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La unión entre Rosa Suárez y el patrullero en retiro José Crisanto Contreras resistió a una de las historias de la guerra más dolorosas registradas. Cuando se establecieron como familia, con una hija en brazos, padecieron la segunda toma guerrillera que más vidas cobró y que significó uno de los mayores golpes de las FARC, cuando, el 1 de noviembre de 1998, alrededor de 1.500 combatientes se tomaron Mitú. Era la capital de un departamento, Vaupés, que entonces estaba alzada prácticamente en madera y que era apenas resguardada por un número irrisorio de uniformados, de los cuales 41 murieron ese día. Otros 61 policías fueron secuestrados e internados en selvas del oriente colombiano.
Entre los secuestrados estaba José Crisanto Contreras, quien durante 72 horas hizo lo que pudo para mantener la poca institucionalidad existente, la estación de Policía, la cual fue asediada con disparos y cilindros bomba. Contreras se atrincheró en los túneles de la estación, pero le tocó rendirse y entregarse, antes de que los refuerzos de la seguridad del Estado contraatacaran. Al mismo tiempo, su esposa, Rosa Suárez, sobrevivió a una granada que cayó en el centro de la casa de madera que él le había comprado un año atrás. El hogar quedó hecho trizas y nadie pudo siquiera acercarse, pues Contreras era un rehén y Suárez fue amenazada y desplazada por haberse casado con un policía. Ahora, 27 años después, un fallo de restitución de tierras ordenó y garantizó el regreso pleno de la familia a su hogar.
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El Espectador conoció el primer fallo de restitución de tierras relacionado con la histórica toma de Mitú. Se trata de una decisión del Juzgado Primero de Tierras de Villavicencio con la que, además, Contreras y Suárez fueron declarados oficialmente víctimas del conflicto armado. A partir de ahora, podrán regresar al predio ubicado en el barrio Las Palmeras a través de una entrega digna, y recibirán alivios relacionados con impuestos, así como un subsidio para la recuperación de la vivienda. Todo ello estará a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que incorporó al expediente, así, la última declaración de Suárez: “Después de que yo salí, quedó abandonado. Yo tuve que venirme sin (llanto), sin nada, con solo lo que tenía”.
Para decidir, el juzgado conoció los testimonios que la pareja ha entregado a diversas instituciones sociales, así como los documentos oficiales de la toma de Mitú. Entre ellos, la resolución de 1998 con la que la Policía declaró “provisionalmente desaparecido” al personal de la institución. Un año después, la entidad confirmó el secuestro de 61 uniformados y la presencia de Crisanto, quien, luego de tres años en cautiverio, encontró libertad en 2001 durante los diálogos del presidente Pastrana con la guerrilla. Meses antes, 82 madres se reunieron para gritar por la liberación en la Zona de Distensión de San Vicente del Caguán. Al final, siete policías no fueron liberados, dos murieron en cautiverio, uno se fugó y otros pasaron 12 años de su vida a la merced de las FARC.
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“A mí me tocaba un turno de servicio en la noche”, recordó Contreras en audiencia de restitución de tierras, en agosto pasado. Aseguró no tener ni idea de dónde terminó secuestrado, pues los desplazaban por varios sitios. Cuando se le preguntó por los guerrilleros que lo mantenían en cautiverio, así respondió: “Un señor que lo llamaban Cadete y un señor que lo llamaban Romaña, había varios. Posteriormente, cuando nos tenían secuestrados, ya llegaba el señor Mono Jojoy”. Cuando fue liberado, Contreras trabajó durante 10 años en una oficina, hasta que el secuestro, y su herencia física y mental, le sacó factura. “Con las juntas de medicina laboral del Ministerio de Defensa me diagnosticaron un poco de enfermedades. Cuando fui a un ascenso, me declararon no apto para el servicio”, agregó.
Por su parte, Rosa Suárez contó que recién pudo visitar la casa 12 años después de la toma. “Hasta 2010 estuvo solo sin que nadie viniera. La casita estaba prácticamente cayéndose”, recordó. Según documentó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las FARC mataron a 43 personas, destruyeron la Secretaría de Educación de Mitú, el centro de salud, el único almacén de cadena, el centro de acción comunal, dos discotecas, una distribuidora de gas y el vicariato apostólico. La casa de Contreras y Suárez “se desatendió permanentemente desde 1998, sin que las eventuales ocupaciones de familiares y miembros de la comunidad indígena a la cual pertenece Suárez puedan reputarse como un acto de disposición”, señaló el juzgado. Y como ambos estuvieron de acuerdo en volver, se ordenó la restitución.
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Existen 41 solicitudes de regreso a la tierra por parte de víctimas de Mitú. Martha Liliana Arévalo, directora regional de la URT, explica que esta primera sentencia “permite garantías de no repetición, así como medidas complementarias como la formalización del predio, además de beneficios para proyectos productivos”. Aunque pasaron 27 años para el regreso de Contreras y Suárez, el contexto del conflicto armado cambió, pero no deja de ser preocupante. La última alerta temprana de la Defensoría sobre Mitú recuerda el grave riesgo humanitario por la expansión del Frente 1 Armado Ríos de las disidencias de las FARC. Una facción integrada por los mismos guerrilleros que no firmaron la paz en 2016 y que siguen acechando una ciudad todavía ligada a la gran masacre de 1998.
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