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El juzgado noveno especializado de Bogotá condenó a 8 años de prisión al expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry por el delito de enriquecimiento ilícito. Ver video.
El exfuncionario recibió 200 millones de pesos de la captadora ilegal de dinero DMG para su campaña a la Personería Distrital.
En la decisión judicial, se ordenó la captuta inmediata de Rojas Birry, quien no se hizo presente a la audiencia y no presentó excusa alguna para justificar su inasistencia.
El juez rechazó los argumentos presentados por la defensa del exfuncionario para que se le otorgara la casa por cárcel, considerando que es necesario que se acredite como padre cabeza de familia.
Por estos hechos se le impusó además una multa de 400 millones de pesos.
El pasado 13 de abril, el mismo juzgado emitió fallo condenatorio contra el expersonero de Bogotá en el proceso que se le adelanta por haber recibido 200 millones de pesos por parte de la captadora ilegal DMG.
En la decisión se consideró que a lo largo del juicio se presentaron testimonios y pruebas suficientes que permitían inferir que recibió dicho dinero.
En la etapa final del juicio, el ‘cerebro’ de DMG, David Murcia Guzmán señaló que en 2008 se reunió en dos oportunidades con Rojas Birry.
Según Murcia Guzmán, la primera de estas reuniones se llevó a cabo en la casa de la mamá de Samuel Moreno Rojas en el barrio Teusaquillo en el centro de Bogotá, para celebrar el triunfo en la alcaldía de Bogotá, y el segundo encuentro fue en el despacho de personas del David Murcia Guzmán.
En dicha reunión Rojas Birry le solicitó un dinero a David Murcia Guzmán “para cubrir unas deudas y pagar parte de la campaña a la personería de Bogotá”.
En ese momento, según Murcia, el personero le aclaró que desde la Personería era “más fácil tener una relación con alcaldía de Samuel Moreno”.
Igualmente aclaró que después de esto le ordenó a William Suárez que le entregara 200 millones de pesos en efectivo a Roja Birry.
En su declaración, Suárez aseguró que le entregó este dinero al expersonero en su casa, antes de que éste asumiera el cargo.
Por estos hechos, en enero pasado la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos.
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