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El próximo 30 de mayo, en los Juzgados de Paloquemao, un juez penal leerá el fallo condenatorio en contra de Roberto Prieto, el exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, quien tendrá que pagar cinco años de prisión por los actos de corrupción que rodearon la adjudicación de la Ruta del Sol III. Durante la audiencia, que se llevó a cabo el pasado 21 de mayo, en la que un juez avaló el preacuerdo al que llegaron la Fiscalía y Prieto, este estuvo cabizbajo, como permaneció a lo largo del proceso. Incluso el empresario, quien estuvo recluido en La Modelo en el último año, le pidió al juez -con la voz entrecortada- no asistir a la audiencia de lectura del fallo.
::Juez avala preacuerdo de Roberto Prieto con la Fiscalía::
Aunque Prieto será condenado por recibir un pago de $650 millones para incidir en favor de la Concesionaria Yuma en el mencionado tramo del megaproyecto vial, este también fue uno de los protagonistas del escándalo de los aportes de Odebrecht en las campañas presidenciales del expresidente Juan Manuel Santos. En febrero de 2017, la Fiscalía General señaló que indagaba si uno de los pagos que recibió el lobista de la constructora y exsenador Otto Bula ingresó a la campaña reeleccionista del exmandatario en 2014. El excongresista le contó a la Fiscalía que había entregado los dineros a Prieto, por medio del empresario Andrés Giraldo, en un café en el norte de Bogotá.
En marzo de 2017, tres meses después de que se conociera sobre los sobornos de la multinacional en Colombia, se supo que la constructora brasileña había aportado US$400.000 a la campaña de Santos en 2010 (la cual gerenció Prieto), dinero que habría sido destinado para pagar dos millones de afiches. Desde ese momento, gran parte de la atención recayó sobre el reconocido empresario. Por ende, a los pocos días de conocerse este pago, Roberto Prieto reconoció ante los medios: “Ordené los afiches con plata de Odebrecht, eso quedó claro. En la campaña, los financieros fueron los que hicieron el acercamiento con ellos”. “Me acabo de enterar”, fue la respuesta del entonces presidente Santos.
::Roberto Prieto, un poderoso tras las rejas::
En mayo de 2017, cuando la Fiscalía le imputó cargos por el lobby que hizo en favor de Yuma ante la Agencia Nacional de Infraestructura, el ente investigador mostró audios en los cuales, aparentemente, Prieto intentó conocer, manipular y tratar de llegar a los testigos de este caso. En concreto, a los exdirectivos de Odebrecht que hicieron presencia en Colombia Luiz Antonio Bueno Júnior, Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soares y Eleuberto Martorelli. En los audios se escucha a Prieto y a Eduardo José Zambrano, uno de los lobistas de Odebrecht, hablando sobre una publicación en la revista Semana en la que Martorelli no involucra a Prieto con el pago que entró a la campaña.
Sin embargo, en junio de ese año, la Fiscalía señaló que Prieto no podía ser procesado penalmente porque para la época que se dieron los aportes de Odebrecht en Colombia, 2010 y 2014, la ley colombiana no contemplaba como delito recibir aportes de extranjeros ni exceder los topes de gastos en las campañas. Estos hechos solo se castigaban con sanciones administrativas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Solo hasta agosto de 2017 estos actos comenzaron a ser delito en Colombia, con penas de 4 a 8 años de prisión, gracias a una ley que endureció la regulación penal frente a los delitos electorales.
::La nueva investigación disciplinaria que la Procuraduría le abrió a Roberto Prieto::
En agosto pasado, faltando pocos días para que Juan Manuel Santos acabara su segundo período presidencial, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que en su mayoría se posesionaron ante el exprimer mandatario en 2010, decidieron archivar las investigaciones que se adelantaban a las campañas presidenciales por el ingreso de dineros de Odebrecht. La Sala Plena de la autoridad electoral decretó la caducidad 17 meses después de haberse abierto la pesquisa.
El Proceso 8.000
El caso Odebrecht no es la primera vez que Roberto Prieto tiene que dar explicaciones ante la justicia. Durante el escándalo de la supuesta filtración de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, el tesorero de la empresa electoral y testigo estrella de la Fiscalía, Santiago Medina Serna, señaló que la empresa de Prieto participó en cruces de cheques de la cuestionada campaña. La empresa de Prieto, Radiodifusores Unidos, una firma creada para ofrecer servicios de publicidad, le prestó su servicios a la campaña del entonces candidato del Partido Liberal para las elecciones de 1994 y a su vez fue donante de la misma. Al final, la versión de Prieto fue suficiente para la justicia y no fue procesado.
Por David Escobar Moreno
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