución, la cual responde que todavía no encuentra un terreno preciso para devolverle. El año pasado, Eunice Gómez vio morir a su esposo, José de la Rosa Palencia, quien falleció sin ver el resultado del fallo a su favor. Como este, son miles los casos en Colombia en los que el regreso y la restitución de sus tierras no pasa de ser una esperanza.
En contexto: En el gobierno Petro se restituyen muchas menos tierras que en la era Duque
Hace más de una década, el gobierno de Juan Manuel Santos prometió que con la Ley de Víctimas le devolvería la tierra a más de 300.000 familias como la de Eunice Gómez y que, de hecho, la promesa era restituir hasta 6,5 millones de hectáreas. El problema es que, al paso en el que avanzan los procesos, probablemente muchas víctimas morirán sin tener en sus manos de nuevo la tierra que les fue despojada. Según la más reciente investigación de Forjando Futuros, una oenegé con apoyo catalán que hace veeduría a la restitución en Colombia, al ritmo actual probablemente se necesiten 109 años para cumplir la meta de las 6,5 millones de hectáreas, pues al momento solo se ha devuelto una cifra cercana al 10%.
“Los reclamantes están muriendo, mientas esperan la restitución”, dice Nora Saldarriaga, directora de Forjando, durante la presentación del balance. Según el estudio de la oenegé, mientras en el último año y medio del gobierno de Iván Duque se restituyeron 161.000 hectáreas, en el primer año y medio de Petro van 71.000. Es decir, el ritmo se desaceleró un 55 %. Cabe aclarar que la restitución inicia con una solicitud tramitada por la Unidad y termina con la decisión de un juez o un grupo de magistrados, los cuales toman sus tiempos. Un trámite distinto son las tierras que se entregan tituladas por la Agencia Nacional de Tierras.
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Asimismo, los procesos de restitución dependen de varios factores distintos a la iniciativa del gobierno de turno por agilizar las solicitudes presentadas ante los jueces. Por ejemplo, aunque se supone que la etapa judicial, la que depende de los togados, solo puede durar como máximo 120 días, Forjando Futuros también reconoce que en el 94% de los casos tardan más que eso. Sumado a ello, las entregas materiales de los predios pueden llegar a ser otra pesadilla en la que no tienen la culpa ni la Unidad de Restitución, ni los mismos jueces. Esto porque la ley establece que, en caso de probables afectaciones de orden público, la Policía y el Ejército deben acompañar la entrega del predio, pero pueden negarse si no están las condiciones de seguridad necesarias.
La principal apuesta
Ante la alarma que presenta el informe, organizaciones como Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) quieren otorgarle a la Unidad de Restitución las funciones de un juez, para, ojalá nunca más, ver casos como el de la familia de Eunice Gómez. La idea es que la Unidad pueda, justamente, restituir a víctimas de la guerra de manera directa. Eso sí, con la condición fundamental de que no haya un tercero o un opositor que pudiera disputar el terreno. Si es así, el caso pasa a manos de los jueces y magistrados de restitución, los cuales, durante los últimos 13 años, han decidido en extensos juicios la propiedad de una tierra, dependiendo de la capacidad de un opositor para demostrar que compró el terreno de buena fe.
La “Restitución vía administrativa” es el concepto que las oenegés buscan que sea una realidad en Colombia y para eso utilizaron la vía legislativa a través de un proyecto de ley, cuyos autores son congresistas como Jael Quiroga, David Alejandro Toro, Gloria Inés Flórez y James Hermenegildo Mosquera, entre otros. Según Forjando Futuros, el día que en Colombia se apruebe esa ley, podría pensarse en restituir de manera directa hasta 3,6 millones de hectáreas, lo cual representa más de la mitad de la meta nacional. Ilhal Can, director del observatorio de la oenegé, señala que no hay nada que temer, pues “los casos sin oposición, que son presentados a los jueces por la Unidad, han resultado en restitución o compensación en un 94% de las veces”.
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El proyecto fue radicado en noviembre de 2022 y su estado es, simplemente, en trámite. Otros proyectos gubernamentales se han llevado la atención de los legisladores, sin embargo, El Espectador revisó la ponencia del segundo debate en la Cámara, de diciembre pasado. En la audiencia pública, se destaca la voluntad del gobierno de agilizar la restitución a través del impulso de los ministerios de Agricultura y Justicia. No obstante, la Procuraduría se niega argumentando que “si no se ha podido cumplir las órdenes con un juez o tribunal, no se alcanza a pensar con las decisiones que imparta la Unidad”. Además, porque el proceso actual es más garantista para las víctimas y protege los derechos de los opositores. Más bien, dice la Procuraduría, hay que darle celeridad a las reglas que ya existen.
La Defensoría del Pueblo, con su mirada en terreno, dice que el verdadero cuello de botella está en que la “restitución vía administrativa” no puede garantizar que terminen entregándole a víctimas una tierra que, en realidad, sí está ocupada por terceros y quienes nunca fueron notificados de la situación. “De las 6 mil sentencias sin opositores, ¿por qué no se han hecho? Por la imposibilidad en el territorio de hacerlas efectivas”, explicó la entidad. Los reclamantes del caso Pisisí, del cual hace parte la familia de Eunice Gómez, fueron hasta el Congreso a decir que, además, los gobiernos deben preocuparse por garantizar el retorno de las víctimas. Casos como el de Urabá son claro ejemplo de que la familia puede tener una sentencia de restitución en la mano, pero un criminal del Clan del Golfo se convierte en el obstáculo en el camino hacia la tierra.
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“La única solución viable y de fondo es la restitución administrativa”, concluye el investigador Can. Públicamente, en nombre de Forjando Futuros, quieren dejar claro “aquí no se va a colar ningún campesino. No estamos diciendo que no se estudien los casos, que no se georreferencien o se haga el trámite correspondiente. Esta es simplemente la vía para hacerlo más rápido”. La ley, además, aunque le permitiría a la Unidad restituir de manera directa, propone que esas decisiones tengan control judicial y sean objeto de recursos de apelación. En todo caso, los datos muestran que este método para resarcir la guerra es un camino que tardará 100 años, si las reglas siguen tal cual están. De fondo están las esperanzas de personas que le piden al Estado que esos fallos se concreten y que “se cumplan en vida”, como lo sentenció la longeva Eunice Gómez, reclamante del Urabá.
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