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Luego de casi diez horas de audiencia, en la noche del 25 de julio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó la primera audiencia de verificación de condiciones para la emisión de la que podría ser su primera sentencia restaurativa, tras más de siete años de haber empezado a funcionar. Una decisión relacionada con las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cometidos en Cesar y sur de La Guajira.
La diligencian, que se desarrolló durante el 24 y 25 de julio en un hotel de la ciudad de Valledupar (Cesar), fue citada por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. La audiencia estuvo dirigida por los cinco magistrados de esa instancia de la justicia transicional, presididos por la magistrada indígena Ana Manuela Ochoa Arias.
Allí se encontraron los 12 comparecientes por el caso de los mal llamados falsos positivos en el Batallón La Popa, las víctimas y familiares de 127 inocentes asesinados por militares y paramilitares —muchos de ellos pertenecientes a los pueblos wiwa y kankuamo—, entidades del Gobierno Nacional, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales.
Esta audiencia, clave para la justicia transicional y para la historia del país, por ser la primera de este tipo que se desarrolla en el marco del Sistema Integral para la Paz, hizo parte de las actuaciones de la JEP en el marco del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
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Dentro de ese caso, en el cual hay en total 4.222 víctimas acreditadas en el país, está también el subcaso Costa Caribe, que investiga las historias de las 538 personas acreditadas como víctimas de falsos positivos en esa región del país. Entre ellos, las de los familiares de las 127 personas asesinadas extrajudicialmete por grupos paramilitares y exuniformados del Batallón La Popa, entre enero de 2002 y julio de 2005.
En total, son 15 los exmilitares que fueron hallados responsables por esos asesinatos de víctimas en Cesar y Sur de La Guajira. Tres de ellos no aceptaron su responsabilidad y enfrentarán juicio. Los otros 12 que aceptaron los cargos y se convirtieron en comparecientes de la justicia transicional, se vieron cara a cara con las víctimas, a solo 31 días de que se conozca su sentencia.
Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Élkin Leonardo Burgos Suárez, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra son los exmilitares que podrían convertirse en los primeros sancionados por la JEP.
Durante la audiencia de verificación, los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad evaluaron si, en realidad, las condiciones de verdad están dadas para proferir un fallo y si la docena de entidades estatales implicadas en el cumplimiento de las sentencias restaurativas están preparadas para hacerlo. Sin embargo, al final de la jornada el sentir de las víctimas fue generalizado: hay muchas preguntas y la justicia parece quedarse corta.
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Los caminos de la justicia restaurativa
En la primera jornada de la diligencia, el jueves 24 de julio, el objetivo de la JEP fue revisar el grado de verdad y de aportes a la justicia por parte de los 12 exmilitares que hoy son comparecientes en el caso del Batallón La Popa. En la segunda sesión, la más extensa, las partes le pusieron la lupa a medir si las instituciones estatales están preparadas para el siguiente paso: la sentencia.
“Vamos a verificar si están dadas las condiciones para la reparación de las víctimas y si hay condiciones institucionales para el cumplimiento de las sanciones propias”, dijo la magistrada Ochoa Arias, al inicio de la segunda jornada. A renglón seguido, hizo una explicación detallada del funcionamiento de las sentencias restaurativas para el caso del Batallón La Popa.
Para sancionar a los 12 exmilitares que se declararon máximos responsables de falsos positivos en esa unidad militar y reparar a las familias víctimas de las 127 personas asesinadas extrajudicialmente allí, la JEP partió de cinco tipos de medidas consignadas en el Acuerdo de Paz de 2016.
Primero, las medidas de reparación colectiva; segundo, las medidas de rehabilitación psicosocial de las víctimas; tercero, las medidas para el retorno digno, seguro y voluntario de los desplazados a sus territorios. En cuarto lugar, las medidas para la restitución de tierras. Y, finalmente, las garantías de no repetición para todas las víctimas.
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Partiendo de estos puntos, explicó la magistrada Ochoa Arias, en el caso de falsos positivos en el Batallón La Popa, la jurisdicción tomó las 117 demandas de reparación instauradas por víctimas de la región Caribe y las agruparon en cuatro líneas de reparación: memoria y dignificación; sanción, armonización territorial y fortalecimiento organizativo; infraestructura comunitaria; productividad y generación de ingresos.
En esas cuatro líneas se concentran los nueve proyectos en los que los 12 comparecientes podrán cumplir con las sanciones propias, una vez se conozca la sentencia de la JEP. Misma que deberá ser emitida en un plazo de máximo 31 días, según está establecido en el reglamento de la justicia transicional.
En la línea de memoria está la construcción de un mausoleo en el cementerio de Valledupar, un parque memorial en Luruaco (Atlántico) y un plan de memoria para la costa Caribe. En materia de armonización territorial hay dos obras más: la Casa Cultural Nelson Enrique Moreno, en el Consejo Comunitario José Prudencio Padilla; y las Casas Multipropósito Sanando Memorias, Reconstruyendo Vidas, en Cesar y Magdalena.
Para infraestructura comunitaria se proyecta la construcción del Centro de Armonización Mildred Montero, para el pueblo kankuamo, y el Centro Integral y de Memoria Omonapa, enfocado en el pueblo wiwa. Finalmente, en la línea de productividad hay dos proyectos: el fortalecimiento productivo rural y urbano, y Sembradores de Amor y Paz.
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El termómetro de la restauración
Si bien en el papel todo parece estar claro, tanto para la JEP como para las entidades públicas del orden regional y nacional encargadas de su ejecución, la audiencia de verificación dejó ver que, especialmente para las víctimas, no todo está así de despejado. Pero, además, que el umbral de satisfacción con las sanciones propias a máximos responsables es bajo.
Ese tema no es nuevo para la JEP; incluso en un diálogo reciente con El Espectador, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de ese tribunal, se refirió al respecto. Dijo que el objetivo del proceso no es imponer verdades ni reparaciones únicas, sino abrir un camino en el que se debe entender que “no hay una fórmula mágica”.
“Si las víctimas no están convencidas con las sanciones, es legítimo y están en todo su derecho. El conflicto armado nos desgarró por más de 50 años, dejó un universo heterogéneo de víctimas con historias, afectaciones, identidades y reclamos de todo tipo. Es natural que persistan en los reparos sobre los proyectos e iniciativas que se vienen analizando”, dijo Ramelli a este diario.
Uno de los llamados a rendir cuentas sobre el nivel de avance y cumplimiento para la implementación de las sentencias restaurativas fue Harvey Danilo Suárez Morales, secretario ejecutivo de la JEP. Durante la audiencia de verificación, el funcionario hizo un mapa detallado sobre lo que va de cada una de las nueve iniciativas pensadas para el subcaso Costa Caribe.
La entrevista: Si las víctimas no están convencidas con las sanciones, es legítimo: presidente de la JEP
Sobre el Centro de Armonización Mildred Montero, Suárez Morales señaló que el predio y los estudios previos ya están, e impactará a 4.558 familias víctimas del conflicto que pertenecen al pueblo indígena kankuamo. Para el Centro Integral y de Memoria Omonapa, que estará en San Juan del Cesar (La Guajira) ya hay una posible oferta para el predio en el que se construirá y beneficiará al 6,5% de las víctimas acreditadas del pueblo wiwa.
En el caso del Plan Integral de Memorialización Costa Caribe, el secretario ejecutivo de la JEP detalló que la intervención con un mausoleo de 700 osarios al cementerio de Valledupar es el único proyecto que tiene plena luz verde. Ya hay oferta parcial para la construcción del parque memorial en Luruaco, pero siguen en rojo las obras de memoria —monumentos— proyectadas para las instalaciones de Batallón La Popa.
En cuanto a la Casa Cultural Nelson Enrique Moreno, en Valledupar, Suárez Morales detalló en su presentación que hasta ahora se están revisando ofertas de predios en los que podría ser construida la obra. En el mismo estado de avance se encuentran las Casas Multipropósito Sanando Memorias, Reconstruyendo Vidas, en Cesar y Magdalena, y los proyectos productivos multipropósito.
Ante ese panorama, el funcionario expresó que es necesario seguir adelante en la construcción del compromiso de las instituciones para el cumplimiento de las sanciones restaurativas. “Hay una responsabilidad institucionalidad en no proferir sentencias sin proyectos, sin financiación, sin sostenibilidad. La jurisdicción no podría ética, moral ni jurídicamente promover elefantes blancos en los territorios”, concluyó Suárez Morales.
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El sinsabor de las víctimas
Tras unas ocho horas de intervención de las entidades del gobierno que tendrán parte en el apoyo al cumplimiento de las sentencias propias por parte de los comparecientes —entre ellas los ministerios de Justicia, Defensa y Cultura, el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz—, el micrófono estuvo de nuevo en manos de víctimas y victimarios.
Primero fueron los 12 exmilitares del Batallón La Popa, máximos responsables de los 127 asesinatos de personas que fueron presentadas como bajas en combate, los que tuvieron la palabra. Todos, de forma similar a como lo hicieron en la primera sesión de la audiencia, aceptaron su responsabilidad frente a las víctimas y ratificaron su compromiso con la reparación a través de las sanciones de la justicia restaurativa.
Los voceros de las víctimas, una vez más, desnudaron su dolor frente a victimarios y magistrados de la JEP. Armados con flores blancas, camisetas, fotografías y discursos en hojas de papel, garabateados de su puño y letra, insistieron en que la verdad no ha sido suficiente, las sanciones se quedan cortas y no saber de dónde saldrá la financiación total para el desarrollo de los proyectos les deja interrogantes abiertos.
Otros insistieron en que asuntos como la entrega de las verdades completas y la búsqueda de los desaparecidos; temas que no se pueden dejar de lado por la importancia que tienen para la reparación integral. “Yo, como víctima, no acepto una fosa común más”, dijo Karen Castro Aguirre, una de las voceras, durante su intervención.
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Emelis Olivera Ariza, otra de las víctimas, se refirió en su pronunciamiento a otro tema clave: priorizar el pago de indemnizaciones administrativas de las familias. Especialmente a los buscadores de desaparecidos y víctimas acreditadas que son adultos mayores y viven en pobreza extrema. Esto, como parte de la obligación de urdir hilo a hilo la trama de su dignidad vulnerada.
“Los magistrados tienen una gran responsabilidad de constatar si los antiguos miembros del Ejército que hoy se encuentran frente a nosotros han cumplido las condiciones para acceder a los beneficios pretendidos, para que luego de examinar exhaustivamente todas estas condiciones, puedan emitir una sentencia con sus respectivas sanciones propias. De tal manera que estas sean viables, monitoreables y sostenibles, para proteger los derechos de las víctimas”, concluyó Olivera Ariza.
En esa línea, la magistrada Ochoa Arias planteó la reflexión final de la audiencia. “La JEP debe contar con el compromiso pleno y decidido del Gobierno Nacional, de sus instituciones y de las entidades territoriales para implementar las sanciones propias”, dijo la togada.
Quedaron en el aire preguntas sobre temas como la financiación de algunos proyectos, pues entidades como la Gobernación del Cesar señalaron en sus intervenciones que tienen todo el ánimo para ayudar, pero sus recursos financieros se quedan cortos. Tendrá la JEP que evaluar esos puntos vacíos en los días que le quedan para emitir su primera sentencia y plasmar en ella el resultado del trabajo que ha realizado desde hace siete años, cuando empezó a funcionar en pro de la paz, la verdad y la reparación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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