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El clan político de la familia Aguilar fue construyendo su poder como un castillo de naipes. Su jefe, el coronel (r) de la Policía Hugo Aguilar, montó las bases de la estructura con el respaldo que tenía su trayectoria en el servicio, como el comandante del Bloque de Búsqueda que encontró a Pablo Escobar en una casa de Medellín y acabó con su vida en un tejado del barrio. Diez años después fue elegido como gobernador de Santander, cargo que le permitió controlar gran parte de la administración departamental y local. El siguiente nivel de cartas se montó en 2012, cuando su hijo, Richard Aguilar, llegó al puesto en la Gobernación que ya había ocupado su padre, iniciando una exitosa carrera política que lo llevó hasta el Senado.
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La punta del castillo apareció el año pasado, cuando otro de sus hijos, Mauricio Aguilar, se montó también como gobernador de Santander. Coronados los tres niveles, todo estaba listo para perfilar a los candidatos del clan Aguilar para las elecciones del próximo año. Sin embargo, una investigación que inició la Corte Suprema de Justicia tiene en serios líos a los herederos de Hugo Aguilar, uno de ellos ya preso y el otro dando explicaciones en la Procuraduría.
El centro de la posible caída del clan Aguilar está ahora en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a quien el alto tribunal le entregó todo el expediente que tenía en contra del exsenador por supuestas irregularidades de contratación.
El envío del caso a la Fiscalía sucedió el pasado 28 de julio, cuando el excongresista renunció sorpresivamente a su curul, unas cuantas horas después de que el alto tribunal lo capturara. Al perder su investidura como senador, la Corte Suprema ya no tenía autoridad para seguir con la investigación, un antecedente ya visto en el caso contra el también exsenador Álvaro Uribe. Sin embargo, su estrategia jurídica no fue igual de efectiva que la del expresidente. No solo le fue negada su libertad en dos oportunidades (algo que a Uribe sí le aceptaron en primera instancia), sino que el ente investigador le puso todo el acelerador al expediente.
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En menos de tres meses, el fiscal del caso estudió a fondo todas las pruebas que había ordenado la Corte Suprema, incluidos informes de policía judicial y testimonios. El resultado es que ya tiene lista la acusación en contra del exgobernador.
El Espectador tuvo acceso a ese documento de 226 páginas, en las que la Fiscalía confirmó todo lo ya dicho por el alto tribunal. El fiscal del caso incluyó consideraciones directas al papel que habría cumplido Aguilar dentro de lo que ya calificó como una empresa criminal que defraudó al departamento de Santander. Para el ente investigador, el exgobernador (cuyo periodo arrancó en 2012 y terminó en 2015) creó y dirigó un entramado criminal que direccionó, a su conveniencia al menos seis contratos.
“Aguilar, en su condición de gobernador, desde el inicio de su gestión gubernamental tuvo pleno conocimiento de su marcado interés en lo relacionado con la contratación pública del ente territorial, para su favorecimiento personal y el beneficio de terceros”, dice el documento que elaboró la Fiscalía. En concreto, la acusación reseña que el exgobernador, apenas llegó al despacho, modificó el manual de contratación y nombró a personas de su entera confianza para conseguir que los negocios fueran adjudicados a empresas que estuvieran dispuestas a aceptar el desvío de dinero para responder con la cuota que exigía Aguilar: el 10 % del contrato.
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Según la Fiscalía, “Aguilar, a la sombra de sus subalternos, personas de su absoluta confianza, lideró, direccionó y promovió el concierto criminal (…). Desde su oficina gubernamental impartió órdenes y/o instrucciones precisas para el direccionamiento de la adjudicación de la contratación por obras públicas y el cobro de dineros o ‘coimas’ en un monto del 10 % del valor de cada contrato, el cual era exigido a los contratistas para que fueran favorecidos”. Ese porcentaje, dice el escrito, lo estableció el propio Aguilar. El ente investigador, además de estudiar el trabajo de la Corte, también pidió a sus propios peritos que analizaran las pruebas.
La Fiscalía precisó que Richard Aguilar se habría quedado con al menos $2.300 millones, dinero que sus funcionarios, con ayuda de los contratistas, habrían simulado en “contratos corbata”. Para ello fue clave la ingeniera Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura de la Gobernación, entre 2012 y 2015, y su esposo, Lenin Darío Pardo, experto en obras civiles. Luego de ser vinculados formalmente a esta investigación, ambos firmaron una negociación con la Fiscalía y son los principales testigos en contra del exsenador de Cambio Radical, quien a su vez ha rechazado sus versiones e insiste en que la pareja está faltando a la verdad.
Según la acusación, ellos dos habrían sido los encargados de crear y firmar facturas de bienes y servicios falsos para justificar el desvío del dinero, cuyo paradero habrían sido los bolsillos de ellos mismos y los del propio exgobernador. La Corte Suprema, y ahora la Fiscalía, encontraron que, entre los beneficiados de este entramado ilegal, habría estado el empresario Aureliano Naranjo Salamanca, interesado en uno de los contratos cuestionados hoy por las autoridades: el de la construcción del corredor vial entre San Gil y Charalá. Según la investigación, se trata de un primo hermano de su papá, Hugo Aguilar, a quien Richard habría beneficiado desde su rol como gobernador.
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Entre otros hechos reseñados por la Fiscalía en su escrito de acusación, está uno relacionado con el también excongresista santandereano Edwin Ballesteros. Como lo contó este diario en su edición del pasado 19 de julio, cuando publicó los detalles de la investigación de la Corte Suprema contra Aguilar, Ballesteros habría participado de este entramado ilegal cuando estuvo al mando de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), entre 2013 y 2016.
El alto tribunal lo llamó a indagatoria para que explicara su rol en un millonario desembolso para el mantenimiento del alcantarillado en el sector El Casino, de Sucre (Santander).
Ahora, la Fiscalía asegura que Ballesteros fue el encargado de entregarle a Richard Aguilar una coima de $600 millones, proveniente de uno de los seis contratos cuestionados hoy por la justicia. Siguiendo los pasos del exgobernador, Ballesteros también renunció a la Cámara de Representantes el pasado 8 de septiembre, luego de que la Corte Suprema lo llamara a indagatoria. Su proceso está en manos de la Fiscalía.
Lo que alcanzó a descubrir el alto tribunal sobre lo que habría pasado en el despacho del gobernador Richard Aguilar tuvo coletazos contra Ballesteros, pero también uno que tomó por sorpresa al clan Aguilar, que tiene todavía sus apuestas hechas por el hoy gobernador, Mauricio.
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Cuando la Corte Suprema le envió todo el expediente de Richard Aguilar a la Fiscalía, hubo un hecho que también llamó la atención de la Procuraduría. El alto tribunal denunció que en la gobernación de Mauricio Aguilar se perdió una caja con nueve libros de resoluciones del despacho del gobernador. Justamente documentos firmados entre 2009 y 2017, años en los que Richard Aguilar habría amañado procesos de contratación.
Además, advirtió el alto tribunal, desde la administración de Mauricio Aguilar, se habría fabricado documentación falsa en beneficios del exgobernador, pues a la Corte llegó información que el CTI de la Fiscalía no encontró cuando inspeccionó los archivos de la Gobernación.
“Aparecieron milagrosamente siendo remitidos en formato electrónico, lo que permitió a los investigadores develar, a través de la herramienta Microsoft Word 2016 denominada metadatos, que fueron creados ex profeso en 2020 y 2021″, señaló la Corte. Es decir, que son documentos creados después de que se firmaran los contratos que hoy investiga la Fiscalía. La Procuraduría ya intervino en el caso. El pasado 16 de septiembre abrió una investigación disciplinaria al gobernador Mauricio Aguilar y le pidió al alto tribunal que explique si, con esa pérdida de los libros y la aparición de nuevos documentos, al parecer falsificados, se habría obstaculizado la investigación.
La punta del castillo de naipes del clan Aguilar deberá explicarle a la Procuraduría cuál es su versión de lo que pasó con el material perdido. El segundo nivel de la estructura sigue preso esperando que inicie formalmente el juicio en su contra por corrupción. Y la base de todo el andamiaje político, Hugo Aguilar, también está en la cárcel. Aunque fue condenado por parapolítica en 2013, y tras cumplir parte de su pena quedó en libertad dos años después, en 2017 volvió a estar tras las rejas. La recaptura se dio luego de una investigación periodística que reveló una foto de él manejando un vehículo Porsche, a pesar de que le había dicho a la justicia no tener cómo pagar la multa de $6.000 millones que había ordenado su sentencia por tener nexos con grupos paramilitares.
De cara a las elecciones de 2022, todavía no es claro cuál será la participación del clan Aguilar. Aunque ya ha logrado importantes victorias con sus líderes presos o bajo la lupa de las autoridades, esa posibilidad está en veremos. No obstante, todavía tiene una carta por jugar: la de Luz Ángela Hernández, una de las hijas mayores de Hugo Aguilar. Aunque el Centro Democrático ya le cerró sus puertas, todavía no se descarta que logre el apoyo de otro partido. Tiene la ventaja de no llevar el apellido del clan que reinó en Santander durante más de 10 años y que hoy los tiene dando explicaciones ante las autoridades.
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