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Desde hace cuatro décadas, Colombia libra una desigual batalla contra un monstruo de mil cabezas llamado narcotráfico. Justamente hace 40 años, un sicario menor de edad descargó la carga de su metralleta contra el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien ocho meses atrás había emprendido una solitaria batalla por desenmascarar a los capos de la mafia y frenar su ascenso violento a punta de dinero manchado de sangre y droga. Después de él, sus aliados también cayeron como fichas de dominó, desamparados por el Estado. La guerra contra el narcotráfico empezó a mostrar sus fracasos.
Desde ese momento hasta hoy, son decenas los hechos que prueban la ineficacia de la guerra contra las drogas, con un costo para el país que pocas naciones o líderes mundiales han podido comprender. En la memoria colectiva, todavía causa estupor recordar tantos episodios de violencia o injusticia, cobijados después por la impunidad. Sucesos que ensombrecieron nuestra historia. En los cuarenta años del primer gesto de valentía para enfrentar al narcotráfico, El Espectador recuerda cuarenta momentos de dolor o incertidumbre colectiva por cuenta de una batalla perdida que sigue frustrando el anhelo de Colombia de vivir en paz.
Rodrigo Lara Bonilla
En la noche del 30 de abril de 1984 fue asesinado el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Llegó al gobierno de Belisario Betancur como miembro del partido Nuevo Liberalismo, pero solo alcanzó a estar en el cargo ocho meses. Sin embargo, en poco tiempo le puso pecho a la avanzada sanguinaria del narcotráfico y denunció la entrada de dineros ilícitos a la economía, las instituciones, la política, hasta el fútbol profesional. Sus debates y denuncias destaparon una verdad que pocos reconocían y dejaron al descubierto las andanzas del representante a la Cámara por Antioquia, Pablo Escobar Gaviria. 1
Gustavo Zuluaga Serna
El 30 de octubre de 1986, cuando se movilizaba hacia su casa en compañía de su esposa, fue acribillado a tiros el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Gustavo Zuluaga Serna. Desde que era juez, sin atender las amenazas, se atrevió a lo impensable: investigar a Pablo Escobar Gaviria por su primer crimen conocido: el asesinato de dos funcionarios del DAS en 1976. Lo promovió luego de que El Espectador publicó la prueba de que el capo tenía un pasado íntimamente ligado con el narcotráfico. Tres magistrados más del mismo Tribunal Superior de Medellín también cayeron asesinados. 2
Coronel Jaime Ramírez Gómez
El lunes festivo 17 de noviembre de 1986, el excomandante del Departamento Antinarcóticos de la Policía, el coronel Jaime Ramírez Gómez, fue asesinado por sicarios a órdenes del Cartel de Medellín. El oficial era considerado como un baluarte en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y fue la mano derecha del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Al coronel Ramírez se le atribuyó, entre otras acciones contra el narcotráfico, el hallazgo del complejo de Tranquilandia en el Caquetá, el más grande laboratorio de procesamiento de cocaína. Además, promovió la paralización de más de 150 avionetas y helicópteros habitualmente destinados al tráfico de estupefacientes. 3
4. Guillermo Cano Isaza
El miércoles 17 de diciembre de 1986, a la salida de El Espectador, que dirigió durante 36 años, fue asesinado Guillermo Cano Isaza. El periodista, a través de su columna Libreta de Apuntes, señaló con nombre propios a los capos de la droga y criticó la ineficacia del Gobierno para detenerlos. Cano fue visionario en advertir que esa mafia se estaba llevando por delante a las instituciones del Estado y a la propia justicia. En procura de imponer la impunidad del caso, la mafia asesinó al abogado Héctor Giraldo, dinamitó la sede del periódico, asesinó a tres ejecutivos en Medellín y al menos a dos administradores de justicia.
5. Un procurador y varios defensores en Antioquia
En pocas horas, el 25 de agosto de 1987, el Cartel de Medellín segó la vida de tres defensores de derechos humanos de Antioquia: Luis Felipe Vélez Herrera, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur. El crimen fue atribuido a las autodefensas urbanas lideradas por Carlos Castaño, que junto a sus hermanos Fidel y Vicente, eran parte integral de la organización mafiosa. Uno de los funcionarios que más se opuso a la mafia fue el procurador Carlos Mario Hoyos. El 25 de enero de 1988 fue secuestrado y asesinado por orden de Pablo Escobar. El gobierno Barco expidió el Estatuto para la Defensa de la Democracia, primer articulado antiterrorista.
6. 1989, el año del horror
El año empezó con la masacre de La Rochela, el 18 de enero, cuando fueron asesinados 12 funcionarios judiciales. El 3 de marzo el narcoparamilitarismo, en su cruenta ofensiva contra la izquierda democrática, asesinó al dirigente de la Unión Patriótica, José Antequera. El 4 de julio, un carro bomba mató al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán. El 28 de julio, fue acribillada la jueza María Helena Díaz, quien confirmó medidas de aseguramiento contra Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño expedidas por la jueza Martha Lucía González en el exilio. Como no pudieron matarla, asesinaron en mayo a su padre, Álvaro González Santana.
El 16 de agosto, después de firmar un auto de llamamiento a juicio contra Pablo Escobar por el crimen del periodista Guillermo Cano, fue asesinado el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Valencia García. El 18 de agosto, fue acribillado a tiros el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero. Ese mismo día fue acribillado el candidato presidencial, Luis Carlos Galán, en la plaza pública de Soacha. Los carros bomba contra El Espectador, un avión de Avianca con 107 inocentes a bordo, o contra las instalaciones del DAS, dejaron un número indescifrable de víctimas anónimas.
7. La política de sometimiento de Gaviria
En medio de una cadena interminable de asesinatos de policías, y del crimen de dos candidatos presidenciales más -Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez- a manos del narcoparamilitarismo, el recambio en la Casa de Nariño derivó en una política de sometimiento que la mafia ajustó a su gusto. En medio de las negociaciones, Escobar secuestró a Diana Turbay, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar y Francisco Santos entre otros, para presionar un sometimiento con penas laxas y sin extradición. Los decretos 2047 y 3030 de 1990 y 303 de 1991 resumieron un sometimiento que solo dejó impunidad y más sangre.
8. La farsa de La Catedral
Mientras el Congreso concretaba la histórica reforma que le dio vida a la Constitución de 1991, Pablo Escobar se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991. El episodio terminó convertido en un capítulo más de impunidad con un escenario físico: la cárcel de La Catedral, que se construyó para que el capo no siguiera delinquiendo, pero terminó convertida en una guarida para que siguiera delinquiendo a sus anchas. El mismo día que se entregó, la constituyente prohibió la extradición. Un año después, el 22 de julio de 1992, cuando el gobierno quiso trasladar al mafioso a una cárcel confiable, Escobar se escapó con sus lugartenientes.
9. La guerra contra Escobar y el fortalecimiento de los grupos paramilitares
Tras la fuga de Escobar, las autoridades lo acorralaron hasta su muerte en diciembre de 1993. En esa cacería tuvieron protagonismo los “Perseguidos por Pablo Escobar” (Pepes), sus antiguos aliados, con los hermanos Castaño y Diego Murillo o Don Berna a la cabeza, que salieron ganando con su posicionamiento. En la memoria del país, salieron a relucir los recuerdos de otra siniestra organización que se convirtió en una marca de la guerra sucia. El movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), que desde las postrimerías de 1981, mostró los tentáculos de la violencia selectiva, con los caminos cruzados entre el narcotráfico y el paramilitarismo.
10. El escándalo de los narcocasetes
En plena campaña presidencial de 1994, los capos del Cartel de Cali reeditaron la costumbre de financiar las empresas electorales. La diferencia fue que en esta ocasión dejaron pruebas del delito. Tras la elección de Ernesto Samper, el derrotado candidato Andrés Pastrana hizo públicos unos audios en los que Miguel Rodríguez Orejuela, en diálogo con el periodista Alberto Giraldo, dejó entrever la presencia de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial. Cuando el tema se volvió escándalo, Samper aseguró que todo se hizo a sus espaldas. El cardenal Pedro Rubiano comentó que era como si un elefante entrara a su casa y nadie lo viera.
11. El escándalo del proceso 8.000
Con la divulgación de los llamados narcocasetes, arrancó uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos: el proceso 8000. Además de una veintena de congresistas investigados, y el procurador Orlando Vásquez y el contralor David Turbay, entre otros, el tesorero de la campaña Samper Presidente, Santiago Medina Serna, confesó que el dinero del Cartel de Cali sí entró a las cuentas. Altos directivos de la campaña, encabezados por el ministro Fernando Botero Zea, terminaron condenados. Samper Pizano fue sometido a juicio político y absuelto por la Cámara de Representantes.
12. La creación de las Convivir
En la antesala del gobierno Samper, cuando el primer fiscal Gustavo de Greiff confrontaba con la justicia norteamericana por los intentos del funcionario de abrir un proceso de negociación con capos del cartel de Cali y el norte del Valle a través de la recién expedida ley 81 de 1993, la administración de César Gaviria creó las llamadas Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir), que dio una mampara legal al narcoparamilitarismo para convertirse en una rueda suelta de apoyo a la fuerza pública con el aval del Estado. El gobierno de Ernesto Samper las reglamentó y hasta 1997 que la Corte Constitucional limitó sus alcances, fue una fachada violenta.
13. La reanudación de la extradición
Las presiones de Estados Unidos al gobierno Samper crearon una agenda obligatoria para impedir más descertificaciones a la política antidrogas. Aumento de penas por delitos de narcotráfico, revisión de los acuerdos marítimos para persecución en aguas internacionales, una ley de extinción de dominio de capitales ilícitos con carácter retroactivo y un acto legislativo para revivir la extradición de nacionales a Estados Unidos. En ese momento, las Farc acumulaban millonarios recursos producto del “impuesto al gramaje” en los territorios cocaleros y el narcoparamilitarismo se enfocó en el control de los insumos químicos y el lavado de activos.
14. La guerra impune entre los Machos y los Rastrojos
Sin el Cartel de Cali y Medellín en el panorama, el cartel del Norte del Valle, constituido en su mayoría por ex policías, hegemonizó el negocio junto a varias organizaciones asociadas al paramilitarismo. Sin embargo, tras la reapertura de la extradición de colombianos a Estados Unidos, como consecuencia de las negociaciones de algunos capos con la DEA y tras el asesinato en la cárcel de La Picota de su máximo líder, Orlando Henao Montoya, el cartel se dividió en dos bandos: el de Diego Montoya Sánchez, bajo el nombre de los Machos, y el de Wilber Varela, apodado Los Rastrojos. Miles de víctimas anónimas dejó esta confrontación fratricida.
15. La conquista de las autodefensas
Volvió la extradición de colombianos a Estados Unidos, pero mientras el gobierno de Andrés Pastrana abrió una negociación de paz con las Farc, con una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados entre Meta y Caquetá, entre 1996 y 1997 el narcoparamilitarismo consolidó la organización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los hermanos Carlos y Vicente Castaño, Diego Murillo Bejarano, Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez o “Macaco”, Rodrigo Tovar Pupo o Ramiro Vanoy, entre otros, desarrollaron un proyecto asesino y desplazador, en muchos casos cruzado con omisiones de la fuerza pública.
16. La ley de justicia y paz, un gran fracaso para las víctimas. Verdades para la guerra jurídica, pero poco para las víctimas.
El auge del narcoparamilitarismo tuvo un primer escollo: la justicia norteamericana pidió en extradición a varios de sus jefes por su condición simultánea de narcotraficantes. La reacción de Carlos Castaño y demás jefes de la organización fue insistir en una negociación política para garantizar su conveniente desmantelamiento. Hubo contactos y hasta diálogos en los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, pero con el arribo a la Casa de Nariño de Álvaro Uribe Vélez, revivió la negociación que condicionó la no extradición de sus líderes, a la puesta en marcha de un cese de hostilidades y un pacto político: el acuerdo de Santa Fe de Ralito.
17. El fracaso del Plan Colombia
La ruptura del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc llevó al ejecutivo a negociar con Estados Unidos el denominado Plan Colombia. Un proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas para acabar de una vez por todas con la amenaza del narcotráfico, que se transformó más en una coordinada acción anti insurgente para acabar con las FARC. El Plan Colombia nació en el gobierno de Andrés Pastrana pero se concretó en la administración de Álvaro Uribe. Si bien se fortalecieron las unidades militares y de Policía, los cultivos de coca aumentaron y se multiplicaron las víctimas del conflicto.
18. Los ajustes de la Corte Constitucional a la ley de Justicia y Paz.
Los acuerdos de Santa Fe de Ralito permitieron la desmovilización de unos 18 mil paramilitares. Para formalizarlos, en el contexto del Derecho Penal Internacional y sus premisas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con el impulso del gobierno Uribe, el Congreso creó la jurisdicción de Justicia y Paz. Al margen del escándalo de la parapolítica, el sistema derivó en importantes sentencias, pero mucho más vacíos judiciales e impunidad. En 2006, la Corte Constitucional ajustó la ley de Justicia y Paz a sus debidas proporciones, y al advertir el paramilitarismo que quedó truncado su salto a la política, empezó el rearme.
19. La extradición de la verdad para las víctimas
Ante la disyuntiva de persistir en el proceso de negociación con el gobierno o de reasumir las tareas propias del narcoparamilitarismo, el rearme permitió la creación de las llamadas Autodefensas Gaitanistas, coloquialmente llamadas “Urabeños”, y en las definiciones del gobierno como el “Clan del Golfo”. Cuando el gobierno Uribe se percató que no trataba con líderes de autodefensas, sino con jefes mafiosos, decidió extraditarlos a Estados Unidos. El 13 de mayo de 2008, fueron extraditados catorce jefes del narcoparamilitarismo y con ellos se esfumaron las verdades de su intervención en la guerra.
20. La parapolítica y el estrecho vínculo de la mafia, la política y la fuerza pública
Aunque en los años noventa el proceso 8.000 evidenció los nexos del narcotráfico con la política, salió a relucir un siniestro pacto suscrito desde 2001 para garantizar el control electoral en las regiones. El llamado Acuerdo de Ralito, distinto al pacto entre el gobierno Uribe y las autodefensas, quedó plasmado en un documento firmado por los jefes paramilitares, 11 congresistas, dos gobernadores y cinco alcaldes. Su propósito: ganar las curules al Congreso, las asamblea y los concejos, además de algunas gobernaciones y alcaldías, con acceso a millonarios recursos públicos.
21. Giorgio Sale y la Corte Suprema de Justicia
El 22 de noviembre de 2006, en medio de una operación internacional contra el narcotráfico y el lavado de activos, fue detenido el empresario italiano Giorgio Sale. Se supo de inmediato de sus nexos con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, pero también de su cercanía social con varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. La justicia italiana aportó evidencias de que Sale siempre contó con enlaces de apoyo en los estrados judiciales, pero nunca se ahondó quienes fueron los interlocutores. El caso quedó en la impunidad y nada se supo sobre los sondeos de la mafia a la justicia.
22. El escándalo judicial por el sometimiento de los capos del norte del Valle
Entre 2010 y 2011, Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, y otros capos como Diego Rastrojo, Cuchillo y el Loco Barrera, herederos de los capos del norte del Valle, adelantaron aproximaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos para desarmar sus ejércitos y acabar con el narcotráfico. La propuesta jamás se concretó, pues los narcos pretendían pagar sus penas en cárceles de Colombia y no ser extraditados. El caso acabó en escándalo cuando se supo que los jefes narcotraficantes ofrecieron US$12 millones al entonces asesor del presidente Santos, J. J. Rendón. Nunca se aclaró lo sucedido ni se supo que se hizo el dinero.
23. La despenalización de la dosis personal y el fracaso de la persecución contra productores
Hace 30 años, en junio de 1994, la Corte Constitucional despenalizó el porte y consumo de dosis mínima de droga, en protección del ejercicio de libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos. Sin embargo, además de incontables intentos por echar abajo esta avanzada jurisprudencia, la persecución policial a los consumidores, en especial a los jóvenes en las ciudades, sigue siendo el aliento de la corrupción y de los prejuicios. Entre tanto, los grandes productores siguen llenando sus bolsillos y el moralismo impide cualquier alternativa legal mientras en el exterior se estructuran negocios.
24. La colecta de los narcos para elegir a un fiscal
En 2010, desde una cárcel en Nueva York, el extraditado narcotraficante Jhon Eidelber Cano, habló de un episodio que nunca tuvo una investigación formal. Conocido por ser uno de los protegidos del exjefe paramilitar alias Macaco, Cano confesó que la elección de Mario Iguarán como fiscal, en 2005, contó con $5.000 millones de las autodefensas. Pese al testimonio, ampliado por otros declarantes, la justicia nunca investigó el caso y el asunto quedó clasificado como un rumor. Sin embargo, años después, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, varios comparecientes han insistido en esta historia impune.
25. Una ley de extinción de dominio que se quedó corta
Con carácter retroactivo, la ley de extinción de dominio nació en 1997 como una estrategia para contrarrestar la avanzada de los capos de la droga y confiscar sus fortunas manchadas de cocaína o de sangre. Colombia fue el primer país del mundo en implementar una norma de este estilo, pero muy rápidamente empezó a quedarse coja. No solo por las complicaciones jurídicas para llegar a una sentencia, pues un caso puede tardar hasta 10 años en resolverse, sino porque el Estado comenzó a usar la ley para otros propósitos como extinguir la propiedad de camiones utilizados en protestas, bares o discotecas.
26. La derrota de la Dirección Nacional de Estupefacientes
Los elegidos para proteger los bienes incautados a la mafia, en cumplimiento de una política de Estado para quitarles a los capos sus fortunas adquiridas con dinero ilegal, han significado una lucha de más de 25 años. La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se creó en 1990 y una de sus misiones era administrar las propiedades que, después de pasar por un proceso de extinción de dominio, debían ser controladas por el Estado. Sin embargo, las estructuras de corrupción que nacieron para combatir el narcotráfico contaminaron a la DNE. En 2011 dejó de existir con un balance lamentable en resultados y corrupción.
27. El narcotráfico, la fuerza pública y los funcionarios
Incontables expedientes judiciales han demostrado cómo en incontables ocasiones, así como han existido oficiales, suboficiales y unidades de la fuerza pública convencidos de la lucha contra el narcotráfico, también es desproporcionada la estadística de los que, a cambio de dinero o de poder, entraron a beneficiarse del jugoso negocio de las drogas. Policías escoltando cargamentos de sustancias ilícitas, militares en alianza con narcoparamilitares para asesinar civiles; hasta funcionarios públicos, incluidos jueces, callando u ocultando evidencias para impedir la captura de grandes capos.
28. La mafia y el fútbol
Los equipos profesionales de fútbol han sido escenario de penetración de la mafia. En los años ochenta se movieron a sus anchas, a pesar de que el ministro Rodrigo Lara le hizo saber al país de los dineros oscuros en América, Nacional, Medellín, Millonarios, Santa Fe, Pereira y Unión Magdalena. El máximo accionista de Envigado, Gustavo Upegui López, hasta su asesinato en 2004, fue un hombre de las entrañas de la criminalidad organizada en él Valle de Aburrá. Varios equipos han pasado por la Lista Clinton o la justicia colombiana, sin conclusiones claras sobre lo que ha sucedido en los últimos cuarenta años.
29. El microtráfico es hoy el principal detonante de inseguridad
Según el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, el microtráfico es una actividad muy rentable para los grupos ilegales. Su auge alcanzó cifras históricas en 2016, justamente cuando el Departamento Nacional de Planeación concluyó que Colombia dejó de ser un país exclusivamente productor y pasó a ser consumidor. Las redes de microtráfico, además, ejercen un intenso control social en las zonas periféricas, justamente donde despliegan su negocio. En lugares como Caucasia (Antioquia), el Clan del Golfo gana hasta $4.500 millones al mes por venta de cocaína, según el Observatorio.
30. El hacinamiento carcelario se agrava por delitos relacionados con las drogas
Desde hace por lo menos cinco años, investigadores y académicos vienen advirtiendo sobre las consecuencias del hacinamiento carcelario, con cifras críticas en las que el narcotráfico tiene una altísima incidencia. Desde 2016, año en el que el Inpec empezó a estudiar las estadísticas de los delitos que tienen presos a miles de colombianos, el tráfico de estupefacientes, su fabricación o porte, es una conducta que ha estado en el top cuatro de la lista. En 2023, por ejemplo, la entidad reportó que había 17.307 personas en la cárcel sindicadas o condenadas por delitos asociados al tráfico de estupefacientes.
31. El Acuerdo de Paz con las FARC y una promesa incumplida
El punto cuatro del Acuerdo Final que firmó Colombia con las FARC en 2016 planteó una solución al problema de las drogas ilícitas. Se propuso intervenir sobre los diferentes niveles de la cadena del narcotráfico para abordar el fenómeno de manera integral. Sin embargo, sus avances van a paso de tortuga. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito no coge fuerza como alternativa para campesinos que han vivido de la cosecha de hoja de coca y de otros productos. Aunque el gobierno Petro sí ha enfocado su política de drogas en un problema de salud pública con enfoque de derechos humanos, los efectos están por verse.
32. Las fortunas ocultas
El lavado de activos ha sido, desde siempre, el palo en la rueda de la complicada persecución penal a los grandes capos. A través de testaferros y de sofisticados sistemas financieros, durante años se han lavado miles de millones. La forma de frenar esta intensa actividad lleva a casos de impunidad rotunda. Capos como Macaco, Mancuso o Don Berna, por solo citar a tres narcoparamilitares conocidos, siguen ocultando fortunas. Por eso es normal que la Fiscalía siga anunciando de vez en cuando la incautación de haciendas, carros de alta gama y toda clase de lujos. El lavado se ha sofisticado tanto que hay narcos haciendo negocios con bitcoin.
33. Un problema de salud pública
Durante décadas, el enfoque global de la lucha contra el narcotráfico ha sido abordado como un problema de seguridad, represión y persecución criminal. Esa estrategia ha sido influenciada por Estados Unidos, donde se concentra la mayor demanda de droga. Este enfoque ha impedido que sea abordado como un problema de salud pública. Según el último informe sobre drogas de la ONU, la estimación mundial de personas que usaron drogas en 2021 es de 13.2 millones, 18 % más de lo estimado antes. El número de personas que padece trastornos por consumo de drogas se ha disparado hasta los 39.5 millones, lo que supone un aumento de 45% en 10 años.
34. Los efectos del narcotráfico en el medio ambiente
Ni el medio ambiente se salva de los estragos del narcotráfico en 40 años de lucha en su contra. Lo que ha tratado de explicar la academia y los expertos en el tema es que existe un nexo directo entre la deforestación y los cultivos de coca en el país. Según un informe del Ministerio de Ambiente, en 2020 se talaron cerca de 13.000 hectáreas de selva colombiana para dar lugar al cultivo de coca. Los efectos no solo se ven en la tala de bosques, sino también en el uso indiscriminado de otras sustancias para la elaboración de la cocaína, como tolueno, ácido sulfúrico, acetona y gasolina, que terminan contaminando recursos hídricos.
35. El fantasma de la mafia en las campañas políticas
La sombra de dinero de la mafia en las campañas políticas resulta un asunto recurrente. El caso más reciente se vivió en la contienda electoral de 2018 en la que salió elegido Iván Duque y el proceso se conoció como la “Ñeñepolítica”. Aunque las investigaciones no dieron resultados convincentes, lo que se supo es que dineros sospechosos entraron “debajo de la mesa”. Al parecer el origen de los mismos fue el ganadero y supuesto narcotraficante, José Guillermo “El Ñeñe” Hernández. La justicia tampoco dice mucho respecto a otro capo conocido como Marquitos Figueroa, enlace de organizaciones criminales en el Caribe.
36. El caso de Otoniel Úsuga
Luego de ser buscado por cielo, tierra y mar durante casi 20 años, las autoridades capturaron en octubre del año 2021 al criminal más buscado: Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. El máximo jefe del Clan del Golfo y el artífice de la consolidación de un grupo criminal con tanto poder que, una vez capturado, siguió sembrando el terror y paralizando ciudades enteras en al menos diez departamentos del país. Un narco de vieja guardia que pasó por las filas del EPL, el Cartel de Medellín, los Pepes y las autodefensas. Hoy, el Clan del Golfo sigue siendo uno de los principales grupos narcotraficantes del país y la jefatura de Otoniel hace rato está ocupada.
37. El fracaso de la lucha contra el narcotráfico lo confirma la Comisión de la Verdad
Luego de tres años de investigaciones, la Comisión de la Verdad, creada en el marco del Acuerdo de Paz con las Farc, confirmó lo que ya era más claro que el agua: que el actual paradigma de la guerra contra las drogas ha sido un total fracaso. Lo ha sido, sostiene, porque, en términos sencillos, puso el énfasis donde no era: no produjo resultados efectivos para desmontar el narcotráfico como sistema político y económico, como negocio, mientras el prohibicionismo criminalizó poblaciones y territorios, y “sumó un número enorme de víctimas en el marco del conflicto armado interno”.
38. Los tentáculos de una organización trasnacional
Según un estudio de la Universidad de la Sabana, los narcos colombianos llegaron a dominar el tráfico de cocaína en los mercados de América Central y el Caribe hacia Estados Unidos y a través del Atlántico hacia Europa. Hacia los años 90, formalizaron relaciones con los carteles mexicanos y esas redes se expandieron hacia el sur del continente. Esas relaciones sangrientas se han evidenciado en los últimos tiempos con casos como el asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Cartagena. Delincuencia organizada transnacional que se mueve a sus anchas.
39. La promesa de la paz total
El primer presidente de izquierda en Colombia llegó a la Casa de Nariño con una política ambiciosa: lograr la paz total en el país, a través de la negociación con grupos guerrilleros y bandas criminales dedicadas al narcotráfico. A tres meses de cumplirse dos años de gobierno, los procesos no marchan por buen camino. No solo porque los esfuerzos se han centrado en negociar con el ELN y las disidencias de las FARC, en medio de su escalada de violencia, sino porque con narcotraficantes como el Clan del Golfo, las salidas no son claras. Lo único evidente es que Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína.
40. El narcotráfico ha significado la prolongación de la guerra en Colombia.
La Comisión de la Verdad y los historiadores de la guerra en Colombia no dudan en afirmar que la mafia ha financiado a todos los grupos que han hecho correr ríos de sangre en el país. Desde los capos de la droga de los 80, los paramilitares de los 90 y 2000; o la financiación de la máquina de secuestros de las Farc. Sin embargo, el narcotráfico nunca ha sido actor armado en sí mismo, sólo ha sido un poderoso negocio ilícito. Y, como toda organización mafiosa, va más allá de sus capos o de sus sicarios, necesita políticos, corrupción de miembros de la fuerza pública y el poder judicial. Y una sociedad encriptada en los prejuicios.
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