Sala Plena del Consejo de Estado iniciará estudio del caso del general Santoyo

El alto tribunal tendrá que definir si revoca o confirma la destitución e inhabilidad en contra de Santoyo cuando tenía el cargo de coronel y fungía como director del Gaula de Medellín por su responsabilidad en las órdenes impartidas para interceptar las comunicaciones de un grupo de defensores de derechos humanos en la capital de Antioquia usando para esto documentos judiciales falsos.

En este caso el Consejo de Estado iniciará el estudio de más de 2.000 folios recolectados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le envíe las pruebas con las que cuenta en el marco de la investigación disciplinaria que se adelanta contra el general (r) Mauricio Santoyo.

“No es en vano lo que ha sucedido con este caso de que un oficial de la policía sea destituido, no obstante llega a ser ascendido al grado de general y luego la justicia extranjera lo reclama como integrante de unas bandas de criminalidad organizada, esto es muy delicado y muy doloroso para la institucionalidad de Colombia”, precisó el presidente del alto tribunal, Gustavo Gómez Aranguren.

El magistrado aseguró además que “el enjuiciamiento que se hizo del fallo disciplinario de la Procuraduría que lo destituyó tiene que tener una definición que lo clarifique y tranquilice así a los ciudadanos”.

La sanción al general Santoyo

En octubre de 2000, la Fiscalía General empezó a investigar la desaparición de dos miembros de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), que el nombre Santoyo cayó bajo la lupa de las autoridades colombianas. Mientras Santoyo era el jefe del Gaula de la Policía en Medellín (de julio de 1996 a diciembre de 2001), la sala de inteligencia de esa entidad hizo más de 1.800 interceptaciones ilegales, entre esas a las líneas de los activistas de Asfaddes.

Santoyo ya no estaba en el Gaula para la época en que los integrantes de Asfaddes desaparecieron. Sin embargo, el tema de las ‘chuzadas’ le valió una destitución en 2003 por parte de la Procuraduría. Según el Ministerio Público, el entonces teniente coronel Santoyo Velasco consintió que hombres a su cargo tramitaran ante las Empresas Públicas de Medellín (EPM) las interceptaciones telefónicas con autorizaciones de fiscales falsificadas.

Para sancionar a Santoyo, la Procuraduría tuvo en cuenta varias cosas. Los fiscales cuyos nombres figuraban en las órdenes de interceptación declararon que esas firmas no eran las suyas y las pruebas de grafología lo confirmaron. Un sargento del Gaula reconoció haber entregado los documentos apócrifos a EPM y varios otros fueron enviados desde el fax del Gaula. Y se comprobó que en la sala de inteligencia del Gaula sí se enlazaron líneas privadas.

Evidencias en mano, la Procuraduría destituyó al secretario de seguridad del entonces presidente Uribe y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por cinco años, al igual que a nueve subordinados suyos. Sin embargo el exjefe de Estado, al conocer el fallo, emitió un comunicado: “Por los mismos hechos, por los cuales la Procuraduría impone la sanción, la Fiscalía General absolvió al Coronel Santoyo en agosto 29 de 2003 por no encontrar mérito suficiente para continuar con la investigación”.

Uribe Vélez señaló que, como Santoyo había apelado la determinación disciplinaria, la Presidencia de la República iba a esperar el fallo definitivo. En noviembre de 2004 la Procuraduría ratificó la decisión. Santoyo salió del esquema de seguridad de Uribepero siguió vinculado a la Policía mientras se conocía el resultado de la apelación del oficial ante el Consejo de Estado.

En 2006, el alto tribunal reversó la decisión de la Procuraduría, basándose en que los delitos ya habían prescrito. Santoyo había exigido en su apelación que fuera reintegrado y llamado al curso de ascenso, es decir, para general. Y así ocurrió en 2007, tras obtener el visto bueno de la junta de generales de la Policía y del Congreso.