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El primer reporte hablaba de cuatro soldados retenidos. Luego, de 31. En cuestión de horas, esa cifra casi se duplicó a 57. Los hechos ocurrieron en la vereda La Hacienda, en el municipio de El Tambo (Cauca), en el centro del cañón del Micay, donde el Ejército ha encontrado un complejo campo de batalla: cuando mueve sus tropas para “tocar” al frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, la comunidad termina siendo utilizada como escudo humano. En estos recientes movimientos, dos suboficiales y 29 soldados fueron retenidos por la población, según información oficial, por orden del grupo armado ilegal que lleva años sacando provecho de esta ubicación estratégica para sus negocios de narcotráfico.
La situación obligó a la cúpula de la Fuerza Pública, a la Defensoría y a los ministros de Defensa e Interior, Pedro Sánchez y Armando Benedetti, a viajar de urgencia a Popayán donde este lunes 23 de junio desarrollarán una reunión extraordinaria de seguridad. También asistirá el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán y la Defensoría del Pueblo para revisar los esfuerzos que se han desplegado para lograr la liberación de los uniformados. “Desde el señor Presidente Gustavo Petro hasta todo el gobierno nacional y los organismos de humanitarios, hemos promovido el diálogo con estas comunidades, sin embargo, integrantes de la estructura criminal Carlos Patiño del cartel de alias Mordisco persisten en intimidarlos para impedir que llegue la inversión social”, escribió el ministro Sánchez en su cuenta de X.
Los informes oficiales de este reciente hecho en el Cauca señalan que los uniformados fueron privados de su libertad por la comunidad, justamente cuando estaban en el desarrollo de una operación militar. Según el comandante de la Tercera Brigada, el general Federico Mejía Torres, la misión era ubicar a un presunto líder del frente Carlos Patiño, una disidencia de las FARC conocida como el Estado Mayor Central (EMC), que se apartó del mando de “Iván Mordisco” el año pasado. Según informes de inteligencia militar, ese bloque guerrillero está liderado por Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, y hay dos altos mandos que estarían detrás de esta retención contra el Ejército: Jhon Alexander Jiménez Marín, alias “Zamora”, y alias “Geovanny”.
Tanto el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, rechazaron los hechos y pidieron la liberación inmediata de sus hombres. El primero escribió en su cuenta de X que “la Constitución política de Colombia es clara. Nadie puede retener a alguien, excepto las autoridades legítimas del Estado y según el marco legal. Lo demás, es secuestro, así lo intenten maquillar. No existe ningún lugar prohibido para que la Fuerza Pública cumpla con su misión constitucional de restablecer el orden y garantizar la seguridad. La asonada a la Fuerza Pública es un delito y por ende, un ataque al Estado colombiano”.
Por su parte, el comandante Cardozo Santamaría exigió la liberación inmediata de los soldados y agregó: “Ningún acto ilegítimo contra la libertad de nuestras tropas será tolerado. Denuncio que la población civil está siendo usada, intimidada y obligada a servir como escudo humano por estos grupos armados ilegales que pretenden desestabilizar la región”. Quien también habló sobre la utilización ilegal de la comunidad como escudo humano fue el general Mejía Torres de la Tercera Brigada, quien además hizo un llamado a “los organismos de derechos humanos porque pareciera que, para los soldados, no existen los derechos humanos”. El comandante pidió ayuda de organismos internacionales para lograr la liberación de los uniformados.
En medio de la tensión en la zona, se supo que la comunidad de El Tambo está exigiendo la presencia de altos mandos del Ejército y del Gobierno para liberar a los soldados. Una situación muy similar a esta se vivió en marzo de este año, justamente en el lugar donde están retenidos los militares. La comunidad, al parecer también por orden de hombres del frente Carlos Patiño, retuvieron a 28 policías y un soldado en el mismo lugar de la vereda La Hacienda en donde hoy se encuentran los 57 uniformados. Los hechos se registraron el 6 de marzo de 2025 y fueron liberados el 8 de ese mismo mes, con la ayuda de una misión especial de funcionarios de la Defensoría, organismos internacionales, la Iglesia Católica y la ONU.
Ambos hechos corresponden al mismo contexto violento: desde octubre del año pasado, el gobierno Petro lanzó una operación para tomar control del cañón del Micay, un enclave cocalero histórico del que han sacado provecho todos los grupos armados ilegales. Pese a que se anunció como una política pública para llegar con todas las instituciones del Estado a esa región olvidada durante décadas, lo cierto es que entidades públicas, organizaciones sociales y la propia comunidad ha denunciado que la idea se quedó en palabras, pues la única presencia garantizada ha sido la de la Fuerza Pública, pero sin muchos otros programas sociales para sacar a la comunidad del conflicto.
“Hago un llamado a la OEA, ONU y Defensoría que siempre han acudido a este tipo de situaciones para que puedan acompañar los procesos que lleven a la liberación de nuestros hombres”, agregó el general Mejía en diálogo con W Radio. Según fuentes enteradas de los hechos, la operación militar no pudo realizarse, por lo que inteligencia militar estaba en la tarea de determinar si en la población que tiene retenidos a los militares hay hombres de las disidencias infiltrados. El presidente Gustavo Petro reaccionó ante lo sucedido y en su cuenta de X escribió: “Los violentos quieren que golpeemos al pueblo, para tener la excusa de generalizar el conflicto, nosotros queremos generalizar la paz, pero liberar a los soldados, que son sus propios hijos, es imperativo”.
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