Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La forma en la que Edmundo Rodríguez Sobrino guardaba casi mil millones de pesos en su apartamento de Barranquilla, es un misterio. ¿Debajo del colchón, en un armario, en bolsas o en maletas? La altísima suma de dinero, sin embargo, fue hallada por autoridades españolas y colombianas en su casa en la capital del Atlántico cuando ya estaba más que anunciada la caída de este reconocido empresario de Madrid, con millonarios negocios no solo en Colombia y España, sino también en Panamá, México y Brasil. Su participación en uno de los peores escándalos de corrupción del país ibérico, conocido como el caso Lezo, lo llevó a la cárcel y a juicio. Ahora, le llegó el turno de hacer lo mismo en Colombia.
La Fiscalía espera que Rodríguez Sobrino cumpla con la citación que le hizo para que asista este 19 de septiembre de manera virtual a la imputación de cargos en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito, administración desleal y falsedad en documento privado. Esta audiencia está programada en el marco de una de las tantas investigaciones por corrupción en Colombia que se conoce con el nombre de caso Inassa. El ente investigador tiene indicios de que Rodríguez Sobrino habría desviado más de US$80 millones de dólares que, en teoría, debían utilizarse para una asistencia técnica en la empresa de aguas de Barranquilla, pero que nunca llegaron allí.
(En contexto: Las claves para entender el caso Inassa)
El caso de Inassa ha tenido como principal protagonista en Colombia a la empresa barranquillera Triple A, aunque también están envueltas Metroagua de Santa Marta y Avanzada Soluciones de Acueducto y Alcantarillado (ASAA) en Riohacha. Las tres son filiales de la empresa es Inassa, que a su vez es un brazo de la empresa española Canal Isabel II. De acuerdo con las investigaciones del caso, a través de estas empresas se habría desviado millonarias sumas de dinero que se habría utilizado para el pago de sobornos, irregularidades en contratación y pagos irregulares tanto en España como en Colombia. Los testigos y otras personas vinculadas al caso y han confesado las maniobras para mover la plata en el país.
Por ejemplo, una de las exgerentes de la Triple A, Julia Serrano, quien ya fue vinculada al caso, confesó que constantemente la contactaban sus jefes desde España. “A mí me llamaban a la oficina del doctor Ramón Navarro Pereira, en donde en ocasiones estaba el señor Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa. Me daba instrucciones. Me decían: ‘Julia saca tanto, para lo cual se necesitaba una empresa intermediaria’”, relató la exgerente. En la mayoría de los casos, utilizaron a la firma Recaudos & Tributos, filial del grupo. “Expedían una orden de compra, los contratistas presentaban una factura y ellos se la pagaban”, agregó Serrano.
(Le puede interesar: Sociedad de Activos Especiales asume control directivo de la Triple A, vinculada a Inassa)
Fue ella quien explicó que para entregar el dinero que le pedían sus jefes, también tenían otra modalidad. “Me llegaban de Recaudos & Tributos. Se los entregaba a Ramón Navarro y desde la gerencia de la Triple A eran enviados con guardias de seguridad de la empresa a los bancos, quienes los cambiaban y luego regresaban a la empresa con el efectivo y lo entregaban a distintos beneficiarios”, explicó la exgerente. La Fiscalía calcula que, a través de estas maniobras, los dueños de Inassa se apropiaron de más de $27.000 millones “mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y cuatro contratos de consultoría”.
Por este mismo caso, ya fueron llamados a indagatoria 11 directivos y exdirectivos de Inassa, quienes estarían detrás de un desfalco de más de $237.000 millones. Además del desvío de dinero por contratos, los testigos del caso han entregado información a las autoridades de que ese dinero habría terminado en las cuentas de congresistas colombianos. Según el medio español El Confidencial, dinero en efectivo de la tesorería de Inassa “se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos exmilitares colombianos”.
(Le sugerimos: A juicio disciplinario tres gerentes de la Triple A por caso Inassa)
Este sistema tan directo y tan evidente, explicó el medio de comunicación, motivó las quejas de algunos cargos de la compañía, que avisaron a Edmundo Rodríguez de lo irregular de estos pagos y de lo peligrosos que eran”. Un video publicado por la Cadena Ser en el cual se veía a a Rodríguez, junto a su jefe, Ignacio González, fue clave para los investigadores que siguieron a los españoles en varias de sus reuniones en Colombia. El registro muestra que los empresarios entraron con unas bolsas plásticas en las manos. Al salir, ya no llevaban nada. Eso, para la Fiscalía, es la prueba irrefutable de que lo que llevaban a la cita era dinero para el pago de sobornos en la capital de Bolívar.
Otra de las revelaciones que ha hecho El Confidencial involucra a un exmagistrado de la Corte Constitucional, quien habrían recibido dinero a cambio de favorecer a la empresa Recaudos y Tributos S.A. (R&T), sucursal del grupo Inassa. La ayuda que habría recibido R&T está enmarcada en una controversia entre esa empresa y el Distrito de Santa Marta, por la revisión de legalidad de un contrato para la modernización en el sistema de gestión y recaudos tributarios de esa ciudad (No. 092 de 2002).
(En contexto: Agenda del expresidente de Inassa enredaría a exmagistrados de la Corte Constitucional)
El alcalde de ese entonces, Carlos Caicedo, terminó unilateralmente el contrato, pero la firma R&T interpuso una tutela contra esa decisión. Un juez le dio la razón y otro juez de revisión confirmó la decisión. Sin embargo, el tema llegó hasta la Corte ConstitucionalLos investigadores creen que la anotación de Edmundo Rodríguez Sobrino corresponde a un posible pago de $600 millones que habría recibido Jorge Ignacio Pretelt, entonces magistrado de ese alto tribunal, con el fin de revocar la decisión y favorecer a R&T. Por eso, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes con el propósito de establecer si Pretelt cometió alguna irregularidad.
El caso Lezo En abril de 2017, no había un titular diferente en España que uno referente al escándalo de corrupción que involucraba a la reputada empresa de acueducto de Madrid, Canal Isabel II, y a políticos y reconocidos empresarios españoles. Tal y como lo reveló la Fiscalía de este país, el episodio tenía que ver con el pago de sobornos a políticos, contratos y servicios ficticios, ocultamiento de dinero y desvío de dineros públicos para enriquecer a los dueños de las empresas y al Partido Popular (PP) de España, no sólo es uno de los más tradicionales en el ajedrez del poder, sino que a él pertenece el entonces presidente, Mariano Rajoy.
El 19 de abril de ese año, la noticia del escándalo tuvo su pico más alto: la Policía capturó a Ignacio González González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y luego Edmundo Rodríguez, director de Canal de Isabel II. Además de ellos dos, fueron capturadas otras nueve personas. Según la Fiscalía española, González y Rodríguez eran las cabezas de un grupo dedicado a saquear los dineros del acueducto de Madrid y sus empresas filiales en Colombia, Ecuador, Panamá, Brasil y República Dominicana, para enriquecerse y enriquecer al PP. Aunque ambos hombres salieron de la cárcel, después de pagar una multimillonaria fianza, los procesos judiciales en su contra avanzan a buen ritmo.
(También podría interesarle: España, Colombia y Panamá investigarán compra de Inassa)
Desde que fue capturado, Rodríguez Sobrino le dijo a las autoridades que estaba dispuesto a colaborar con las investigaciones, a cambio de beneficios en su proceso. Fue así como en junio de este año se supo que, ante la Audiencia Nacional, el exitoso empresario confesó que recibió una presunta comisión ilegal de US$1,8 millones de dólares. Así lo reveló El Confidencia, que además relató que el destinatario de esa plata era el expresidente de la Comunidad de Madrid, González Gonzáles. Rodríguez Sobrino aseguró que ese dinero permaneció oculto durante varios años en varias cuentas de un banco en Colombia.
De acuerdo con la investigación española, ese dinero habría salido de la compra de la empresa brasileña Emissao, un negocio que fracasó pues nunca recibieron los dividendos que esperaban. González González ha negado rotundamente lo que ha dicho Rodríguez Sobrino, quien fue durante décadas su mano derecha en negocios en Latinoamérica. Aunque el empresario aseguró que el dinero nunca llegó a la cuenta de su jefe, pues justo en la época en la que se iba a realizar, se empezaron a conocer los detalles de las presuntas movidas sucias de Inassa y de Canal de Isabel II en España y en Colombia.
Conoce más