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Hace tan solo tres semanas, un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró la nulidad del contrato del tramo 2 de la Ruta del Sol, el cual se otorgó a la multinacional brasilera Odebrecht y sus socios (Episol y CSS Constructores) gracias al pago de sobornos. Los tres árbitros del caso señalaron en su momento que el Estado colombiano no tenía porqué asumir costos por las irregularidades que rodearon la adjudicación de este sector, que corresponde a una megaobra vial cuyo propósito es conectar el centro del país con la Costa Caribe. Después del cierre de este capítulo, El Espectador conoció que se acaba de abrir otra disputa jurídica en relación a este proyecto, pero relacionado con tramo tres de esta importante vía.
Se trata de una acción popular que acaba de ser admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se pide que la concesión de la obra, que fue adjudicada a la firma Yuma en enero de 2010 por $2,1 billones, sea suspendida definitivamente ante los evidentes incumplimientos de la obra y un episodio de corrupción en medio de su construcción. La petición se refiere en primera instancia a que, desde 2017 la obra quedó paralizada luego de que el escándalo de Odebrecht aterrizara en Colombia y salpicara el tramo 2 de la megaobra. En ese momento, las entidades bancarias que financiaban el sector 3 del mismo proyecto dejaron de aportar dinero a esta construcción luego de que este quedara bajo sospecha.
(En contexto: Roberto Prieto y el problema en que terminó por la Ruta del Sol III)
La obra, que inició en agosto de 2012 y tendría que estar lista en diciembre de este año, apenas está en un 32 % ejecutada. Según la ANI, desde junio de 2017 se han presentado 70 casos de incumplimiento en la obra por parte de la concesionaria. Además, dos de los integrantes de Yuma, Conalvias y Grodco (constructores de la obra) se salieron del proyecto. Tan pronto la obra se paralizó, la ANI empezó un proceso para darle caducidad al contrato, pero este se suspendió en octubre del año pasado cuando por decisión de un tribunal de arbitramento (uno de los tres que tiene el Estado con Yuma) ordenó que fuera suspendido de manera cautelar. El tribunal le comunicó a la entidad en julio pasado que podía seguir el proceso de caducidad en contra de Yuma como parte de su “potestad como Estado” y este ya fue reanudado.
Paralelamente, durante el Gobierno Duque, la ANI viene anunciando un principio de acuerdo con Yuma para reactivar las obras. La agencia ha señalado que en este pacto Yuma se compromete a conseguir un crédito por $400.000 millones e iniciar un plan de pagos a los proveedores (con quienes tiene una deuda de $128.000 millones) y terminar la obra en un plazo de cuatro años y seis meses. Sin embargo ante el anuncio de la Fiscalía de imputarle cargos a dos “duros” de Yuma, Leonardo Castro y Francesco Stopponi, por su presunta participación en hechos de corrupción en la Ruta del Sol 3, la ANI estudia si seguir con el plan de reanudar las obras con Yuma. El 21 de agosto pasado se reprogramó la audiencia en contra de Stopponi y aún no se tiene nueva fecha.
(Lea también: Las interceptaciones a Roberto Prieto)
Sobre los presuntos incumplimientos y malos manejos de los dineros de la obra también fueron advertidos en diciembre de 2017 por la Contraloría General. Según el ente de control, la ejecución de los dineros en el proyecto era muy lenta lo que podría generar que en el futuro estos dineros no sean suficientes para culminar la obra. En ese momento la entidad señaló que “Esta situación se presenta debido a posibles deficiencias en el proceso de estructuración realizado por la entidad (ANI), al no tener en cuenta el estudio minucioso de los proponentes, así como las condiciones económicas del concesionario (…)” señaló el ente de control.
Los ciudadanos que presentaron la acción popular, José Zapata, líder campesino del corregimiento de Aguas Blancas, Valledupar, —zona que se encuentra a pocos metros de la Ruta del Sol 3— y Juan Jiménez, estudiante de derecho en la Universidad Popular de Cesar, señalan otro punto que en su consideración es insólito: que Yuma, a pesar de los incumplimientos, esté a cargo del recaudo de la tarifa de los peajes. “(Es) una obra mal planificada, con problemas financieros y de calidad, donde lo único que funciona es el recaudo de los peajes por un servicio que no se presta y que genera externalidades negativas (…) las cuales son asumidas por el ciudadano y las empresas transportadoras, con retrasos en la movilización, deterioro de los vehículos, incumplimiento en la entrega oportuna de mercancías y productos agropecuarios”.
El factor Roberto Prieto
El segundo punto que toca la acción popular es la reciente condena en mayo de este año contra Roberto Prieto, exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, quien fue condenado a cinco años de prisión por recibir un pago de $650 millones para incidir ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en favor de Yuma, integrada en su mayoría por la empresa italiana Impregilo. La Fiscalía General señaló en enero de 2018 que este empresario recibió la coima con el fin de lograr que la adición del contrato de la construcción del puente de Plato (Magdalena) quedara en manos de esa concesionaria. El mismo hombre de la entraña del santismo admitió haber recibido el dinero y se comprometió a devolverlo.
Entre las nueve adiciones que tiene el contrato de la Ruta del Sol 3, el quinto, que se firmó en julio de 2015 por un valor de $5.780 millones, tenía como objetivo realizar los estudios y los diseños construir el ahora famoso puente, obra por la que hoy Roberto Prieto se encuentra condenado y Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, investigado. La elaboración de los diseños y los estudios del puente en cuestión quedó a cargo de Consultores Unidos, firma del empresario Eduardo Zambrano que, como él mismo aceptó, terminó convirtiéndose en una especie de caja menor de Odebrecht para pagar sobornos.
(Vea: Roberto Prieto tenía interés especial en Ocaña-Gamarra: presidente de la ANI)
En el contrato de la Ruta del Sol 3, que tiene como fin la construcción de 465 kilómetros de vía en el sector de San Roque-Ciénaga y Valledupar-Carmen de Bolívar, se acordó la construcción del ahora famoso puente sobre el río Magdalena y que conectaría los departamentos de Magdalena con Bolívar. Sin embargo, se estableció que esa estructura sería de una sola calzada, convirtiendo a este punto de la vía en un cuello de botella que dificulta el tránsito en la zona. En el contrato firmado con Yuma, hace ya casi 10 años, quedó estipulado que en caso de que se necesitara una segunda calzada en el puente, la obra no sería responsabilidad del concesionario, sino deI Instituto Nacional de Vías (Invias).
Entre el 2014 y 2015, Yuma le dijo a la ANI que una parte del presupuesto del contrato no se había usado y que podría ser destinada a la construcción del puente, para lo cual se tendría que firmar una adición al contrato con un otrosí. Fue en este momento que apareció Roberto Prieto. Según las investigaciones de la Fiscalía, el empresario se reunió varias veces con el exdirector de la ANI Andrade para hablar sobre la Ruta del Sol III. Tras estas gestiones, en julio de 2015, el exvicepresidente de la ANI, Germán Córdoba y el representante legal de Yuma, Leonardo Castro, firman la adición para la construcción del puente.
Eduardo Zambrano, uno de los testigos de la Fiscalía, lobbista de Odebrecht y facilitador del soborno que llegó a manos de Prieto, fue más allá y señaló ante el ente investigador que parte del soborno fue para cubrir un déficit en la segunda vuelta de campaña reeleccionista de Santos en 2014. Zambrano además dijo que Prieto pidió este dinero a Impregilo porque “no le podía pedir más (dinero) a Odebrecht porque habían dado mucha y le daba pena pedirles más”. Este testimonio volvió a trascender hace un mes en la imputación de cargos en contra del exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade por la Ruta del Sol 3. La actuación de la Fiscalía en este caso ha provocado dudas, incluso, el juez del caso le llamó la atención al ente investigador por “la confusa” imputación.
Esta semana se conocería si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acepta las medidas cautelares de la acción popular, entre ellas, que se suspenda provisionalmente el contrato con Yuma. Por su parte, el Ministerio de Transporte ya presentó su oposición a que se dé luz verde a las medidas cautelares. La acción interpuesta por estos dos jóvenes cobra total relevancia pues, esa misma corporación condenó en diciembre de 2018 a Odebrecht por los hechos de corrupción en la Ruta del Sol 2. El tribunal multó a la multinacional y a sus socios (Episol de Corficolombiana- y CSS Constructores) a pagar $800.156 millones. En junio de este año, el Consejo de Estado aceptó la apelación que la firma constructora y otros implicados en el asunto presentaron ante la decisión del Tribunal de Cundinamarca.
La ANI, en diálogo con este diario, señaló que existen diferencias entre los hechos de corrupción que sucedieron en la Ruta del Sol 2 y los que habrían sucedido en el tramo 3. La agencia señala que el soborno del segundo sector se dio en su adjudicación. Mientras que en el tercer segmento se dio en una adición al contrato original, cinco años después de que fuera otorgada a Yuma. La agencia también señaló que el principio de acuerdo para reanudar la obra no se trata de una negociación bajo la mesa, sino que esta se ha puesto en conocimiento de las autoridades de control. “No queremos dejar una obra tirada o a medias. Tampoco repetir experiencias del pasado en las que se sanciona a los responsables de los delitos, pero las obras quedan inconclusas. La reanudación de las obras por parte de Yuma tendrá que tener el visto bueno de la Procuraduría y el tribunal de arbitramento”, puntualizó la ANI.
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Por David Escobar Moreno
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