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Siete años se tardó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en emitir sus primeras sentencias restaurativas, en medio de presiones por la demora en su trabajo. Sin embargo, ahora que ya le entregó al país los dos primeros fallos, la instancia creada con el Acuerdo de Paz de 2016 no tiene los recursos para la implementación de las sanciones y sigue recibiendo críticas.
Once apelaciones y tres solicitudes de revisión han llegado por parte de víctimas y comparecientes durante la última semana a su Sección de Apelaciones. A la par, esa jurisdicción le pidió al presidente Gustavo Petro, mediante una carta, que ayude a desembolsar $121.858 millones que, según esa instancia, faltan para el cumplimiento de las sentencias.
Desde antes de que se conocieran los dos fallos de los pasados 16 y 18 de septiembre, la JEP ya tenía campanadas de que el cumplimiento de las sanciones propias de los comparecientes tendría sus tropiezos en materia de recursos y de satisfacción por parte de las víctimas. Por un lado, la Contraloría General de la República señaló en agosto pasado que se necesitan aproximadamente $500.000 millones para cumplir las sentencias y reparar a las víctimas.
En contexto: La JEP pide $121.858 millones para implementar sus primeras sentencias restaurativas
“Presupuestalmente no se encuentran los recursos para los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) —de donde saldrán las sanciones— y no se vislumbra la financiación ni la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las mismas”, dijo el ente de control.
Durante las audiencias de verificación sobre secuestros y falsos positivos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar), —entre el 31 de julio y el 8 de agosto— las víctimas fueron contundentes en decir que los aportes a la verdad por parte de los comparecientes aún eran insuficientes.
Las sustentaciones de las entidades relacionadas con el cumplimiento de las sanciones (como los ministerios de Justicia, Defensa y Cultura, el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica) dejaron ver que las condiciones de tiempo, modo y lugar en el que se cumplirían las sanciones tampoco estaban tan bien definidas como el país lo esperaba. Estos dos asuntos, que le tienen puesto el freno de mano al cumplimiento de las sanciones, ahora tienen a la JEP y al gobierno de cara a una misión que los entes de control ya venían advirtiendo.
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Sin dinero para cumplir las sanciones
El pasado 26 de agosto, el gobierno anunció un desembolso de los primeros $20.000 millones para el cumplimiento de las dos primeras sentencias. Ese dinero, según explicaron la propia justicia especial y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), fue el monto que se alcanzaría a ejecutar solamente en lo que queda de 2025. Quedaría pendiente el cumplimiento a partir de 2026.
No obstante, en la mañana de este 24 de septiembre, casi un mes después de la primera consignación, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y Harvey Danilo Suárez Morales, secretario ejecutivo de la jurisdicción, le pusieron la firma a una carta de ocho páginas en la que le piden, “con urgencia” al presidente Petro que se gestionen $121.858 millones para implementar las primeras sanciones restaurativas.
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En el documento, la JEP le dijo al Ejecutivo que, como tribunal, su responsabilidad es administrar justicia. Pero que el cumplimiento de las sanciones y del Acuerdo de Paz, “depende constitucional y legalmente de la asignación y efectiva disposición de recursos financieros por parte del Gobierno Nacional por medio de los correspondientes rubros específicos incorporados en el Presupuesto General de la Nación”.
Agrega que si bien los primeros $20.000 millones son importantes y permitirán avanzar, es “indispensable asegurar la apropiación presupuestal suficiente para estos proyectos, a los que se sumarán otros derivados de sentencias posteriores y de autos que establezcan medidas de contribución a la reparación”, en los próximos años.
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A renglón seguido, la JEP detalló el costo de los diez proyectos que debe financiar a corto plazo para que, cuando se resuelvan las apelaciones y queden en firme las sentencias, los máximos responsables puedan empezar a pagar sus sentencias. Para cumplir con el fallo sobre el caso de secuestros cometidos por exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc se necesitan, en total, $35.762 millones.
Estarán destinados a cuatro líneas de trabajos de tipo restaurativo: medio ambiente, naturaleza y territorio ($13.634 millones), el proyecto huellas por la memoria ($10.587 millones), la iniciativa de Acción Integral Contra Minas —AICMA ($5.829 millones) y la búsqueda de los desaparecidos ($5.712 millones).
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En cuanto a la sentencia contra los 12 exmilitares del Batallón La Popa, la JEP calcula que se necesitarán $86.096 millones. Para el plan integral de memorialización para la costa Caribe, que abarca la construcción de 700 osarios en el Cementerio Jardines del Ecce Homo, se requieren $7.044 millones.
Para el centro de armonización para el pueblo kankuamo se necesitan $27.547 millones. Otros $15.805 millones irían a la construcción del centro integral Omonapa del pueblo wiwa, $22.803 millones para construir “casas multipropósito”, en la línea de infraestructura comunitaria, y $5.748 millones para construir la Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero. Los $7.149 millones restantes irían a un proyecto de generación de ingresos para las víctimas.
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Desde hace al menos nueve meses que el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, estaba advirtiendo que era necesario proyectar los recursos para el cumplimiento de las sanciones. Incluso, ante el difícil momento fiscal que pasa el país, adelantó gestiones con el sector privado y la cooperación internacional, para asegurar financiación.
“Estamos buscando alternativas. Justamente al ver cuán difícil ha sido lograr la financiación gubernamental, la JEP ha entablado conversaciones con cooperación internacional y con el sector privado nacional e internacional”, dijo Ramelli en un diálogo reciente con El Espectador. Destacó que, hasta ahora, el apoyo de la cooperación internacional ha sido muy importante y “será vital” a la hora de cumplirle a víctimas y comparecientes para la ejecución de las sanaciones propias.
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La ventana de las apelaciones
Las cifras son altas y, al tiempo que se discute en el Congreso el presupuesto de la Nación para 2026, el gobierno guarda silencio sobre la solicitud de la JEP. Sin embargo, la inconformidad de las víctimas con las sentencias le dará a la justicia transicional una ventana de oportunidad para que, mientras que los magistrados de la Sección de Apelaciones revisan las inconformidades con los expedientes y las sanciones, el Ejecutivo saque cuentas y defina cómo le cumplirá a la JEP con los recursos que necesita.
A la fecha, según información de la propia justicia especial, nueve víctimas del caso de secuestro han interpuesto apelaciones y tres más solicitaron aclaraciones sobre la sentencia.
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Sobre el caso de falsos positivos, José de Jesús Rueda Quintero y Élkin Leonardo Burgos Suárez, condenados por ser máximos responsables, apelaron a la decisión. La lista de recursos podría aumentar, pues las víctimas aún no han sido notificadas y, según la JEP, no se sabe cuánto tiempo podría tardar ese proceso. Al incluir a comunidades afrodescendientes e indígenas, se debe hacer una notificación con pertinencia étnica que aún está pendiente.
La Procuraduría también está trabajando en la revisión a detalle de las sentencias y no se ha pronunciado después de su emisión. En todo caso, hasta que no haya apelaciones resueltas y recursos en las arcas de la JEP, el cumplimiento de la justicia restaurativa seguiría en veremos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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