Revolcón y burocracia en la Fiscalía

Cada uno ha expuesto sus puntos de vista. El Procurador afirma que no es enemigo de la paz pero que el Marco Legal es un supuesto pasaporte de impunidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Con ese argumento pide contundentes medidas jurídicas. Por el contrario, el Fiscal sostiene que en el derecho moderno los mecanismos de justicia transicional buscan verdad, justicia y reparación a cambio de beneficios jurídicos que se pueden aplicar, en este caso, a los miembros de las Farc.

Más allá de estos argumentos existe una coincidencia clara. Se trata de las responsabilidades que le entrega el Marco Legal para la Paz a la Fiscalía con el trámite de las facultades extraordinarias para reformar la entidad investigativa -aprobado hoy en tercer debate en la Comisión Primera del Senado- que le brinda más presupuesto, incremento en la planta de personal, la posibilidad de contar con una academia de formación de talla universitaria y la creación de unidades especiales. Para los críticos; más burocracia.

Pero los argumentos con los que Montealegre defiende el proceso de paz y las facultades extraordinarias para reformar la Fiscalía se acogen a lo que contempla el Marco Legal para la Paz y buscan evitar un fracaso como el que ha significado la desmovilización de los paramilitares bajo el amparo de la ley de justicia y paz, que en la práctica no ha generado sanciones para los autores de los delitos y las víctimas se han quedado esperando para conocer la verdad y recibir la reparación.

Así lo explica Montealegre: «En este momento necesitamos mayor infraestructura en la Fiscalía General de la Nación para eventual proceso de paz y desmovilización de las Farc, para asumir la investigación, acusación y juzgamiento de cerca de 10.000 miembros de la guerrilla. Cuando se trata de violaciones de Derechos Humanos y la Fiscalía actúa, se imponen sanciones, se evita la impunidad y se garantiza la no repetición. Nosotros tenemos que aportar mucho en la etapa de posconflicto si la negociación así se da».

¿Se trata de una Fiscalía para la paz? Por lo menos el contenido en el Marco Jurídico así lo plantea. El artículo 66 señala que «mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción (…) para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas». Todo esto se hará bajo los criterios de priorización que serán definidos por las Fiscalía.

Así lo señala el mismo artículo: «El Fiscal determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en el marco de la justicia transicional».

En síntesis, en el marco del proceso de paz, la Fiscalía tendrá que implementar los instrumentos de justicia transicional, la autorización de mecanismos que desjudicializan la investigación y la sanción penal de algunas conductas, permitir la creación de criterios de priorización y selección de casos y acordar con el Congreso los mecanismos de cesación de la acción penal bajo los criterios de priorización de casos. Estos puntos serán los que se acuerden en la mesa de negociación en La Habana y tendrán que materializarse con el trámite de leyes estatutarias que reglamenten el Marco para la Paz.

Pero también hay escepticismo frente a la iniciativa. Para el senador Juan Carlos Vélez resulta preocupante que la reforma «pueda convertirse en un aumento desmesurado de burocracia que durante el gobierno Santos se ha visto reflejado en la creación de 18.000 nuevos cargos públicos, eso va en detrimento de inversión social. Solo en la Fiscalía se habla de 5000 nuevos empleos. Yo tengo una preocupación, nos estamos basando en una negociación de paz que todavía no es una realidad».

Coincidencia o no, Montealegre ha hecho la apuesta por el proceso de paz que se adelanta en La Habana y la implementación de mecanismos de justicia transicional para quienes dejen las armas, de igual forma el Gobierno y los partidos de la Unidad Nacional han dado un espaldarazo a las facultades extraordinarias para dar el paso a una ‘Superfiscalía’. El fin es el mismo, lograr que la negociación de paz en la etapa del conflicto cumpla con los parámetros de verdad, justicia y reparación, a diferencia de los fracasos que se han dado en el pasado, en especial, el de la desmovilización de los paramilitares.